En base a fundadas proyecciones que advierten sobre posibles desastres en el Perú ante la presencia del fenómeno del Niño Global, resulta imperativo levantar nuestra voz de alarma, generar conciencia y definir estrategias y objetivos claros para mitigar sus repercusiones. En la coyuntura actual, somos testigos de cómo estas ocurrencias están castigando gravemente a diversos países alrededor del mundo.

La magnitud del impacto que se avizora, respaldada por la visión de diversos expertos, no solo condiciona y pone en riesgo la vida de las personas, sino también plantea la posibilidad de sumir al país en una profunda crisis por varios años. Más allá de los estragos materiales en la infraestructura, se vislumbra un potencial daño emocional, social y económico de la población principalmente pobre

El anuncio del gobierno de asignar un presupuesto de aproximadamente S/ 1.800 millones para enfrentar y prevenir los posibles impactos del Niño Global ha suscitado importantes interrogantes y cuestionamientos. ¿Quién estará a cargo de gestionar la respuesta ante las amenazas? ¿Por qué solo algunas regiones han sido priorizadas en la declaración? ¿Por qué se ha definido un presupuesto tan básico?

Durante el periodo 2016-2017, también por el Niño Costero, el gobierno de PPK asignó una cantidad similar de recursos; sin embargo, esta medida fue adoptada en una fase en la cual las precipitaciones ya arreciaban y los ríos se desbordaban principalmente en el norte del país. La respuesta reactiva evidenció la falta de previsión al no calcular el devenir del fenómeno con la debida anticipación.

La magnitud de la devastación fue evidente en las cifras reveladas: se contabilizaron 410 mil afectados, 16 mil damnificados, 63 heridos y 24 vidas perdidas. El número de viviendas afectadas alcanzó la alarmante cifra de 44.399, de las cuales 2.127 fueron registradas como destruidas. Además, el desastre afectó a aproximadamente 400 escuelas y 72 centros de salud se vieron paralizados, interrumpiendo servicios vitales para la población. En el sector agrícola, más de 152 mil hectáreas de tierras fueron afectadas, según el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno de El Niño [CONAGER-FEN] (El Comercio, 2016b).

Tras los devastadores sucesos del Niño Costero, se creó la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) con un ambicioso presupuesto de S/ 25.000 millones destinados a la reconstrucción y mejora de la infraestructura y los servicios afectados. Sin embargo, 7 años después, poco parece haber cambiado desde el periodo 2016-2017 en las cuencas afectadas. La carencia de estructuras de defensa ribereña, sistemas adecuados de contención y alertas tempranas eficaces es evidente. La anticipación ante el Niño Global brilla por su ausencia, y en general, no se vislumbra un sistema de respuesta sólido que involucre al sector público, la sociedad civil y a las instituciones eclesiásticas.

En este momento crítico y urgente, la prioridad indiscutible radica en la creación de un plan de acción tanto mínimo como máximo. Este plan, de alcance nacional, debe desglosarse hasta el nivel de distritos, convirtiéndose en el indicador primordial para medir las actividades, el presupuesto y la responsabilidad del gobierno. Asimismo, requiere abarcar el norte, centro y sur del país, así como prever una respuesta integral ante posibles eventos climáticos como lluvias, sequías, heladas y friajes. El plan requiere contener componentes centrales como: (i) actividades de prevención en todo el país, (ii) respuesta a las ocurrencias de emergencia social, (iii) rehabilitación inmediata de lo más urgente y (iv) reconstrucción con verdaderos cambios.

En ese camino, es crucial definir tres temas fundamentales con respecto a la gestión de riesgos. En primer lugar, es imperativo determinar quién será el responsable y cómo se organizará y gestionará la mitigación. Seguidamente, se debe trabajar en definir el ámbito de acción y las zonas de alto riesgo. Finalmente, se debe asignar, organizar y monitorizar rigurosamente la ejecución de las actividades y del presupuesto, adoptando un esquema “cuasi militar” para garantizar una ejecución y supervisión efectiva.

El reto que enfrentamos implica construir un liderazgo sólido y un esquema operativo de gran envergadura que abarque regiones, provincias y distritos de todo el país. En ese marco, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe asumir un papel seleccionando a un líder competente y otorgarle rango ministerial para dirigir este crucial esfuerzo. Adicionalmente, debe conformar un equipo altamente competente y debidamente certificado.

Junto a las autoridades subnacionales, ya sean gobernadores, alcaldes provinciales o alcaldes distritales, emerge como imperativo que la responsabilidad operativa recaiga en un miembro de las fuerzas armadas. La consolidación de una única línea de comando, respaldada por un sistema de información y comunicación ágil y eficaz, así como la posesión de recursos logísticos capaces de afrontar contingencias, desempeñan un papel decisivo en esta dinámica. Esta capacidad logística mínima se encuentra al alcance exclusivo de las Fuerzas Armadas, quienes pueden operar las 24 horas del día.

