El Complejo Metalúrgico de La Oroya tiene una discutible y larga historia en la zona central del país. Fue fundada por la Cerro de Pasco Coorporation en 1922. En 1974, este complejo fue expropiado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pasando a formar parte de la empresa estatal CENTROMIN PERU. En 1997, esta compañía fue privatizada por el gobierno de Alberto Fujimori, asumiendo discutiblemente su gestión la empresa norteamericana Doe Run, tras ofrecer 247 millones de dólares al Estado, la cual incluía a la unidad minera de Cobriza (Huancavelica). En el año 2009, Doe Run se declaró en insolvencia, a todas luces de forma calculada, para evitar cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) que se les exigía por el alto impacto negativo que generaban en el aire, agua, suelos y cuyos afectados eran los pobladores de la zona de influencia.
Un informe de Televisa México en el año 2017 señaló al respecto lo siguiente; “La Oroya, en Perú, es la quinta ciudad más contaminada del planeta. Allí se vive con elevados niveles de metales tóxicos en el cuerpo, de 60 a 70 microgramos de decilitros en la sangre, seis a siete veces más del límite permisible. Por encima de ese indicador se presenta un sin fin de enfermedades” (Autor Ricardo Burgos Televisa, 6 de noviembre de 2017) (https://www.youtube.com/watch?v=jbO0ZAvxaU8
La nula o baja responsabilidad ambiental de los operadores que administraron históricamente el complejo metalúrgico La Oroya causó que la ciudad y los ríos Mantaro y Yauri se afecten gravemente y sus aguas se constituyeran en vehículos de contaminación, atentando principalmente contra el agro de la sierra y selva central del país; tema que es de nuestro interés en el presente artículo.
De los ríos desaparecieron peces, ranas, plantas y cuanta forma de vida existiese, y, como indicadores biológicos, revelaban el daño ambiental que se venía causando. El costo fue gigantesco para las ciudades, valles, producción agraria e imagen de la región.
El 18 de octubre de este año, la Revista Energiminas informó lo siguiente “… tras 13 años de paralización, el Complejo Metalúrgico de La Oroya reinicia sus operaciones. El viceministro de Energía y Minas, Jaime Chávez participó en la ceremonia especial por el reinicio de las operaciones. El proyecto va a ser gestionado por la empresa Metalúrgica Bussines Perú SAA, administradora actual y de sus 1,270 extrabajadores accionistas. El viceministro dijo “no queda más que felicitarlos y que esto debe ser un factor de progreso para toda la sierra central, y un significativo grano de arena en el resurgimiento de la economía en nuestro país”. Más tarde el presidente del directorio, exdirigente minero, Luis Castillo Carlos, dijo “Hoy podemos decir que contamos con todos los permisos y licencias otorgados por el gobierno y este merece nuestro reconocimiento”.
El 20 de octubre del presente año, el diario El Comercio señalaba en un informe que; “En el marco del compromiso asumido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para destrabar proyectos de inversión privada que representan importantes ingresos para la economía del país, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó el otorgamiento de las autorizaciones de vertimientos de aguas residuales industriales y domesticas tratadas, que permitirá el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya, paralizadas desde hace 13 años”.
El tratamiento de las aguas residuales que serán vertidas a los ríos Mantaro y Yauri cumplirán los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental para el agua, y de esa manera se permitirá la disminución de la afectación de los cuerpos de agua, contribuyendo con la disponibilidad en los diferentes usos de agua en beneficio de las poblaciones de la cuenca”.
Esta noticia y decisión nos genera fuertes dudas y temores:
Dada las experiencias y los graves daños ocurridos en el pasado, es imprescindible que esta empresa de trabajadores dé muestras tangibles de contar con el respaldo económico para su emprendimiento. Bajo ningún concepto debe permitirse operaciones encubiertas, y menos que se permita afectar nuevamente los valles que son tributarios de los ríos Mantaro y Yauri, principalmente.
Como se sabe, el río San Juan de Mantaro se ubica en la parte central del país, recorriendo unos 725 Km a través de los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; en el puerto Bolognesi se une al rio Apurímac para formar el Ene. Como se podrá deducir, la influencia territorial del río Mantaro es alta.
Tanto en el pasado como en el presente, la minería formal ha jugado un rol de la máxima importancia para el país: por su aporte al PBI, a la tributación y por su contribución al desarrollo de distintas cadenas de proveedores, entre otros temas; sin embargo, su trabajo debe ser, inexorablemente, amigable con el medio ambiente.
El valle del Mantaro provee alimentos a millones de habitantes, incluido a parte de la población de Lima. En ese marco, es de máxima importancia resguardar la seguridad y sanidad alimentaria de nuestra población, en lo particular.
En la línea de negocios, la gastronomía se levanta como una actividad necesaria y en desarrollo a nivel nacional e internacional, no solo generando empleo e ingresos, sino también promocionando nuestros productos agrarios. A los peruanos nos genera orgullo que distintas empresas peruanas de gastronomía sean catalogadas como las mejores del mundo.
Por la salud y por el desarrollo de estas actividades económicas promisorias, no podemos aceptar que nuestros productos agrarios se contaminen, enfermen a la gente y hagan mala fama a los productos. No hace mucho, algunos embarques peruanos en el exterior han sido rechazados porque se les encontró restos de agroquímicos que excedían lo máximo permisible; y hace unas semanas, CONCYTEC ha presentado el informe “Del Campo a la Mesa”. El monitoreo reveló que 51 de 84 muestras de ají, amarillo, apio, fresa, beterraga, pimiento cebollita china y tomate que venden en supermercados como Metro, Totuss, Wong, Plaza Vea, Vivanda y Minka ponían en riesgo la salud de las personas al contener pesticidas por encima del máximo permitido en el Perú.
El documento de Concytec también toma como referencia el monitoreo realizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) el año pasado a alimentos agropecuarios para verificar la presencia de agroquímicos. El SENASA halló que el 19% de 5,181 muestras tomada a nivel nacional estaban contaminadas como el ají amarillo, paprika, pimiento, tomate, melocotón. Así mismo encontró sustancias prohibidas como el carbofurano y el metamidofos, dos agroquímicos peligrosos utilizados para controlar plagas de los insectos en los cultivos (Salud con Lupa por Rocío Romero).
Estos sucesos y evidencias son perjudiciales para el país y se convierten en una real amenaza para el perfil agroalimentario y agro gastronómico que queremos construir. Una manifestación letal en ciudadanos sería fatal para la salud de los peruanos y para las perspectivas de la gastronomía nacional e internacional.
Los trabajadores del Centro Metalúrgico de La Oroya deben haber pasado muchas penurias cuando se quedaron sin empleo durante varios años y la requieren; sin embargo, esperamos que nuestras dudas no sean ciertas y tengan las condiciones óptimas para desarrollar su proyecto, pero si fueran ciertas, debemos activar al máximo nuestra resistencia para evitar que el daño a la salud, ambiente y al desarrollo de negocios agrarios y gastronómicos se afecten.
Existen comentarios que señalan que, tras la iniciativa de la empresa de trabajadores, existan otros agentes económicos – de naturaleza mercantil-, con interés de participar tras bambalinas en este negocio. En realidad, sería altamente pertinente y capital verificar que el reinicio de las actividades del Complejo Metalúrgico cuente objetivamente con la capacidad de gestionar empresarial y ambientalmente el complejo metalúrgico.
En caso contrario, el río, los valles y la población misma necesitará ser defendida con toda la fuerza de la ley y acompañada de movilidad social a escala nacional.
