En el marco de la crisis sanitaria, el tema de ciencia y tecnología se ha convertido en una prioridad y de alta valoración, principalmente en líneas asociadas a la salud, lo cual debería ser una base para llamar la atención sobre su importancia en los diferentes sectores de la economía, y principalmente en la agricultura. Al inicio del año 2021, varios candidatos mostraron sus planteamientos (todavía no muy claros) sobre esta problemática y en el Congreso se viene discutiendo un marco legal para la gobernanza del sector (con un proyecto de ley, que algunos denominan “Ley Sagasti”).

Es ampliamente conocido que la inversión en Investigación y Desarrollo en el Perú es una de las más bajas de la región LAC (0.12% del PBI para el año 2017), teniendo en cuenta que a su vez esta región tiene una de las tasas de inversión de las más bajas del mundo.

En la actualidad se viene discutiendo un nuevo marco legal para “garantizar la gobernanza” del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Según el proyecto de ley a nivel de la Comisión de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) del Congreso, se tendría que derogar la ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), para dar paso a la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

De manera particular, se propone que esta Secretaría se encargue de la rectoría del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se establezca como órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  Para la implementación de las políticas públicas en CTI, se plantea constituir la Agencia Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados y la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Además, se indica que con la nueva secretaría se articularán e integrarán las iniciativas en CTI del país.

La Agencia de Desarrollo Tecnológico e Innovación, consolidaría los actuales mecanismos financieros de los fondos competitivos destinados a promover el desarrollo tecnológico y la innovación en todo tipo de empresa, asociación civil o agencia gubernamental encargada de producir bienes y proveer servicios, pero manteniendo la identidad y orientación de cada uno de los fondos y de las diferentes líneas de financiamiento. Según se indica, cada uno de los fondos gestionados por la Agencia contaría con un consejo directivo para gestionar de manera adecuada e independiente los criterios de evaluación de propuestas de acuerdo con sus objetivos y características.

De acuerdo a la propuesta existirían dos tipos de fondos: Fondos Nacionales de Desarrollo Científico y Estudios Avanzados y Fondos de Apoyo al Desarrollo Tecnológico e Innovación. Se precisa que las agencias ya mencionadas serían las unidades ejecutoras de los fideicomisos y fondos que establezca el gobierno peruano con recursos del presupuesto nacional, canon vinculados a la explotación de recursos naturales, y otras fuentes de financiamiento público. Estas agencias podrán contar con recursos adicionales proporcionados por organismos internacionales; fundaciones privadas nacionales e internacionales; donaciones o préstamos blandos de agencias de cooperación bilaterales; empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil nacionales o internacionales; préstamos y donaciones de organismos financieros internacionales, entre otros.

Sobre los fondos competitivos actualmente en operación es interesante revisar información de Concytec del 2018. Se han identificado en total 164 instrumentos de financiamiento de la innovación en 11 sectores, teniendo mayor concentración en Producción, PCM (Indecopi, Concytect) y Educación. En el sector Agricultura se han identificado 9 instrumentos. A nivel global, sólo 13 instrumentos concentran las tres cuartas partes del gasto (si no se considera el rubro de becas, 9 instrumentos representan el 50% del gasto).

Un análisis rápido de esta información indica que existe: i) alta concentración del gasto en pocos instrumentos; ii) alta superposición de objetivos entre instrumentos; iii) alta superposición de objetivos entre sectores de gobierno; iv) alta duplicación de esfuerzos en creación de conocimiento; v) instrumentos con referencia a múltiples mecanismos de intervención; vi) instrumentos con múltiples tipos de beneficiario; vii) escasa especialización de instrumentos enfocados al sector privado.

En todo este marco surge la pregunta de cómo se manejarán estos recursos a nivel sectorial (por ejemplo, en el agro) y como se podrán articular para generar impactos a escala mayor, en el contexto de la nueva gobernanza. Surgen diversas interrogantes sobre ¿cómo seguirán operando los institutos públicos de investigación en este nuevo marco de gobernanza?, ¿a qué nivel se tomarán las decisiones sobre prioridades estratégicas de asignación de recursos?, ¿qué prioridad tendría el agro?, ¿mejorarán las condiciones para los investigadores?.  Se debería promover una discusión amplia en el sector agrario sobre las diversas interrogantes que surgen a la luz de estos nuevos dispositivos y llamar la atención sobre la necesidad de promover la ciencia y tecnología en un sector estratégico como el agrario.