El Dr. Alonso Morales revela las claves legales que sostienen los tres principales modelos de sociedad para los pequeños productores peruanos. Reconoce que hay grandes vacíos y mucha presión que hacer para que se conozca el estado real de estas organizaciones a nivel gubernamental.
(Agraria.pe) En Perú el 70% de las unidades agropecuarias son menores a 5 hectáreas, el 29.7% supera las 5 pero apenas llegan hasta 15 o 20 hectáreas, con lo que no es viable una economía de escala competitiva. Así lo señala Alonso Morales, especialista en legislación cooperativa, para quien las mypes rurales tienen sus problemas bien definidos: falta de molinos, procesadoras, productos importados, buena calidad de producción, limitado conocimiento, falta de asistencia técnica, consecución de semilla, créditos limitados y costos de certificaciones (sobre todo en el café).
“El tema común a todos los sectores agrarios es el desarrollo de una economía de escala. El minifundio es la realidad, la gran pregunta es si regresamos a ello o nos asociamos”, plantea Morales.
Desde su perspectiva, está claro que el minifundio no tiene características competitivas hoy pues tiende al aislamiento, a los mayores costos de asociación, al escaso poder de negociación entre productores y compradores, mayores costos de transacción y pérdida de beneficios tributarios. De hecho, apuntó, cuando el pequeño productor empieza a crecer, la Sunat ya lo trata como un gran intermediario y le impone todo el régimen general de impuestos.
“¿Qué se espera del Estado? No es suficientemente sensible o eficiente para articular políticas. En cada cambio de gobierno la Dirección de Cooperativas de Produce la aparecen y la desaparecen, la fusionan… Lo cierto es que el Estado no nos está reduciendo costos, no brinda capacitaciones ni asesoramiento técnico, solo como esfuerzos aislados. El régimen tributario no termina de ser claro y falta promoción o marco normativo que facilite la asociatividad”, refirió.
Considerando esta coyuntura, ¿qué esquema organizativo es mejor para los productores?
Para Alonso morales, las alternativas entre sociedad anónima, sociedad civil o cooperativas son las más conocidas, pero ha habido mala información que se ha estado propalando, sobre todo de parte de algunas ONGs que intentaron ingresar al tema con intención de ayudar. El especialista define así las características de estos tres esquemas:
Sociedad anónima: “Tiene un problema, porque debe hacer aporte de capital y si entra otro socio con mayor participación va a querer controlar todo. Salvo que sea un entorno familiar, si se complica con otro inversionista se pueden perder hasta las tierras. Incluso si se llega a tener un buen socio el tratamiento tributario es costoso, alguien termina invirtiendo más y se pone más en riesgo”.
Asociación civil: “Es una de las instituciones de la economía solidaria, se usa en muchos países, pero tiene un problema, que su patrimonio es irrepartible. Por eso se hacen aportes y cuando quieres retirarte no puedes llevarte nada, y el tratamiento tributario no es claro porque para la administración tributaria cualquier tipo de asociatividad debe tener fines de lucro y le aplican impuestos como si tuviera rentas determinadas y utilidades gravadas. La Sunat no se mete con algunas asociaciones civiles, pero cuando lo hace, mete todo el paquete y las trata como si fueran acopiadores con fines de lucro, no aceptan que es una institución de la economía solidaria. Solo exoneran de impuesto a la renta a las de fines deportivos, culturales y gremiales”.
Cooperativas: “Aquí el punto de asociatividad está más claro. Es un instrumento de asociatividad neutro, al costo en principio. Soluciona problemas como la libre adhesión o retiro voluntario, distribución de excedentes, devolución del aporte y un capital institucional. Lo positivo es que te puedes retirar, te devuelven tu aporte, tienes distribución de excedentes, es una combinación interesante de patrimonio repartible y patrimonio irrepartible. Aquí el tema es el rol del Estado frente a las cooperativas, pues hay vacíos. La Ley de Acto Cooperativo está vigente desde mayo del 2011 y sigue sin reglamentar. El régimen especial también contempla la reserva legal como capital institucional para fortalecer a la cooperativa, los excedentes no deben gravarse, pero hay un primer excedente de 20% que se grava como temiendo que la cooperativa sea una institución con fines de lucro. Gravan con impuesto a la renta y a los activos, si hay locales, maquinaria, activos netos. Otro problema es que se desgravan solo las primeras 20 unidades impositivas tributarias, cuando lo tradicional es que sean 50 UITs en regímenes especiales agrarios”.
Desconocimiento
El especialista advirtió también que en el Estado no hay conocimiento cabal sobre datos de las cooperativas, pues el registro que las identifica presenta información desactualizada, un error garrafal, ya que para regular el sector, el Gobierno debería saber cuántas cooperativas hay, qué producen, qué aportan.
“Hay que repotenciar el Registro Nacional de Cooperativas, crear un instituto de cooperativas con distintas intendencias facultadas para asesorar, supervisar y acompañar, esto permitirá erradicar malas prácticas y adquirir las del buen gobierno corporativo”, concluyó.
Dato:
.Alonso Morales fue expositor durante la primera fecha del foro: Política de Desarrollo, Legislación y Tributación en las Cooperativas Agrarias, que desarrollaron el 23 y 24 de enero la Junta Nacional del Café (JNC) y la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).
