(Agraria.pe) De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, durante la última década, la pobreza y la hambruna en el Perú se redujeron considerablemente gracias al crecimiento económico, la inversión en infraestructura, salud y educación, y la expansión de los programas sociales. Inclusive, si bien la inseguridad alimentaría todavía persiste, estos factores posicionaron al país como uno de los primeros a nivel mundial que erradicaría el hambre y la malnutrición.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), otro de los factores que contribuyó a la reducción de la inseguridad alimentaria, sobre todo en los menores de edad, fueron las intervenciones gubernamentales y la implementación del Programa Articulado Nutricional (PAN). Este consiste en un conjunto de intervenciones articuladas por el Ministerio de Salud (Minsa) orientadas a la reducción de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años.
Al respecto, durante los últimos años, se mantuvo un crecimiento en la ejecución del PAN hasta alcanzar los S/ 2.611 millones en 2019, aunque se redujo a S/ 2.450 millones el año pasado, lo que significa una reducción del 6.2%, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, a pesar de ello, mantuvo un elevado nivel de ejecución de su presupuesto, el cual alcanzó el 94.5% en 2020, cuando el promedio de ejecución presupuestal del Gobierno ascendió al 84.1%. Esta situación se mantuvo a nivel departamental, pues el peor resultado se registró en Junín, con S/ 96.8 millones, lo que representó un avance del 87.5%, encima del promedio agregado del Gobierno.
Dichos factores contribuyeron a una reducción de la proporción de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica en el país, durante la última década, a casi la mitad de lo registrado en 2010. En particular, a nivel nacional, la proporción descendió al 12.1%, aunque en departamentos como Huancavelica (31.5%), Loreto (25.5%) y Cajamarca (24.4%) se registraron resultados mucho más elevados, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes). Además, a pesar del progreso, se mantuvo la considerable disparidad entre áreas de residencia, pues en ello descendió al 7.2%, pero en el rural más que triplicó dicho resultado, con una incidencia del 24.8%.
¿Hacia una mayor inseguridad alimentaria?
No obstante, si se considera que una de las principales razones que explican la desnutrición crónica infantil sería el acceso insuficiente a alimentos adecuados, según el Minsa, erradicar su presencia no dependerá únicamente de asignar mayor presupuesto a los programas existentes o crear nuevos. En particular, también se requerirá mantener la estabilidad económica que propicie la reducción de la inseguridad alimentaria, de manera que sería imposible lograrlo respaldando propuestas que atenten contra ello.
En realidad, nuestro país también se caracteriza por una elevada incidencia de personas que no alcanzan una ingesta adecuada de alimentos que satisfaga los niveles mínimos de energía requeridos, pues el 26.8% de personas a nivel nacional se encontraban en dicha condición en 2019, aunque en el ámbito urbano ascendía al 27% y en el rural descendía al 26.2%, según el INEI. Esto supera considerablemente los indicadores de desnutrición crónica infantil para dicho año, aunque la tendencia se mantiene también para los anteriores. Es decir, una proporción considerable de personas padece de inseguridad alimentaria y no son atendidas por un programa especializado como el PAN.
Por ello, resulta inconcebible erradicar los problemas alimentarios en el país implementando restricciones arbitrarias que indudablemente lo imposibilitarían. Por ejemplo, el respaldo de políticas que atentan contra la libertad del sector privado ha desembocado en un incremento considerable del tipo de cambio, lo cual atenta directamente contra la capacidad de acceso a alimentos de la familia pues, alrededor del 20% de los bienes considerados en la canasta básica familiar son importados o se encuentran denominados en dólares, según Diego Winkelried, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.
De igual manera, la prohibición de importaciones también atentaría contra la capacidad de las familias para acceder a alimentos adecuados. Esto porque, si bien el Perú se caracteriza por su potencial agricultor, la producción nacional no cuenta con la capacidad para satisfacer la demanda interna, como sucede con varios productos. Por ejemplo, la cantidad producida en el país de maíz duro amarillo ascendió a 1.279.153 toneladas en 2010, pero en 2020 alcanzó las 1.126.397 toneladas, lo que evidencia una reducción del 11.9%, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Por el contrario, la cantidad importada de maíz duro amarillo se incrementó de 1.903.273 a 3.743.131 toneladas (+96.7%) durante el mismo periodo, según cifras de la Sunat, en respuesta al mayor consumo que no podía ser atendido por los productores locales.
Fuente: Comex Perú
