Si bien algunas personas e instituciones expresan preocupación por la alta migración de jóvenes al extranjero, este fenómeno ha sido recurrente en el ámbito rural durante mucho tiempo. La emigración de jóvenes debilita el capital humano en estas áreas, lo que a su vez compromete el futuro de la actividad agraria. 

La ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento en el agro avanzan aceleradamente en varios países del mundo, razón por la cual nuestros agroexportadores y pequeños productores deben ponerse en máxima alerta: pueden ser una oportunidad o una amenaza, según la reacción que se tenga ante ello. Ambos actores tienen la necesidad de captar parte de estas propuestas y adaptarlas a su realidad para beneficiarse; en caso contrario, nuestros mercados internos y externos pueden sucumbir ante la competencia desigual.

En China se gana frontera agrícola venciendo a los desiertos, la agroindustria se robotiza, la agroforestería se expande, se construyen invernaderos inteligentes, se desarrolla la biotecnología que permite cultivar el arroz en 2 meses y medio, y se optimizan los distintos eslabones que conforman las distintas cadenas de valor (riego, siembra, sanidad, manejo, cosecha, procesamiento y ventas), con resultados altamente superiores a los convencionales.

Paralelo a ello, y con la finalidad de conservar o ganar mercados, algunos de estos países aplican - de forma abusiva - prácticas como subsidios, dumping, aranceles, sanciones y barreras de distinto tipo. El “libre mercado” ha terminado de develarse en el mundo y hoy es solo una estrategia de los poderosos.

Estos procesos y prácticas, que pueden poner en riesgo la viabilidad del agro nacional, deben obligar al gobierno de turno a generar políticas agrarias trascendentes que permitan mejorar la calidad, el ciclo productivo, la diferenciación la productividad y la competitividad de nuestros productos; y también para defendernos del abuso y la presión de los países hegemónicos.

Dada su potencia e impacto social, el agro debe constituirse en una base sólida para el desarrollo nacional. La agroindustria, la biodiversidad, la gastronomía y la biotecnología son áreas igualmente importantes que, incluso juntos, pueden contribuir a afrontar los desafíos alimentarios del mundo.

En el año 2023, el Valor Bruto de la Producción Agraria (VBPA) del Perú fue de casi 43 mil millones de soles. De esta cifra, cerca de 26 mil millones correspondieron al sector agrícola, 15 mil millones al sector pecuario y 1.9 mil millones al sector forestal.

En el ámbito agrícola, diez productos concentraron el 60.2% del Valor Bruto de la Producción (VBP). En el sector pecuario, cinco productos contribuyeron al 94.4% del VBP. Además, en el subsector forestal, otros cinco productos explicaron el 75% del VBP. A pesar de esta alta concentración en algunos productos, también existe una amplia variedad de productos con potencial para conquistar nuevos mercados en base a sus características distintivas.

En el siguiente cuadro se presentan algunos indicadores que reflejan la situación económica del agro al año 2023. Al respecto, el sector público, en sus 3 niveles de gobierno, ha “invertido” cerca de 10,000 millones de soles, importe concentrado principalmente en los departamentos de Lima, Cusco, Áncash y Piura. Asimismo, el valor bruto de la producción agraria tuvo sus mayores aportes en los departamentos de Lima (S/ 7,519.7 millones), La Libertad (S/ 5,308.5 millones) e Ica (S/ 3,816.4 millones). De manera similar, las exportaciones agropecuarias alcanzaron un total de US$ 10,283.1 millones, siendo Ica (US$ 2,042.9 millones), La Libertad (US$ 2,026.9 millones) y Piura (US$ 1,216.5 millones) las regiones con mayor contribución, evidenciando que las exportaciones se concentran mayormente en las regiones de la costa.

A nivel per cápita, se puede destacar algunas observaciones: la inversión pública promedio por productor fue de 4,522 soles al año. Sin embargo, se observan notorias desigualdades: mientras que en el productor promedio de las regiones de Lima e Ica se invierte importes superiores a los 20,000 soles anuales, en regiones como Cajamarca, Amazonas y Huánuco, se ha invertido montos que apenas superan los 1,000 soles por año. Este nivel de desequilibrio no contribuye a superar los niveles de pobreza, especialmente en las regiones de la sierra sur y central.

Principales indicadores económicos del sector agropecuario por regiones (2023)

PPA: Presupuesto Público Agrario; VBPA: Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, PA: N° de Productores agropecuarios.

Fuente: MIDAGRI, MEF

Asimismo, se evidencia una marcada desigualdad en los rendimientos en lo producido por los pequeños productores. Por ejemplo, en el caso del café, aproximadamente el 80% de los productores nacionales alcanzan un bajo rendimiento de 15 quintales por hectárea (QQ/ha), mientras que el 15% logra una escala intermedia de 30 QQ/ha y solo el 5% obtiene un alto rendimiento. Lo mismo ocurre con otros productos destacados, como el maíz amarillo y la fibra de alpaca, cuyos rendimientos son principalmente bajos (véase cuadro). Sin embargo, esta disparidad se atenúa ligeramente en el caso de la papa blanca, cuyos rendimientos son principalmente intermedios: aproximadamente el 60% de sus pequeños productores alcanza un promedio de 30 toneladas métricas por hectárea (TM/ha), mientras que el 34% obtiene 20 TM/ha y solo el 6% logra una producción de 50 TM/ha.

