(Agraria.pe) La Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú (Fencaap), la Junta Nacional del Café (JNC), la Asociación Peruana De Productores De Cacao (APPcacao), la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera Sostenible (Perú Palmas), y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) negaron que la modificación de la ley forestal ponga en peligro a los bosques
Dichos gremios, que provienen de las regiones de Loreto, Ucayali, Junín, Amazonas, San Martín, Pasco, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Cajamarca y Ayacucho, señalaron que la norma no se aplica a la ampliación de la frontera agrícola ni al cambio de uso de suelo en áreas forestales.
“Esto quiere decir que no se permitiría la expansión de la agricultura sobre terrenos forestales, si no más bien la regularización de actividades agrícolas existentes en áreas en tierras ya degradadas”, señalaron a través de un comunicado.
Señalaron que la productividad agrícola no depende sólo de la capacidad de uso mayor del suelo, sino también del paquete tecnológico y la asistencia técnica. “Al promover estas prácticas, se busca mejorar la productividad en áreas ya utilizadas sin la necesidad de expandirse hacia áreas forestales. A mayor productividad se requiere menor número de hectáreas para producir”.
Indicaron que desde la década del 70, el propio Estado ha promovido la expansión agrícola para combatir cultivos ilegales, facilitando el acceso a la tierra y realizando inversiones considerables en infraestructura y servicios básicos. Al respecto, manifestaron que “requerir, como lo hace la Ley Forestal, demostrar la aptitud agropecuaria, cuando ya se está en operación por largo tiempo, vulnera nuestros derechos y genera inseguridad jurídica para todas las actividades agrarias que se realizan en la selva”.
En ese sentido, manifestaron estar de acuerdo con este cambio en la ley forestal “pues nos brinda la esperanza de saber que nuestra propiedad no será afectada y la podrán trabajar nuestros hijos. Además, los agricultores de las comunidades campesinas y nativas de mayor vulnerabilidad económica podrán formalizarse y acceder a fuentes de financiamiento menos costosas y a una mejor tecnología del sector”.
Agregaron que la normativa de la Unión Europea excluye la agricultura que haya deforestado después de diciembre de 2020, imponiendo el cumplimiento de la legislación nacional. “Si no podemos acreditar nuestra propiedad y el ejercicio legal de la agricultura podríamos perder el acceso a estos mercados y esto impactaría en pérdidas anuales de US$ 600 millones”.
En ese sentido, los gremios rechazaron y condenaron las expresiones de grupos de interés que se manifiestan en desacuerdo con la norma aprobada, llamándonos mafias, ilegales, traficantes y hasta criminales. “Nadie tiene el derecho a mancillar el buen nombre de nuestras familias agricultoras, quienes han luchado junto con el Estado por pacificar el país y reducir la producción de cultivos ilegales”.
Finamente, los gremios señalaron que urge la publicación de la ley y estarán vigilantes de las acciones de grupos de interés que pretenden vulnerar sus derechos. “Debemos equilibrar la protección ambiental y las necesidades socioeconómicas de los agricultores en todo el país”.
