En la actualidad, no cabe duda de que el mundo se dirige hacia un cambio de época. Esto se fundamenta en las disrupciones tecnológicas y en la rápida dinámica con la que emergen. Como consecuencia de ello, nuestro modo de vida, en lo que respecta a la producción y consumo, experimentará transformaciones significativas, dando lugar a una nueva arquitectura social.

En esa dirección, los países desarrollados, basados en su potencial económico, eficiencia institucional y el acceso a estas nuevas tecnologías, redefinirán y mejorarán su sistema económico, aumentarán su productividad y diversificarán su gama de productos. Por otro lado, los países en desarrollo como el Perú corren el alto riesgo de estancarse en el tiempo y sus brechas de competitividad y carencias se incrementarían.

En este marco y situación actual, el sector agrario, que alberga a los pequeños productores, enfrenta un notorio desamparo y una perspectiva crítica. Lamentablemente las actuales autoridades del sector y del gobierno central en general se encuentran petrificadas.

Como todos sabemos, toda persona busca medios para sostenerse, ya sea obteniendo empleo o estableciendo su propia unidad de producción o de comercialización. En el caso de los productores agrarios, su predio es su principal unidad de producción. Pero ¿qué está ocurriendo en la actualidad?:

El Censo Nacional Agropecuario del año 2012 reveló que el 50% de productores posee un predio promedio de 1.33 has; adicionalmente, el 25% de ellos solo dispone de menos de 0.5 has. No hace falta ser adivino para advertir que el próximo censo agropecuario que se anuncia y espera con escepticismo confirmará que la micro parcelación avanza de manera acelerada y perniciosa (incluso con predios fragmentados en 2 ó 3 lotes).

Por otro lado, mediante encuestas realizadas por el suscrito a directores de agencias agrarias, se advierte que el alquiler de tierras avanza en el sur, centro y norte del Perú. Los rangos oscilan entre el 20% y el 40%, como consecuencia de la descapitalización de los pequeños productores y en esa condición alquilan o trabajan al “partir” sus siembras o crianzas. Es notorio también que, en las comunidades campesinas, en donde generalmente reside la población más sensible del campo, existen grandes extensiones de terreno sin explotar debido a la falta de capital, baja asociatividad o a la desmotivación, ya que sus productos no encuentran la demanda deseada. Asimismo, existe un segmento importante de tierras en desuso o en “descanso” obligatorio.

En este marco y considerando tendencias desfavorables, alrededor del 45% de los pequeños productores está en situación de pobreza, mientras que cerca de un 35% adicional enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Ante este desolador panorama, es imperativo repensar, analizar y proponer un renovado sistema de producción agraria que sea más sostenible para los pequeños productores.

La propuesta que ponemos en consideración plantea una redefinición de la estructura productiva. Esta transformación debería conllevar una diferenciada forma de propiedad, una revaluación del tamaño, un uso más eficiente y una gestión más efectiva de la tierra para fines de producción, transformación y comercialización. Todo esto con el objetivo de alcanzar la viabilidad y sostenibilidad de los pequeños productores.

En ese sentido, es necesario detener el proceso de atomización extrema de la propiedad de la tierra que estamos presenciando. La titulación es un proceso que debemos acelerar mediante el uso de tecnologías satelitales. Sin embargo, también es necesario fomentar el mercado de tierras para asegurar que las parcelas alcancen un tamaño mínimo adecuado y valor. De esta manera, tendrán mayores oportunidades para generar rentabilidad, ahorro e inversión.

El arrendamiento de tierras, como un esquema alternativo frente al abandono de prácticas productivas por los propietarios, requiere formalización y puede ser mejor operativizado para que ambos agentes - arrendatario y dueño - se beneficien. Este esquema no solo debería aportar una inyección de capital fresco a las propiedades, sino también promover la adopción de nuevas tecnologías y la exploración de nuevos mercados.

La cuestión de las comunidades campesinas es compleja y requiere un análisis más detallado, cuidadoso y consensuado. Existen comuneros que desean preservar el modelo comunal actual, mientras que otros, aparentemente la mayoría, estarían inclinados a favorecer la parcelación.

En ambos esquemas, es capital formular propuestas innovadoras que impulsen la producción y el bienestar social. No podemos ser indiferentes ante la situación de inmovilidad y de crisis que atraviesan los comuneros.

De manera análoga a los modelos de inversión que se llevan a cabo bajo el esquema de asociación público-privada, aquí se podría diseñar un esquema similar que se denominaría asociación entre comunidades campesinas / inversores privados.

Hace algunos años, con un grupo de amigos, convenimos con una comunidad campesina del centro del Perú, el alquiler de 400 hectáreas de sus tierras para la siembra de canola. Nuestra propuesta incluía el pago de alquiler, la utilización de la mano de obra de los comuneros y, al final del negocio, compartir un porcentaje de los posibles beneficios con la comunidad. Aunque la experiencia no fue exitosa desde el punto de vista agronómico debido al retraso de las lluvias y al tipo de experimento agrario, consideramos que el modelo para activar y valorizar las tierras de la comunidad era positivo.

