El último día del año 2020 nos sorprendió la publicación, en el diario El Peruano, de la Ley 31110 o LEY DEL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO Y DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y RIEGO, AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL. Muchos estimábamos que el Ejecutivo iba a observar la Ley, habida cuenta de que no incentiva; la norma. es una especie de castigo dado que solo el sobrecosto laboral del bono del 30% no remunerativo equivale a aumentar el costo de la planilla en aproximadamente 25%, lo que aumenta el costo de producción promedio de una empresa agroexportadora en 12.5% (8.75% de las ventas) lo que se lleva el 70% de la utilidad neta promedio de una empresa.
De qué sirve una ligera diminución temporal a pagar menos impuesto a la renta si casi no habrá utilidad. La Ley es algo extraña porque si yo me pongo a importar trigo para hacer harinas y con ello fabrico fideos o galletas, o si importo soya para producir aceite o si importo cebada o maíz para producir cerveza o me dedico a sembrar tabaco para producir cigarros: o si traslado mi planta agroindustrial de Piura, Trujillo, Ica a potenciales polos industriales como Lurín o Ancón (Lima Metropolitana o Callao) no tendré ese sobrecosto laboral ya que la Ley no los incluye.
De otro lado, es un gran error introducir el concepto de un bono colectivo en la remuneración del trabajador, un bono sensato es aquel vinculado a la productividad individual de cada uno y que debe responder al valor que aporta a la empresa. Peor aún, este nuevo concepto será un blanco futuro de nuevas exigencias, súbeme el bono a 40%, 50% etc. insisto que lo más institucional hubiese sido convocar al Consejo Nacional del Trabajo y subir el sueldo mínimo, para todos los trabajadores del Perú, en un monto sensato y que no reste competitividad de golpe a las empresas. En el peor de los casos, si se quería insistir con el bono del 30% éste hubiese sido gradual, 10% cada dos años.
Podría seguir enumerando críticas al texto de la Ley o de su pertinencia; podría analizar, a posteriori, la falta de docencia que gobernó este debate; desde el Estado que padeció el secuestro de las carreteras, los gremios que no entendían que estaban en medio de una discusión política y no técnica; hasta congresistas que argumentaban en la discusión del pleno del congreso que tal o cual empresa ganaba miles de millones de dólares (cuando la mayor empresa agroexportadora del país ni siquiera supera los USD 450 millones en ventas) ¿un congresista puede hablar cualquier pachotada, faltando a la verdad claramente, sin siquiera hacerle un proceso en la comisión de ética?
Sin embargo, la Ley ya fue firmada por el Ejecutivo. Los gremios podrían ir al Tribunal Constitucional para buscar anular la norma, inclusive podrían pedir una Acción de Amparo Constitucional para evitar que ésta se aplique; sin embargo ¿es lo más conveniente?
En la otra esquina tenemos a una masa laboral que fue ilusionada cuando se le ofrecía irresponsablemente remuneraciones de 70 soles/día (La antigua Ley agraria estipulaba un jornal mínimo de 39 soles/día y con la nueva Ley este jornal se elevaría a 48 soles/día). Ya existe una expectativa por parte de los trabajadores y toda acción que impida el aumento, de nueve soles al día, va a incendiar nuevamente la pradera en momentos que estamos en campaña de uva, espárragos, mangos y algo de arándanos.
A los agroexportadores no les queda otra que poner el pecho y buscar remar con más fuerza, tomar para sí, las charlas motivacionales que solían dar a su personal: actitud para la vida. Los costos aumentarán como nunca en la historia, no es posible trasladar ese sobrecosto al mercado, el Perú ya no es ese exportador de oferta temporal, es un exportador de volumen que ha hecho -por sí solo o sumando a otros países- llevar a varios producto/mercado a su punto de saturación. Competimos entre nosotros, con otros países, y los productos compiten entre sí (si sube el precio de una fruta, el consumidor promedio compra otra más barata).
La tenue luz al final del túnel es que el Estado verdaderamente entre a combatir la informalidad en el sector agroexportador donde existen empresas que operan pagando menos costos laborales y tributarios. Estos malos agroexportadores con la nueva Ley tendrían más ventaja que los formales que pagan todo; pero si el Estado los retira del juego, ello ayudaría -en parte- a consolidar a los buenos.
Lo anterior no será suficiente, las empresas buscarán automatizar todo lo que se pueda; en campo lo primero que se mecanizará será la cosecha de hortalizas y arándanos; en planta de proceso: el corte, selección, encajado y paletizado del producto. Las empresas guardarán liquidez, las nuevas inversiones pasarán al limbo hasta sentir un ambiente político y de mercado propicio.
También hay efectos potencialmente positivos: la agroexportación peruana se estaba recalentando, estamos llegando a un punto se saturación de oferta en arándanos, paltas, espárragos y próximamente en cítricos (basta analizar la tendencia en precios y de nuevas siembras) esta situación evitará que Perú se sature más. Además, se adelantará un proceso de adición de valor, nuestras exportadoras de frescos ingresarán lenta y progresivamente a la industria alimentaria, al punto intermedio entre lo fresco perecible y lo ultra procesado no perecible. La industria de alimentos promedio no le tiene miedo al costo laboral dado que su planilla no supera el 20% del costo de producción, a diferencia de las agroexportadoras donde la planilla llega, en promedio, al 50% del costo de producción.
La limitante estará en cómo regresarle la emoción al empresariado, esa pasión rota después de que le cambiaron las reglas de juego y de percibir actos vandálicos. La oportunidad es usar toda esta coyuntura para formalizar más, para que nuestras empresas se consoliden, para que nuestro país inicie un proceso de automatización e innovación; para que pasemos al siguiente nivel de desarrollo. ¿Es esto posible? claro que es posible, tenemos la tarea de reactualizar a Francis Fukuyama e implementar con gestos políticos e institucionales (Senado incluido) algo que trasciende toda ideología política: CONFIANZA.
