Por: Carolina Trivelli / Alonso Segura
(Agraria.pe) Los precios de los alimentos han alcanzado récords históricos en el Perú y en el mundo. Ello, sumado a altos precios de combustibles y fertilizantes, y a una menor disponibilidad en el mercado internacional, podría generar la mayor crisis alimentaria en décadas, que arrastre a millones de personas a una situación de hambre.
Múltiples factores han confluido para llegar a esta situación: la disrupción en procesos productivos globales y la fuerte subida en fletes de carga marítima consecuencia de la pandemia; cuarentenas masivas en China; fenómenos climáticos en zonas productoras importantes; la invasión rusa de Ucrania y las consecuentes sanciones económicas que afectan la producción y exportación de ambos países (y de Bielorrusia); las restricciones de exportaciones que cada vez más países están imponiendo y que traen mayor desabastecimiento y presiones en precios, entre otros.
Por tanto, los incrementos en el costo de la canasta básica y de la canasta alimentaria no son atribuibles ni a condiciones internas ni al Gobierno, pero las respuestas de política pública para mitigar sus efectos y evitar que se prolonguen en el tiempo sí lo son. Para ello, debe plantearse una estrategia con al menos cinco ejes articulados.
Primero, apoyar a los hogares más vulnerables (el porcentaje del ingreso familiar destinado a alimentos en el quintil más bajo es aproximadamente de 50%) mediante bonos alimentarios complementarios a los receptores de programas sociales y a pensionistas de otros sistemas con pensiones de bajo monto. Proteger a la niñez de la desnutrición es fundamental, por lo que Qali Warma podría incluir almuerzo en zonas donde este no se realiza. Ampliar y acelerar el apoyo a comedores populares, clubes de madres, ollas comunes, entre otras iniciativas comunitarias que permitan asistir a hogares enfrentando inseguridad alimentaria que no están cubiertos directamente por programas sociales. Adicionalmente, si bien es necesario revaluar los montos de las transferencias de los programas sociales que no se actualizan desde su creación, lo urgente hoy es implementar medidas temporales y focalizadas que lleguen con celeridad a quienes más lo necesitan. Estas medidas extraordinarias deben incluir, desde su diseño, mecanismos para su retiro una vez que dejen de ser necesarias (cuando el costo de la canasta básica o alimentaria reviertan debajo de cierto umbral).
Segundo, apoyar a los pequeños productores agrarios en la adquisición de fertilizantes para asegurar la continuidad de la producción local de alimentos. Recordemos que 57% de los alimentos que consumimos los peruanos son producidos localmente. Debemos evitar a toda costa una disminución en la productividad agrícola que tendría impacto tanto en el campo (productores con menores ingresos y menor consumo) como en los consumidores urbanos a través de precios altos el próximo año. Ya se han implementado algunas iniciativas de apoyo con bonos agrarios y un DU para la compra de fertilizantes. Sin embargo, dada la naturaleza de la cadena de comercialización y la potencial escasez a nivel global y local (Rusia es nuestro principal proveedor), la escala es insuficiente y aún no se resuelven los complejos aspectos logísticos para la adquisición, identificación de beneficiarios y distribución de fertilizantes. A pesar de que hay productores que están logrando sustituir fertilizantes por otros más baratos o menos escasos (y que los productores de menor escala casi no fertilizan), esta situación no se puede resolver privadamente ante una falla de mercado global. La respuesta tiene que ser urgente para no perder las ventanas de siembra, y no pasar por alto que a mediano plazo debe complementarse con un plan realista para mejorar la productividad y competitividad del sistema agroalimentario peruano.
Tercero, el Gobierno debe priorizar la recuperación del mercado laboral e incidir en la generación de empleos de calidad. En el corto plazo, programas de empleo temporal público pueden ayudar, pero al ser año electoral, ello conlleva riesgos. Corresponde al Gobierno evaluar cómo aprovechar los fuertes vientos de cola de los altos precios de los metales para lograr más inversión privada y empleo.
Cuarto, las medidas anteriores deben financiarse primordialmente mediante reasignaciones de partidas para no comprometer la credibilidad fiscal. El año pasado y el actual hubo un crecimiento importante en la recaudación por precios extraordinarios de los metales que ha permitido niveles de gasto público mayores a los sostenibles en partidas no esenciales, por lo cual hay espacio para una repriorización del presupuesto. También podría evaluarse no prorrogar las onerosas reducciones de impuestos que no han tenido impactos significativos en los precios ni en la capacidad adquisitiva de los hogares vulnerables.
Quinto, el MEF debe recuperar su rol de articulador, no solo entre entidades públicas sino también con el sector privado. Potenciar el rol de las mesas ejecutivas en estas tareas es importante. El deterioro institucional reciente y la erosión severa del capital humano en entidades públicas en estas tareas compromete su capacidad de respuesta. Por ello, el MEF requiere un respaldo pleno desde la Presidencia y salir de su zona de confort para tomar un rol proactivo en el diseño y coordinación de las intervenciones.
Corresponde al Gobierno adoptar medidas extraordinarias con carácter urgente y prioritario para proteger a la población vulnerable ante una emergencia alimentaria que ya se siente y que puede extenderse si no se actúa. No hay de otra.
Fuente: Gestión
