Es interesante cómo pueden ocurrir ciclos en la vida de los países. El rol del Estado que al parecer estaba claro hace seis meses, ahora es discutido por muchos políticos y medios de comunicación de quienes recibimos conjeturas tan disimiles que nos obliga a releer la constitución.

El artículo 60:

“El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional…”.

Textualmente se menciona que el estado puede realizar subsidiariamente (ayuda, suple o refuerza) la actividad empresarial por razones de interés público o conveniencia nacional (léase en cristiano interés político del ejecutivo) para lo cual solo se requiere una Ley. Es decir basta que haya quórum en el pleno del Congreso y por mayoría simple se puede crear una empresa estatal, esto sin la necesidad de cambiar la constitución. Para muestra un banco: Así se creó el Banco Agropecuario en el Gobierno del Presidente Toledo.

Adicionalmente si no se quiere ir por el camino del congreso, el Ejecutivo puede firmar un contrato de Alianza público – privada con cualquier empresa y a través de un concurso en PROINVERSION transferir las competencias que quiera brindarle.

La discusión de fondo no es el modus operandi para crear una empresa estatal, sino evaluar si necesitamos realmente tener más empresas públicas y aquí me sorprendo que algunas instituciones que hace un mes criticaban al potencial estado empresario, ahora ven con simpatía los “emprendimientos” públicos.

En la teoría cartesiana de la oferta y demanda, cuando las curvas se cruzan se dice que se llega al punto de equilibrio, allí donde el demandante y el ofertante están dispuestos a transar “Q” cantidad a determinado precio “P” pero hay situaciones donde las curvas no se cruzan generalmente porque el ofertante no existe, porque no quiere salir a vender o porque el ofertante exige un precio tan elevado que el demandante no está dispuesto a aceptarlo. Cuando existe esta situación se dice que hay una falla de mercado y ésta se denomina “mercados incompletos” y corresponde al rol del Estado salir a completarlos.

Ejemplos de mercados incompletos en el agro son el mercado de créditos agropecuarios, el mercado de seguros agropecuarios, el mercado de capital de riesgo, el mercado de extensión agrícola etc.

El mercado de créditos agropecuarios es peculiar porque si el financista estima que el productor no le va a pagar y no tiene las garantías liquidas para respaldar la deuda entonces nunca le dará el crédito así el productor acepte pagar una súper tasa de interés. Además las percepciones del riesgo son más altas. Es decir una operación agropecuaria cuyos fundamentos merecen una tasa del 12%, la entidad financiera te la pueden cobrar 36% ya sea para limitar su cartera agropecuaria, para que el directorio acepte tomar ese riesgo “sobrestimado” o simplemente como margen de seguridad porque consideran que otros productores del valle van a caer en morosidad. Cuando existen agricultores dispuestos a pagar 12% (con flujos y garantías apropiadas) y no aceptan o no pueden pagar el 36% requerido por la entidad financiera entonces tenemos un problema de mercados incompletos.

Para solucionar lo anterior, el estado empresario dice “hay que crear un banco agropecuario” mientras que el estado liberal dice “hay que dejar que el sector privado lo haga”. Cuando perfectamente puede haber un esquema intermedio que es una institución que entregue documentos que faciliten el acceso al crédito del agricultor como: seguros de crédito, fondos de garantía o cartas fianzas. Es decir no necesitamos tener una banca de fomento pura y dura para que el crédito llegue al grupo objetivo de productores que queremos beneficiar.

Un banco de segundo piso puede funcionar perfectamente en el agro, pero no el segundo piso tradicional que le da el dinero a las entidades financieras para que éstas financien a la tasa que quieren al productor, sino darle el documento facilitador al agricultor para que él vaya al banco de su preferencia a pedir el crédito. Con un seguro de respaldo, un fondo de garantía o carta fianza el agricultor hará que los bancos compitan por brindarle el crédito y podrán acceder a tasas menores al 12% TEA.

Siempre será importante la evaluación y la supervisión del crédito pero esto es menos costoso que tener que implementar un banco, con los sistemas informáticos apropiados, personal apropiado y con la necesidad de usar todo el patrimonio en dar créditos. En los otros esquemas puede multiplicar varias veces su patrimonio administrando y diversificando bien los riesgos en la cobertura.

El seguro agrario, lo hemos dicho antes, debe ser de carácter obligatorio para todos los créditos agropecuarios (por lo menos el catastrófico) lo cual permite diversificar y diluir riesgos en todo el país e ir generando información para que el seguro, que en sus primeros años debe ser subsidiado por el estado, después de un tiempo sea mínima o nulamente subsidiado. El estado no necesita crear una aseguradora para brindar este seguro, basta crear un fondo de reaseguro.

El mercado de capital de riesgo (private equity) también es un mercado incompleto, ya en otro artículo lo había comentado:

El agro es un sector peculiar que incluso se llega a subsidiar en otros países. Los factores climáticos y una oferta estacional lo hacen bastante susceptible al entorno. Nuestras empresas agrícolas hacen mucho generando empleo en el campo, tomando más riesgo que otros sectores.

Si dejamos que el mercado por sí solo asigne capitales en la economía, nuestro sector quedará bastante relegado. Los fondos de inversión por tradición o deseos de no complicarse la vida, por lo general no apuestan al agro al igual que los bancos comerciales; lo cual constituye una falla de mercado.

Propuesta de Fondo de Inversión Agroforestal:

Estimular a las AFPs a destinar aproximadamente el 1% de sus fondos administrados para que sean destinados a capital de riesgo agropecuario o forestal. Por ejemplo por cada sol que aporten al fondo agroforestal (efectivamente colocado) se les permitirá invertir USD 20 adicionales en el exterior. Aquí no se obliga a las AFPs y se implementa un buen mecanismo de redistribución solidaria afectando casi en nada los rendimientos de los aportantes.

El mercado de extensión agrícola también es un mercado incompleto ya que en la mayoría de los casos el agricultor no tiene los medios para pagar la asistencia técnica. Por este motivo es importante que el Ministerio se encargue de este tema. Debe abrir un padrón para que los productores organizados para este fin soliciten un extensionista y el ministerio cuente con una base de datos de profesionales acreditados que puedan asumir esta función. Estos profesionales no necesitan estar en la planilla del MINAG se contratan puntualmente para dar la asistencia técnica a grupos de agricultores por criterios de cultivos y territorio a los que continuamente hay que ir supervisando.

En resumen no necesitamos crear una entidad pública para resolver cada problema. Más eficiente es usar la infraestructura privada ya instalada para obtener el servicio que subsidiariamente se quiere otorgar a determinados segmentos de la población. Esto nos costará menos, es más rápido y se puede ajustar más a la medida del beneficiario conforme se va implementando.

Bastante descapitalizado se queda el país (activos tangibles e intangibles) abriendo – cerrando – abriendo - cerrando empresas públicas. Esto sin considerar los vicios políticos a los que nos puede llevar un estado más grande en número de entidades públicas.

Lima, 14 de junio del 2011