Fernando Eguren, investigador de Cepes, apunta que se están acumulando tierras en manos privadas a partir de un esquema que es subsidiado por el Estado en el desarrollo de infraestructura de irrigación. Considera que es un largo problema sin solución desde que se empezara a plantear la idea de una reforma agraria en los años 50.
(Agraria.pe) ¿Existe en nuestro país concentración de tierras? ¿Se puede hablar de un neolatifundio? Para Fernando Eguren, presidente de Cepes, está claro que sí y lo destaca con un caso que considera emblemático.
“Así como el gran beneficiario de las obras de irrigación como Olmos fue Gloria, igual sucede con la conversión de las cooperativas azucareras en sociedades anónimas, allí también Gloria fue el beneficiario. Gloria tiene alrededor de 90 mil hectáreas en costa de tierras bajo riego o por irrigar, eso no ha existido en toda la historia del Perú. Casagrande, que era el ejemplo de latifundio, tenía 30 mil hectáreas en su momento”, comenta.
El caso sirve para ejemplarizar el eje sobre el que gira el nuevo libro Concentración de la Tierra y Poder Político en el Perú, del cual Eguren es coautor y que ha sido publicado recientemente por Cepes y Oxfam.
El investigador repasa la historia de las reformas agrarias en el país. Sí, en plural, pues antes de Velasco Alvarado, recuerda, ya en tiempos tan lejanos como durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche a fines de los 50, se hablaba de la necesidad de una reforma de este tipo. La idea fue retomada de hecho por Fernando Belaúnde en su gestión presidencial de 1963 a raíz de movilizaciones en Cusco reclamando por la propiedad de las tierras pero también por el término de las relaciones semifeudales que aún entonces se daban, muy similares a la servidumbre.
Para Eguren es en esos afanes del siglo XX que se empiezan a marcar derroteros distintos para la agricultura de la costa y de la sierra, pues la primera, desde el fin de la guerra con Chile, empezó a modernizarse en términos capitalistas, en tanto que en la segunda hubo concentración de tierras y latifundios.
“Como no había tierras disponibles, el campesino tenía que entrar a tierras que otros habían obtenido por influencias, y por el derecho de ingreso a esa parcela de tierra para su consumo tenía que trabajar algunos días gratis para el dueño”, recuerda.
Fue así que un primer intento reformador se da en 1964 cuando Belaúnde aprueba una ley de reforma agraria que no logra desarrollarse porque las facciones políticas del Apra y el odriísmo se opusieron en alianza con los “barones del azúcar”. Finalmente, no fue sino hasta 1969, apuntó, que Velasco Alvarado termina este esquema.
Aquí, Eguren quiere romper con un tópico, que es el de que el comunismo era el único que apoyaba la reforma, pues de hecho había nuevas burguesías que no dependían de los terratenientes que también apoyaban la medida.
Incluso Estados Unidos promovía en los 60 las reformas agrarias en la región como forma de prevenir revoluciones que emularan la experiencia cubana. Tan importante era el tema, que en una reunión de alto nivel en la ciudad uruguaya de Punta del Este, se determinó que en todos los países latinoamericanos era necesario llevar adelante reformas del agro. En Perú esta fue impulsada por un gran movimiento campesino. Así fue como se terminaron los latifundios en el país. O por lo menos eso se creía.
Colapso del nuevo modelo
Lo que devino en el desarrollo de esta historia fue el colapso progresivo de las grandes empresas asociativas y sociedades agrícolas que se instauraron con la reforma. Eguren aclara que no fue necesaria una “ofensiva de la derecha” para que esto suceda, pues múltiples razones confluyeron, como una grave crisis económica global a finales de los 70 e inicios de los 80, lo que planteó un panorama adverso para el crecimiento.
“Los trabajadores, que eran socios copropietarios de las cooperativas ven que estas no son viables y deciden parcelarse y terminan en predios familiares. En las haciendas ganaderas de la sierra también la gran mayoría fue liquidada. La aparición de Sendero Luminoso contribuyó a terminarlas”, refiere.
Así, con hacendados expropiados y dirigentes campesinos que abandonan el campo para incorporarse al sistema político, las tierras se quedan sin actores organizadores y sin factores que modernicen la agricultura. Fue el epílogo del modelo.