Este esquema podría ser replicado, pero proporcionándole un marco legal específico que garantice seguridad jurídica tanto para la comunidad como para los inversores. Si se necesita una inversión, por ejemplo, para construir infraestructura de riego menor, el inversor debería gestionar los terrenos hasta recuperar su inversión. Posteriormente, la propiedad sería devuelta a la comunidad con la infraestructura ya implementada, lo cual podría suceder en un período de 2, 3 ó 5 años, dependiendo del caso. Este modelo podría seguir una estructura similar a las Asociaciones Público-Privadas (APP), pero a una escala mucho menor y con un proceso más ágil, todo ello formalizado para brindar mayor seguridad a la comunidad.

Para trabajar este marco legal, el apoyo de PROINVERSIÓN sería altamente positivo dada la experiencia que tiene en la construcción de estos tipos de acuerdos societarios.

Si los miembros de la comunidad optaran por la parcelación, se podría implementar un modelo alternativo similar a un “condominio”. Este esquema implicaría la división de la propiedad en segmentos de propiedad privada y áreas territoriales de propiedad colectiva. El propósito es fomentar tanto la inversión social como la privada, y revitalizar las fuerzas productivas que actualmente están inmovilizadas.

Si los comuneros optan por mantener su estructura actual, también sería factible proporcionarles una gerencia especializada para asesorarlos en la gestión y ayudarlos a superar su situación critica. Un esquema similar fue implementado por el FIDA hace algunos años y sería conveniente evaluar una versión mejorada de éste. El costo de este servicio podría ser asumido por el Minagri y la comunidad, bajo un esquema de apoyo gerencial decreciente hasta llegar a un 0% en aproximadamente 3 años (75%, 50% y 25%).

En el supuesto de que existan tierras que no se estén utilizando, estas deberían ser identificadas por las agencias agrarias y promover su uso o venta. En caso contrario, los municipios podrían, bajo algún esquema social con el propietario, implementar viveros, invernaderos, granjas de crianzas menores, etc., con el objetivo principal de beneficiar a los niños. Es imprescindible movilizar los activos locales.

Es evidente que las propuestas presentadas requieren una validación rigurosa, seguida de una implementación gradual, condicionada a la obtención de resultados positivos. En caso de que se ejecuten dichas propuestas, no cabe duda de que se produciría una modernización y expansión de la producción nacional. Sin embargo, este crecimiento podría generar un riesgo de disminución de precios debido a una posible sobreoferta. Por consiguiente, es imprescindible que se realice un trabajo simultáneo en el desarrollo de nuestras capacidades productivas y en la protección de nuestros mercados.

En esa línea, es fundamental abordar al menos 07 temas clave: i) ampliar nuestros mercados internacionales, ii) proveer productos al Estado decisivamente, iii) desarrollar los mercados locales, iv) marcar posición y acción frente a los productos subsidiados del exterior, v) sustituir importaciones en lo posible, vi) promocionar los productos nacionales y la alimentación sana; y vii) concertar con las industrias nacionales para que puedan usar insumos nacionales en sus productos.

Por ejemplo, sería una excelente iniciativa incorporar un porcentaje mínimo de harina de cultivos andinos en la fabricación de panes y galletas, tal como sugiere el Ing. Ángel Manero; esto no solo beneficiaría a los agricultores, sino también a los consumidores, además que también ampliaría el área de siembra de quinua y reduciría las áreas de papa, que en muchos periodos expresa sobreproducción.

El esquema de redistribución de tierras propuesto seguramente conducirá a una reducción en el número de productores agrícolas, que actualmente constituyen el 25% de la PEA. No obstante, el crecimiento del país, que requiere correr en paralelo, debería generar oportunidades alternativas en diversos sectores para absorber la fuerza laboral disponible. Es crucial entender que una fragmentación excesiva de las tierras, como la que enfrentamos actualmente, pone en riesgo la viabilidad de nuestro agro.

El mundo agrario a nivel global está evolucionando hacia la adopción de tecnologías avanzadas como la robotización, el uso de invernaderos y la aplicación de biotecnología, entre otras. Por ende, es esencial disponer de terrenos de tamaño apropiado, respaldados por inversiones frescas y basados en tecnologías modernas, si aspiramos a establecer una base sólida para el desarrollo.

En términos generales, en el Perú necesitamos impulsar una Revolución Agraria si no queremos “perder el tren” de la historia. La brecha con los países desarrollados se amplía cada vez más, y nuestros productos de exportación enfrentarán desafíos cada vez mayores debido a las políticas proteccionistas de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Es crucial aclarar que el término ‘revolución’ en este contexto no debería generar temor ni malentendidos. En realidad, se refiere a una evolución acelerada en el sector agrícola, una transformación imprescindible para adaptarnos a los cambios globales y capitalizar las oportunidades emergentes, con un enfoque primordial en el desarrollo del pequeño productor, en lugar de su desaparición. Todo esto se fundamenta en un nuevo enfoque de gestión sobre las tierras.

¡Hay que enfrentar la crisis y las amenazas de pie!