(Agraria.pe) El último comunicado del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) elevó la proyección de El Niño costero a magnitud fuerte entre junio y septiembre, con probabilidad de que el evento se extienda hasta marzo de 2027 y que alcance su mayor intensidad entre noviembre y diciembre de este año.
La temporada principal de lluvias en la costa y sierra norte se concentrará entre setiembre de 2026 y abril de 2027. Esto deja al sector agrario una ventana de cuatro a cinco meses para diseñar e implementar una respuesta antes de que el fenómeno alcance su punto más crítico.
Al respecto, el exministro de la Producción, Alfonso Velásquez Tuesta, indicó que cada episodio de El Niño en el Perú ha generado una respuesta centrada casi exclusivamente en la atención de daños en infraestructura vial, vivienda, salud, entre otros, tarea que según dijo es indispensable y no debe descuidarse; sin embargo, señaló que también es importarte preguntarse ¿qué hace un pequeño productor con el excedente de agua y fertilidad que deja el fenómeno, en los seis a dieciocho meses posteriores a las lluvias?
“Las propuestas que ignoran esta pregunta suelen fallar por una razón técnica simple, asumen disponibilidad de material genético, financiamiento y capacidad de inversión que no existen masivamente en el corto plazo, o plantean cultivos permanentes que demoran entre tres y siete años en generar retorno, un horizonte incompatible con la urgencia de liquidez de un productor que acaba de perder su campaña”, sostuvo.
En ese sentido, propuso el “Plan Agua Productiva”, la cual no requiere crear una nueva entidad ni esperar una ley. Se construye sobre cuatro pilares institucionales con presupuesto y marco legal vigente para 2026.
Señaló que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con un presupuesto sectorial 2026 de S/ 2,853.9 millones, ejecuta a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) un plan que en 2025 benefició a 56.651 familias en 15 departamentos con una ejecución del 95.5% del presupuesto asignado, y que para 2026 contempla la entrega de 17.805 kits veterinarios, 11.700 kits de semillas de pastos cultivados y 900 kits de conservación de forraje en 16 regiones.
La propuesta concreta es replicar este mismo mecanismo de focalización y entrega —ya probado operativamente— en las zonas de costa norte que recibirán el impacto directo del Niño Costero, en lugar de limitarlo a las zonas altoandinas de heladas y friaje.
Asimismo, dijo que la Ley de Compras Estatales de Alimentos de la Agricultura Familiar obliga a Agromercado y al actual Programa de Alimentación Escolar (con un presupuesto 2026 de S/ 2.577 millones para más de 4.2 millones de escolares) a destinar una proporción de sus compras a la agricultura familiar organizada.
Destaco que sin este comprador estatal asegurado, promover la siembra masiva de leguminosas de ciclo corto (frijol castilla, pallar, garbanzo, caupí) tras las lluvias carece de sostenibilidad económica. “La articulación de la oferta post-Niño con esta demanda institucional es, a mi juicio, el eslabón más subestimado de cualquier propuesta productiva frente al fenómeno”.
Velásquez Tuesta recordó que los gobiernos regionales y locales disponen de PROCOMPITE como fondo de cofinanciamiento de planes de negocio para productores organizados, mecanismo que ya se aplica, por ejemplo, en cadenas de granos andinos en Puno. Dijo que la propuesta plantea que gobiernos regionales y municipales de las zonas afectadas asuman directamente el cofinanciamiento de bancos comunales de forraje conservado y de pequeñas plantas de transformación (secadores solares, plantas de balanceados, harinas de leguminosas), sin depender de una transferencia adicional del gobierno nacional.
Además, señaló que la función de infraestructura preventiva (encauzamiento de ríos, descolmatación, micro-reservorios) que antes correspondía a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios hoy la asume la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Añadió que el mecanismo de Obras por Impuestos permite complementar este componente con financiamiento privado del sector agroexportador, sector que conoce bien este instrumento desde su aplicación en infraestructura productiva.
Sobre forestación productiva, mencionó que el Midagri ya tiene programadas 8.257 hectáreas forestales con manejo sostenible para 2026, en beneficio de 25,376 productores; la propuesta es reorientar una porción de esa meta hacia especies nativas de rápida adaptación a condiciones de humedad excepcional como algarrobo, tara, huarango, entre otras, en las zonas de impacto directo del fenómeno.
Sobre la idea de una reserva de biomasa, propuso reformularla como una reserva rotativa regional de forraje conservado, gestionada por los gobiernos regionales con cofinanciamiento PROCOMPITE, evitando la comparación con una reserva estratégica de hidrocarburos: el heno y los ensilados se degradan y requieren rotación, no almacenamiento indefinido.
Para el también ex presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, la declaración de 2026 como Año Internacional de la Agricultora ofrece un marco institucional vigente para exigir que una proporción explícita de kits, planes de negocio PROCOMPITE y contratos de venta a Agromercado y al Programa de Alimentación Escolar se asignen a organizaciones de mujeres productoras. A nivel comunitario, propuso aplicar una metodología de desviación positiva —identificar a las familias que ya aprovechan mejor el excedente hídrico con sus propios medios y replicar esas prácticas— en lugar de imponer un paquete tecnológico uniforme desde el nivel central.
“El valor de estas propuestas no están en su originalidad conceptual, sino en su viabilidad de ejecución inmediata: cada componente se apoya en una institución, un presupuesto y, en varios casos, un mecanismo legal ya vigentes para 2026. Lo que falta no es crear nueva institucionalidad, sino articular, con sentido de urgencia, lo que el Estado peruano ya tiene desplegado”, finalizó Alfonso Velásquez.
