Cuando se analiza la pobreza en el ámbito rural, la atención se dirige, en primer lugar, hacia los pobladores de las comunidades campesinas y nativas. En el Perú, existen más de 9,000 de estas comunidades. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el III Censo de Comunidades Nativas y el I Censo de Comunidades Campesinas, realizado en 2017, se censaron un total de 9.385 comunidades: 2.703 nativas y 6.682 campesinas.

Las comunidades campesinas de nuestro país ocupan aproximadamente 24.7 millones de hectáreas, lo que equivale al 20% de la superficie total del país. Estas tierras se distribuyen principalmente en la sierra (alrededor del 90%), con una proporción menor en la costa y la Amazonía. A pesar de su importancia histórica y cultural, muchas de estas comunidades enfrentan condiciones estructurales de pobreza y marginación.

Hace algunos años, nos encargaron formular un expediente técnico para un proyecto de inversión en las zonas altas de Cusco, donde se asientan 107 comunidades campesinas. El trabajo consideraba entrevistar y encuestar a líderes y productores de las provincias de Espinar y Chumbivilcas sobre sus esquemas de trabajo, organización y producción.

Los resultados fueron desalentadores y confirmaron la hipótesis inicial: las comunidades campesinas, como unidades sociales, estaban prácticamente paralizadas, con gestiones casi simbólicas. Casi la totalidad de las comunidades carecían de planes y capital de trabajo, y la misma proporción de dirigentes manifestaron su desinterés en asumir cargos futuros debido a la “desconsideración” de sus propios pueblos. Además, la baja o nula rentabilidad no se debía al potencial productivo de sus tierras, mayoritariamente destinadas al uso pecuario, sino a la subutilización o abandono de los terrenos comunitarios. También se evidenció una alta migración juvenil.

En el ámbito universitario, cada año cientos de jóvenes egresan de las facultades de ciencias agrarias. Sin embargo, muchos no ejercen su profesión debido a las limitaciones del mercado laboral en esta especialidad, lo que resulta en una pérdida de la inversión realizada en su formación.

Desde hace tiempo, en el Perú se han implementado esquemas de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). En estos, el sector público y privado se unen para desarrollar proyectos sociales o comerciales, con un enfoque de riesgo compartido.

Para poner en valor los terrenos subutilizados en las comunidades campesinas, se podría diseñar un modelo de asociación entre estas comunidades y profesionales agrarios organizados empresarialmente. Este esquema se basaría en un plan de negocios en el que los profesionales se encargarían de la gestión del proyecto, mientras que las comunidades aportarían terrenos y trabajo. Además, sería ideal involucrar al Fondo AgroPerú para financiar iniciativas de este tipo.

Este enfoque uniría los factores clave de producción: capital, tecnología y trabajo, logrando al mismo tiempo que los comuneros adopten nuevos conocimientos técnicos (“know-how”). Asimismo, se podría contar con el apoyo de ProInversión para diseñar un modelo eficiente.

Para relanzar las comunidades campesinas se han propuesto varias medidas: dotarlas de un gerente subsidiado, modificar la Ley de Comunidades Campesinas, implementar la parcelación, crear fondos comunales, entre otras. Sin embargo, cualquier esquema debe garantizar buenos rendimientos, calidad, formalidad e inserción competitiva en el mercado. ¿Podrán lograrlo las comunidades por sí mismas? El diagnóstico sugiere que será difícil.

El hábitat de estas comunidades tiene un valor productivo que podría triplicarse o quintuplicarse con nuevos esquemas de asociatividad entre comuneros y agentes profesionales. Existen muchas alternativas, como la forestería, la crianza de animales menores, cultivos andinos, producción de canola, entre otras. Los indicadores sociales y productivos requieren mejorar significativamente si no queremos ser testigos de una agudización de la pobreza acompañada de recursos abandonados y de poco valor.

En el plano internacional, países como China están desarrollando con éxito granjas digitales gestionadas con inteligencia artificial y satélites. Estas granjas alcanzan productividades 5 o 10 veces mayores que las convencionales, con menor uso de agua, mejores nutrientes y con resistencia al cambio climático. Esto representa una seria amenaza para los productores agrarios peruanos a corto plazo.

Frente a esta competencia, la diferenciación productiva debe ser nuestra estrategia clave. Esa diferenciación debe enfocarse en la producción orgánica de calidad, fuertemente aliada a nuestra gastronomía y salud.

Así como ocurre con los terrenos subutilizados en las comunidades campesinas, existen tierras con alto potencial productivo en manos de gobiernos regionales y del Midagri, que podrían aprovecharse mediante esquemas como los Proyectos en Activos, similares a las APPs.

En cualquiera de los casos, será indispensable no solo fomentar innovación, productividad e inversión, sino también desarrollar campañas permanentes que impulsen el consumo de productos peruanos. En este sentido, se echa de menos la campaña realizada por el Ministerio de la Producción, “Cómprale al Perú”, que, en su momento, logró promover acertadamente el apoyo a la producción nacional.