Esta tarea requiere integración y cohesión efectiva entre instituciones clave como INDECI, CENEFREP, COEN, ANA, entre otras, las cuales actualmente operan con funciones limitadas y con presupuestos paupérrimos. Es necesario cualificar este esquema organizacional, pues se prevé un aumento en la frecuencia de las amenazas climáticas en el futuro. Conscientes de que el Perú ocupa el tercer lugar entre los países más vulnerables al cambio climático, resulta urgente fortalecer la colaboración y la capacidad de respuesta de estas instituciones para hacer frente a los desafíos venideros.

Los primeros pasos dados por el gobierno con relación a este tema no parecen ser los más pertinentes. ¿Por qué solo se han identificado 7 regiones cuando los sucesos pueden afectar a todo el país? ¿Por qué el presupuesto asignado es tan limitado? ¿Qué explica el retraso en la ejecución de los recursos destinados hasta la fecha? ¿hay un plan? Conscientes de que la prevención es más efectiva y económica que la reconstrucción, sobre todo en lo social, resulta vital replantear estas decisiones. Si consideramos que el presupuesto nacional promedio de este año alcanza los S/ 230.000 millones, una racionalización del 5% liberaría en promedio S/ 12.000 millones, lo cual permitiría afrontar con mayor solidez esta creciente amenaza.

De todo lo mencionado, una decisión que inquieta es la de responsabilizar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con casi S/ 1.000 millones para las actividades de prevención en las cuencas. Siendo un organismo normativo y no ejecutor, esta designación desvirtúa sus funciones básicas de acuerdo con la Ley y el reglamento vigente. ¿Qué experiencia tiene esta institución en la gestión de obras de esta naturaleza?

En medio de este desajuste en la gestión, se observa una disonancia preocupante en la distribución de responsabilidades: el MEF anunció la asignación de recursos para la adquisición de maquinarias tanto por parte del MIDAGRI como por los GOREs; asimismo, anunció labores de descolmatación bajo la jurisdicción del MIDAGRI y de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC). En el primer escenario, surge con urgencia la necesidad de que el MIDAGRI implemente de forma permanente un "parque de maquinarias" a nivel nacional, de cara al futuro y considerando la demanda de este servicio a lo largo del año. En el segundo caso, no se comprende por qué se delega responsabilidades a la ARCC, cuando precisamente esta entidad ha sido señalada por no haber ejecutado las tareas imperativas que hoy se demandan.

En vista del grave acontecimiento en curso, se vuelve evidente la necesidad de implementar una unidad central de gestión que orqueste una línea única de mando y operación. Es fundamental que la sociedad civil - desde los distritos y con el respaldo de las instituciones eclesiásticas - se organice, colabore y asuma responsabilidades para proporcionar una respuesta efectiva y oportuna principalmente en las 2 primeras fases señaladas previamente en la nota.

El centro de la respuesta social ante los eventos debe ser la organización de la población teniendo como eje articulador a las capitales de las provincias, cuya misión debe enfocarse en mitigar físicamente el impacto, llevando a cabo acciones concretas como la limpieza de canales, drenajes y la fortificación de defensas urbanas, al tiempo que fomentan una red de apoyo mutuo y colaboración entre los ciudadanos, colectando recursos como refugios temporales, provisiones médicas y víveres. La clave radica en una preparación exhaustiva para una colaboración interconectada a lo largo y ancho del país: "Hoy por ti, mañana por mí".

Asumir lo que podría parecer una utopía social requiere convertirse en un imperativo. Aunque enfrentamos limitaciones de recursos, es imprescindible unir todos los esfuerzos posibles para enfrentar estos desafíos. La pregunta es, ¿es posible? La respuesta es sí. Y esto se encuentra en ejemplos conmovedores de solidaridad que han surgido en momentos de crisis. Recuerdo una ocasión acaecida en el año 2017, en la cual campesinos y municipalidades de las regiones como Cusco (Calca) y Huánuco (Ambo) se unieron para enviar camiones llenos de alimentos, costeándolos ellos mismos, para ayudar a las poblaciones afectadas del norte. ¿Qué pasó? Los alimentos no podían ser entregados a las autoridades porque no tenían almacenes y requerían sortear obstáculos burocráticos. En ese momento, surgió una lección valiosa: los alimentos fueron derivados a organizaciones como Cáritas, las cuales captaron y distribuyeron la colaboración solidaria de los pueblos del interior.

En el pasado, estos sucesos han sido pésimamente gestionados. En aras de rectificar esta situación, el primer paso crucial es posicionar un equipo del más alto nivel y tejer inmediatamente los vasos comunicantes con regiones, provincias y distritos para enfrentar este desafío de vida.

En medio de este escenario, algunos expertos señalan que la tendencia del impacto se va aplacando; ojalá sea así, sin embargo, la organización social de la población se erige como un imperativo ineludible, ya sea para enfrentar las amenazas o para promover el desarrollo. Hay que avanzar en la organización social, sí o sí.

¡¡¡SOMOS MÁS FUERTES CUANDO NOS PRUEBAN!!!

Fuente foto: cubadebate.cu