Todavía en Perú no se publican de manera permanente datos oficiales sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Sin embargo, algunas estimaciones sugieren que el país pierde o desperdicia 12.8 millones de toneladas de alimentos cada año. Lo que también se sabe es que más de 3.1 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria desde antes de la pandemia (COVID-19) y que potencialmente el hambre, la pérdida y desperdicios de alimentos se puede haber agravado en los últimos dos años.
De alguna manera se ha avanzado en el marco legal para afrontar esta problemática. El 2016, el Congreso aprueba por insistencia la Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte en situaciones de desastres naturales (Ley 30498). Su reglamento se aprobó el 2017 (vía Decreto Supremo). El 2019, el MIDAGRI dicta la Ley que Promueve la Reducción y Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (Ley 30988) y su reglamento se publicó el 2020. Más recientemente, el 2022 el Congreso dictó la Ley que Promueve Acciones para la Recuperación de Alimentos (Ley 31477) y se le ha encargado al MIDAGRI la elaboración del Reglamento, que se encuentra pendiente. Asimismo, existe una ordenanza municipal de recuperación de alimentos de mercados de abasto y mercados mayoristas que busca que los municipios distritales puedan sumarse a la recuperación de alimentos.
La donación de alimentos y la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos son temas importantes en la lucha contra el hambre y la promoción de la sostenibilidad. Al no contar con cifras oficiales no se puede analizar la efectividad de este marco legal en un país como Perú, donde la inseguridad alimentaria en poblaciones vulnerables es alta.
En muchos países, incluido Perú, existen leyes y regulaciones que promueven la donación de alimentos y buscan reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Aunque pueden variar en su alcance y enfoque, generalmente tienen como objetivo facilitar la donación de alimentos seguros y de calidad, y fomentar prácticas de gestión adecuadas para evitar la pérdida y desperdicios de alimentos.
Algunas de las áreas clave que suelen abordar las leyes y regulaciones relacionadas con la donación de alimentos y la reducción del desperdicio incluyen: i) Seguridad alimentaria, establecen pautas y requisitos para garantizar que los alimentos donados sean seguros para el consumo humano. Esto implica normas de higiene, manipulación adecuada de alimentos, fechas de vencimiento y etiquetado claro; ii) Protección legal, que pueden ser disposiciones legales alrededor de los donantes de alimentos, que pueden incluir exenciones fiscales para incentivar la donación; iii) Facilitación y promoción, mecanismos para facilitar la donación de alimentos, como la creación de programas o plataformas de donación, estableciendo colaboraciones entre el sector público y privado, y promoviendo la sensibilización y educación sobre la importancia de la donación de alimentos; iv) Reducción del desperdicio, en las etapas de producción, procesamiento, distribución y consumo. Esto puede incluir incentivos para las empresas que implementan prácticas de gestión de residuos alimentarios, fomentando la adopción de tecnologías adecuadas y promoviendo la planificación y compra de alimentos más eficiente.
Es importante tener en cuenta que la efectividad de estas leyes y regulaciones depende de su implementación y supervisión adecuada. También es fundamental el trabajo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas para abordar de manera integral la donación de alimentos y la reducción del desperdicio alimentario.
En esta línea se puede mencionar el caso de Dinamarca (aunque también en Francia y Estados Unidos existen avances interesantes), que ha implementado políticas y regulaciones para reducir el desperdicio de alimentos en diferentes etapas de la cadena de suministro. Esto incluye incentivos fiscales para las empresas que donan alimentos y la promoción de prácticas de gestión de residuos alimentarios, como el compostaje y la producción de biogás a partir de los desechos orgánicos. Esta experiencia muestra la importancia de adoptar un enfoque integral que aborde todas las etapas de la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo. También ha resaltado la necesidad de implementar políticas que combinen incentivos económicos con medidas regulatorias.
Para el caso peruano debemos rescatar algunas lecciones aprendidas de otros países que incluyen la necesidad de una legislación clara y obligatoria (por ejemplo, se debe precisar cómo se articulan y complementan la leyes mencionadas al inicio de la columna que pertenecen a diversos sectores de gobierno que no necesariamente coordinan entre sí, de manera de evitar intervenciones aisladas); la importancia de establecer asociaciones con organizaciones benéficas; la adopción de un enfoque integral a lo largo de las cadenas de suministro; el establecimiento de metas claras y medibles (como ya mencionamos todavía no existen indicadores y cifras oficiales que den una base para medir la efectividad de las políticas y este es un tema que debe priorizarse para una serie de productos).
