Inacal pide fortalecer la interacción entre el organismo de normalización y el de supervisión del mercado.
(Agraria.pe) Todas las normas técnicas orientadas a la regulación del sector alimentos deben ser de uso obligatorio en el país, debido a que al ser voluntarias en este momento no se garantiza su completo cumplimiento, explicó el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, al analizar la reciente polémica alrededor del producto bandera de una reconocida marca nacional.
“¿Cuál es la lección aprendida de este caso? Confirmar que el país no tiene un sistema de protección al consumidor que funcione como debe. Existe un conjunto de normas e instituciones que efectivamente tutelan al consumidor, hay un código del consumidor, pero resulta obvio que no basta”, anotó el presidente de Aspec.
Señaló que, como parte de la construcción de un mejor sistema de protección al consumidor, “las normas técnicas que tengan impacto en la salud del consumidor se conviertan en reglamento, todas las que tengan que ver con alimentos, salud, todas ellas deberían ser obligatorias”, dijo.
Las normas técnicas son voluntarias en el mundo entero y el reciente caso ha evidenciado que no todas las empresas las cumplen, anotó.
Instrumentos
“Cuando la norma técnica, además de contener requisitos de calidad, tiene requisitos que te ayudan a proteger al consumidor, es legítimo que se puedan volver obligatorias. Esto ocurre en la medida en que el organismo rector, en este caso Digesa, Senasa, Indecopi, Energía y Minas, Sanipes, el Ministerio de la Producción, las tomen como referencia”, sostuvo por su parte María del Rosario Uría Toro, directora de normalización del Instituto Nacional de Calidad (Inacal).
Explicó que las normas técnicas son voluntarias porque “son el instrumento para crecer, para desarrollar competitividad, además de proteger a los consumidores”.
Estas obedecen a un acuerdo internacional que evita se conviertan en obstáculos técnicos al comercio, de ahí que se elaboren en consenso con todas las partes interesadas: los productores, el sector consumo, los técnicos de laboratorio y colegios profesionales, señaló.
“El consumidor no tiene que leerte la norma técnica, están hechas para que el productor las lea y aplique, para que el regulador las implemente y las aplique en sus sistemas de vigilancia. Al consumidor llegamos a través de la etiqueta. Esa es la bisagra que hace que un proveedor transmita al consumidor su mensaje claro, de allí lo trascendental de que el consumidor las entienda”, señaló.
Reglamentación
Para el presidente de Aspec, pedir que las normas técnicas relacionadas a productos comestibles se conviertan en reglamentos es una opción pertinente, pero teme que el pedido no se concrete nunca, debido a que el país tiene una serie de normas de gran importancia, como la Ley Nº 30021, de Alimentación Saludable de Niños y Adolescentes, aprobada en 2013, que aún no se reglamentan.
“Esta ley promueve un etiquetado simple, que usa las frases ‘Alto en grasa’, ‘alto en azúcar’ o ‘alto en sodio’. Es urgente su reglamentación, porque como hemos visto en el reciente caso de la leche, las etiquetas son confusas. El consumidor no entiende lo descrito en la etiqueta y como sabemos los mayores problemas de salud se originan por un exceso de grasa, azúcar y sal”, anotó.
Para el abogado es fundamental hablar de estos temas porque algunas compras pueden afectar severamente la salud de los consumidores.
Para María del Rosario Uría, de Inacal, casos como el escándalo en que se vio envuelta la leche de una reconocida marca peruana, se pueden evitar si existiera una “fuerte interacción entre el organismo de normalización y el organismo que regula o vigila”, como ocurre en los países desarrollados.
“Aquí no es tema de que no hay normas, que no hay regulación o falta de orden. Nosotros somos punto de contacto del Codex Alimentario [norma internacional sobre productos alimenticios], nosotros damos posición de país en diversos temas. Nos tienen que escuchar y tener en cuenta”, refirió.
Agregó que si bien podría ser positivo convertir algunas normas técnicas en reglamento, este proceso deberá obedecer a un análisis que responda positivamente a la búsqueda de un objetivo legítimo, en este caso proteger la salud, la vida o la seguridad de las personas; y si el cambio no generará barreras al comercio.
Supervisión constante
La gerenta de supervisión y fiscalización del Indecopi, Milagros Pozo, refirió que la institución tiene un plan anual de verificaciones aleatorias de productos y servicios a fin de proteger los derechos de los consumidores. “Para este año hemos incorporado a los proveedores que tienen alto impacto en la canasta básica familiar”, dijo. Por su parte, Abelardo Aramayo, secretario técnico de la comisión de fiscalización de la competencia desleal de la misma institución, señaló que los consumidores tienen una serie de herramientas para defender sus derechos. “Indecopi supervisa la publicidad para analizar si puede inducir a un error al consumidor” señaló, para luego agregar que las sanciones pueden llegar a 700 UIT.
Fuente: El Peruano