Productividades a nivel del pequeño productor

Fuente: Elaboración Propia
Tomando en consideración productos pecuarios representativos como la leche de vaca y la lana de ovino, se presenta una gran variabilidad en los rendimientos: el rendimiento promedio nacional de leche de vaca es de 2,357.00 Kg/vaca/año; sin embargo, en regiones como Lima e Ica se generan rendimientos superiores a 5,000; en tanto que en Ayacucho y Áncash los rendimientos no superan los 2,000 Kg anuales de leche por vaca. De manera similar, el rendimiento promedio nacional de lana de ovino es de 1.86 Kg/oveja/año; no obstante, los rendimientos de las regiones de La Libertad y Puno bordean los 3 kg. anuales por unidad, en tanto que en regiones como Arequipa apenas se supera los 1.5 kg.

Como se sabe, en ambas representaciones la asimetría entre los rendimientos agropecuarios se debe básicamente a las limitaciones del predio y a los factores de producción restringidos que se tiene en tecnología, capital y trabajo.

Rendimientos de algunos productos pecuarios

Fuente: MIDAGRI

En el año 2023, el MIDAGRI, los gobiernos regionales y los gobiernos locales contaron con un presupuesto conjunto de casi 10 mil millones de soles, aproximadamente equivalente al 25% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP). Este monto debió haber convertido a la institucionalidad publica en sólidos aliados del sector agrario. Sin embargo, lamentablemente, aún están lejos de lograrse. A pesar de su relevancia, el aporte fiscal del sector agrario primario es de aproximadamente 2 mil millones de soles al año, según datos de SUNAT.

El núcleo del problema en MIDAGRI y otras instituciones públicas agrarias no radica principalmente en la escasez de recursos económicos ni en la capacidad de sus profesionales, sino en un modelo de gestión, organización y liderazgo profundamente deficiente que se ha consolidado de manera perniciosa a lo largo de los años.

Nos enfrentamos a una serie de problemas a solucionar: pliegos inconexos, funciones superpuestas, distribución inadecuada de recursos humanos, procesos enredados por una maraña de normativas, presupuestos sin objetivos claros y desequilibrados, organigramas obsoletos y prácticas de mercantilismo tanto en términos monetarios como no monetarios. Además, en cada región encontramos entre 10 y 12 unidades agrarias con planes operativos diferentes en enfoque, estrategia y metodología, “gracias” a un CEPLAN cuyo rol rector y efectividad, debiera haber sido cuestionado hace mucho tiempo.

En el cuadro de indicadores del sector agrícola, podemos identificar las inconsistencias en la asignación presupuestaria debido a una práctica “daltónica” por parte del MEF y del MIDAGRI.

En la región Moquegua, el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBPA) es de 150 millones, sin embargo, el presupuesto asignado es de 181 millones. En Áncash, el VBPA alcanza los 959 millones, “financiado” por un presupuesto de 857 millones; en tanto que, en Tumbes, el VBPA alcanzó los 171 millones bajo una inversión o presupuesto de 160 millones. No obstante, encontramos diferencias significativas en algunos casos como Amazonas: su VBPA ascendió a 1215 millones con un presupuesto asignado de tan solo 83 millones. Similarmente, en Huánuco, el VBPA es de 1401 millones con un presupuesto de 147 millones. Finalmente, en Ucayali, el VBPA asciende a 770 millones, mientras que el presupuesto asignado es de 69.5 millones. ¿Es lógica esta distribución de recursos, considerando especialmente que los rendimientos no mejoran en las regiones con mayor presupuesto?

Sería fundamental conocer la metodología utilizada para asignar los recursos: ¿se basa en el área de cultivo, en las unidades agrarias, en el valor de los productos o se asigna de manera empírica?

Para abordar el tema del presupuesto, sería valioso desarrollar un software que muestre tanto el Valor Bruto de la Producción Agraria (VBPA) por provincia como el presupuesto asignado también por provincia. Esto permitiría informar sobre los recursos asignados tanto a las instituciones agrarias como a la población, con la finalidad de ejercer una vigilancia ciudadana efectiva.

Es crucial definir qué esquemas productivos deben ser apoyados: ¿orgánicos, convencionales o aquellos provenientes de la biotecnología? En esta línea, es alentador observar cómo las exportaciones de productos orgánicos han aumentado significativamente, pasando de 2.4 millones de dólares en el año 2000 a 586.6 millones de dólares en el año 2023.

En todas las áreas de trabajo, es fundamental establecer metas y herramientas de medición para evaluar los resultados por regiones. Además, la burocracia estatal debe comprender la situación crítica de los pequeños productores y estar consciente de que podría empeorar.

Los resultados del trabajo del sector público se encuentran en la Encuesta Nacional Agraria del año 2022. Hemos señalado esto en varias ocasiones, pero es crucial insistir hasta que el gobierno asuma su responsabilidad y tome medidas para el cambio. Al respecto, según la encuesta en mención, solo el 6.6% de los productores recibe capacitación, el 3.8% tiene acceso a asistencia técnica y el 6.7% está organizado.

En consecuencia, se está haciendo muy poco para abordar la pobreza en el campo. En ese marco creemos que el enfoque debería caminar hacia una revolución agraria basada en un sistema de producción diferenciado, respaldado por predios agrarios fortalecidos, evitando la micro parcelación y con la expansión de nuevos mercados.