El pasado lunes 24 de julio de 2023, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentaron los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 (para pequeñas y medianas unidades agropecuarias), cuya relevancia debe conllevar a que sean realizados con mayor frecuencia para facilitar el proceso de planificación de los servicios agrarios. Entre sus novedades, se confirma tendencias preocupantes en distintas variables de análisis.  

El estudio señala que, del total de la superficie agrícola, el 51.6% se encontraba en plena producción al momento de la encuesta, mientras que un preocupante 48.6% de las extensiones permanecía inactivo por diversas razones: descanso (8.7%), en barbecho (17.1%) o inactivas (22.6%). El alto porcentaje de este último grupo despierta incógnitas que demandan respuestas claras y concisas, pues su significativa implicancia en el panorama agrícola es innegable.

Con relación al tamaño del predio, el 78.8% son unidades con menos de 4.9 Has. En realidad, nos hubiera gustado que este dato se desagregue más, dado que es evidente el avance de la micro parcelación y el avance de la modalidad de alquiler de tierras por la descapitalización del propietario.

Según los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario del 2012, se puso de manifiesto una realidad inquietante: de las 2,213,649 Unidades Agrarias registradas en ese año, un 25% tenía extensiones de hasta 0.5 hectáreas, mientras que un 50% adicional se limitaba a 1.33 hectáreas. La alarmante pregunta que se cierne sobre el horizonte es si esta tendencia sigue en aumento ó no, de afirmarse, la viabilidad del pequeño productor se pone en alto riesgo.

Este es un tema central que no puede soslayarse bajo el manto de la asociatividad. El desarrollo de las pequeñas UAs en términos de tamaño, formalidad, innovación y eficiencia juega un papel vital y determinante en el bienestar de las familias agrarias y en el futuro del sector. Es la llave “madre”.

En la encuesta también se señala que el 97.6% de las unidades agrarias están categorizadas como agricultura familiar. Al desglosar este grupo en cinco subtipos, basados en su acceso a semillas certificadas y riego, emerge una realidad desafiante: un 49.3% enfrenta una situación de subsistencia crítica, mientras que un 38.7% adicional se encuentra en una posición de subsistencia no crítica. No obstante, estas cifras requieren ser contextualizadas y complementadas mediante un análisis exhaustivo de costos e ingresos para comprender plenamente la rentabilidad y la trascendencia del término "crítico" en relación con la subsistencia y la capitalización.

Del total de la superficie agraria, el 63% se encuentra en condiciones de secano, mientras que el 36.3% complementario está bajo riego. De este último grupo, solo el 16.4% cuenta con riego tecnificado. En esta línea los retos, de cara al futuro, son todavía inconmensurables región por región.

También es preocupante el envejecimiento de la estructura etaria del productor agropecuario. Del 2015 al 2022, se ha registrado un incremento en el grupo de 40 a 59 años, pasando de 43.8% a 45.9%, mientras que el grupo de 60 años a más ha experimentado un ascenso del 32.1% al 40.2%. De manera inversa, el grupo de 14 a 39 años ha sufrido un desalentador descenso del 24.1% al 13.9%. Estas cifras trazan una tendencia alarmante que arroja luz sobre la migración y la desalentadora percepción de los jóvenes, quienes no visualizan en el agro un horizonte promisorio para sus vidas.

La movilidad educativa en el sector agropecuario refleja la persistencia de una realidad alarmante, en la cual los avances han sido notoriamente limitados. En 2015, el porcentaje de productores sin educación alcanzaba un 13.7%, y para el año 2022, aunque con una ligera disminución, se mantuvo en un nivel elevado de 11%. De manera similar, aquellos con educación primaria disminuyeron del 54.2% al 51.4% en el mismo período, mientras que aquellos que alcanzaron el nivel secundario aumentaron del 25.5% al 29.2%. En cuanto al nivel educativo superior, la variación apenas resulta perceptible, pasando del 6.6% al 8.3%. Estas cifras evidencian un progreso mínimo e insuficiente en el ámbito educativo de los productores agropecuarios.

Según la encuesta, el 53.4% se dedica exclusivamente a la actividad agropecuaria, mientras que el 46.6% complementario reporta dedicarse también a otras actividades como comercio, construcción, servicios, etc. Estrategia de vida que les permite defender y evitar caer en pobreza extrema

Seguidamente se presentan 05 datos que también merecen alta preocupación. El primero tiene que ver con la realidad del productor agropecuario propietario de al menos una parcela. El 24.4% de ellos señala no ser propietarios, mientras que un 75.8% señala que sí lo es. Sin embargo, entre estos últimos, solo un 35% cuenta con título de propiedad, y de ellos, solo un escaso 19% figura regularmente inscrito en los registros públicos. Esta alta brecha de formalidad plantea un desafío urgente, ya que el limitado acceso a la titulación obstaculiza una valoración justa y adecuada de sus terrenos.