Nuevas raíces
La etapa que hoy vivimos en la agricultura empieza a echar raíces con el gobierno de Alberto Fujimori en los 90. En aquellos años, apunta el estudioso, pareciera que un grupo tuvo la visión de futuro para aprovechar la falta de actores que encabecen la organización en el campo. Así, crearon políticas de Estado y se hicieron con una Constitución (la de 1993, vigente hasta hoy) que se encargó de eliminar obstáculos y prohibiciones que había establecido la Reforma Agraria velasquista para prevenir la acumulación de la tierra. De hecho, el concepto de “reforma agraria” se elimina de la Carta Magna totalmente y se deja abierta la posibilidad de intervención de las sociedades anónimas en un contexto de economía neoliberal y grandes obras de irrigación.
“Una parte importación de esta formación de neolatifundios se ha asentado sobre nuevas tierras ganadas por las obras de irrigación. Es una decisión política, porque son tierras y recursos fiscales”, observa.
Agrega que según un estudio que evalúa esta política, actualizando el valor del dólar, el país invirtió en estas infraestructuras US$ 6.500 millones y solo han revertido al Estado US$ 500 millones, lo que es un subsidio de US$ 6.000 millones. Y parece que van por más, pues es el mismo esquema que se sigue en Majes Siguas y Chavimochic III: dinero público para construcción de infraestructuras en tierras de la nación que luego serán transferidas a corporaciones privadas, en las que la participación de terceros es casi imposible por la magnitud de la ‘espalda financiera’ que se necesita para invertir en ellas.
Un ejemplo es el caso de Olmos, donde los lotes más chicos puestos en venta fueron de 250 hectáreas (hay hasta de 500) con un precio base de US$ 4.200 por hectárea. A esto se debe sumar un compromiso de inversión que se estima en US$ 10.000 por hectárea, que multiplicado por el total de cada lote hace que solo las grandes corporaciones puedan adquirirlas. “Y ahí vemos que el Grupo Gloria es el más grande comprador en Olmos; sobre 38.000 hectáreas que se ganan, compran 15 mil hectáreas”, añade.
Pero no tenía que ser así. Eguren anota que en la década de los 50 se dio el ejemplo más interesante de una obra de irrigación en la costa peruana, que fue la de San Lorenzo en Piura. La obra se logró con apoyo del Banco Mundial y fue exitosa al punto que la institución la mostró al mundo como un modelo a seguir para la pequeña y mediana agricultura.
“Pero acá todo está pensado para culminar en grandes unidades de producción, porque estas grandes obras de infraestructura terminan en el canal madre y hay que hacer canales secundarios y los canales finales que llegan a las chacras, entonces el inversionista que asume ese papel tiene que vender a un precio alto. El que compra las tierras tiene que invertir mucho en completar desde el canal primario, pero ese es un problema de diseño porque perfectamente podrían hacerlo hasta el canal secundario y abaratarlo, permitiendo con nuevos esquemas de financiamiento unidades agropecuarias de 100 a 50 hectáreas o menos”, estima.
Problema azucarero
Finalmente, el líder de Cepes se enfocó en la evolución de las haciendas azucareras del norte peruano que también fueron expropiadas y que cuentan con grandes plantas industriales. Fueron en total 12, la mayoría en Lambayeque y La Libertad, que se vieron minadas por gestiones corruptas que acumularon deudas por impuestos y servicios de salud con el Estado.
Esta deuda sirvió para que Fujimori propusiera capitalizar la participación del Estado en estas empresas y venderla a terceros. Así pasaron de ser cooperativas a sociedades por acciones. Hoy, estas administraciones están envueltas en escándalos delictivos sin que el Estado intervenga.
Pero, si el panorama es tan disfuncional, ¿por qué nadie quiere implementar cambios en él?
Eguren tiene claras las razones: la nueva acumulación de tierras en pocas manos no desplaza a nadie porque se da sobre áreas que eran desérticas, sin cultivos. Además, la sociedad peruana se ha ido despolitizando y buena parte del “ideario neoliberal” se ha convertido en sentido común.
“Además, si vas al norte y ves los latifundios recuerdas que eran desiertos, y ahora los ves verdes, son vergeles, es impactante, entonces piensas que es el modelo a seguir y que no hay que tocarlo”, finaliza.
*Transcrito de entrevista en video para el programa “El Arriero” de LaMula.pe