En cuanto al acceso a créditos, un significativo 90.9% señala que no busca solicitarlos; entre quienes lo hacen (9.1%), apenas el 91.35% logra obtener acceso. Además, de aquellos que reciben préstamos, un considerable 80.6% los destina al propósito original de su solicitud. Sin embargo, la presencia de tasas de interés elevadas y la limitada rentabilidad emergen como obstáculos considerables para acceder al capital de trabajo necesario

La evaluación de los datos también revela un resultado agobiante: un contundente 93% de los productores informa que no forma parte de ninguna organización. Este descubrimiento plantea interrogantes que reclaman respuestas directas y apremiantes. ¿Será que existe una carencia de esfuerzos en esta dirección? ¿La desconfianza está entorpeciendo la conexión con las organizaciones? ¿O tal vez los modelos de organización no logran resonar con los productores debido a la falta de resultados tangibles? Estas cuestiones no solo deberían recaer en los productores, sino también en aquellos que se autodenominan líderes en cadenas productivas, territorios o áreas específicas.

El análisis de los datos revela también una realidad desalentadora en materia de capacitación y asistencia técnica para los productores agropecuarios. El ínfimo 6.6% reporta haber recibido capacitación, disminuyendo significativamente desde el 12.9% registrado en el 2015. En un sendero similar, únicamente el 3.8% declara haber recibido asistencia técnica, cayendo desde el 6.4% alcanzado en el 2015. Aunque se arguye al COVID como justificación, una sincera introspección nos conduce a reconocer que estos datos hallan un correlato en las cifras del IV Censo Agropecuario del 2012. La falta de cobertura en estos servicios es un golpe contundente para la institucionalidad agraria, levantando interrogantes sobre el quehacer del sector y de las DRAs. ¿A qué se dedican los esfuerzos en esta esfera crucial?

En el caso del acceso a la información, sí se muestra un indicador positivo. Hoy, el 80% de los productores reporta tener acceso a información, lo que parece indicar que Internet y la digitalización pueden erigirse como un nuevo camino efectivo para llegar a los pequeños productores con mayor eficacia.

Para cerrar esta parte del análisis, se reporta que un 23% no utiliza abonos ni fertilizantes, en gran parte explicado por la carencia de recursos.

En principio, emerge la urgencia de realizar análisis más frecuentes, profundos y detallados en el ámbito agrario. La importancia de desentrañar cada tema y desagregarlos al máximo nivel se erige como piedra angular en el trabajo que se debe enfrentar.

En los últimos años, los tres niveles de gobierno han recibido un presupuesto promedio de 9 mil millones soles por año para la función agropecuaria. Aunque esta cifra podría ser incrementada, la clave radica en emplear de manera efectiva y eficiente los recursos disponibles para impulsar el avance del sector. La amplitud de esta suma es más que suficiente para brindar servicios de capacitación, asesoría y fortalecimiento a las organizaciones campesinas, sin embargo, es evidente que estos servicios fundamentales se perciben como inexistentes en la actualidad. Es imperativo reconocer que la formación y la actitud representan fuerzas de transformación.

El valor bruto de la producción agraria (VBPA) alcanza casi 39 mil millones de soles al 2022 y el presupuesto anual de 9 mil millones representa aproximadamente el 20% de esa cifra. Si bien esta cantidad podría ser considerada aceptable, los resultados obtenidos en la encuesta son la clave que arroja luz sobre la crítica situación que enfrentan los productores (ver cuadro).

Ejecución del presupuesto público 2021 – 2023*

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Consulta Amigable.

*Última actualización: 15 de agosto de 2023.

Esta lacerante situación del sector agrario revela la ausencia de un concepto de gerencia que permita organizar, planificar y proveer la gama de servicios. La falta de evaluación del diseño, demanda y cumplimiento de estos arroja una sombra inquietante sobre el rol de la institucionalidad agraria, dejando al descubierto la necesidad de establecer un sistema de monitoreo efectivo para medir disciplinadamente el avance y el alcance de las metas que se proponen.

La desorganización de las instituciones y de la prestación de servicios complica el trabajo para promover el crecimiento y el desarrollo. Por ello, como hemos advertido en notas anteriores, es imperativo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Congreso de la República, los Gobiernos Regionales (GORES), los municipios y la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), establezcan un dialogo para abordar esta anarquía y encontrar soluciones en bien del agro.

En el proceso de formular alternativas y avanzar en el desarrollo, surge también la imperante necesidad de llevar a cabo un diagnóstico en las comunidades campesinas y nativas. Muchas de estas organizaciones parecen haberse quedado detenidos en el tiempo y, con un sentido de urgencia, se vuelve crucial escuchar y brindar atención a estas poblaciones que se encuentran en las condiciones más precarias en el sector. Con alrededor de 7 mil comunidades en todo el país y su ubicación en más del 25% del territorio nacional, explorar nuevas vías se convierte en una necesidad de primer orden, además nos debe nacer comprender que no se pueden alcanzar resultados efectivos si se persiste en seguir haciendo lo mismo año por año.