(Agraria.pe) En diciembre del 2020, el Congreso de la República derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) que fue reemplazada por la Ley N° 31110, que le quitó competitividad al sector al incrementar los costos productivos.
La nueva ley ocasionó que se detenga la inversión privada en el sector, generando que no se incrementen las áreas agrícolas en el país y se reduzca el empleo formal. Debido a los malos resultados, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó a fines de noviembre de este año una nueva propuesta de Ley que debe ser debatido en el Congreso de la República.
El proyecto de ley incluye medidas que buscan mejorar la competitividad del sector, como incentivos tributarios y la creación de un marco de seguridad jurídica. Esto permitirá la formalización de tierras y la inclusión de productores que aún no están formalizados, así como la reducción de costos de titulación para pequeños productores y sus formas asociativas.
La propuesta también plantea un régimen tributario favorable para los pequeños productores, quienes podrán acceder a beneficios como la exoneración del IR para ingresos menores a 30 UIT, lo que representará un alivio fiscal significativo para este sector.
Además, el proyecto incluye un sistema de créditos fiscales y una ampliación de la depreciación acelerada para las empresas agrarias, lo cual incentivará las inversiones en infraestructura y tecnología.
Al respecto, el exministro de la Producción, Alfonso Velásquez Tuesta, señaló la necesidad de aprobar dicho dictamen que busca incorporar al pequeño y mediano productor y exportador. “La oportunidad está en que el gobierno y los empresarios encontremos qué oportunidades podemos gestionar para apoyar a los pequeños productores e insertarlos a la cadena agroexportadora”.
Indicó que cuando se derogó la Ley de Promoción Agraria N° 27360 nadie salió a defenderla porque el sector empresarial no tuvo tiempo de fortalecer las alianzas con la agricultura familiar para que sea sólida y que permita gestionar la sostenibilidad de la agricultura peruana.
“Mientras no haya esta relación, esta visión compartida de lo que tiene que ser la agricultura donde participan grandes, medianos y pequeños, vamos a tener problemas de todo tipo. Ahora que está sobre la palestra una nueva ley agraria es el momento que se restablezcan los niveles de la Ley N° 27360 para seguir impulsando la inversión”, sostuvo.
Al respecto señaló que la Ley N° 27360 trajo muchos avances en el sector nacional, lo que le permitió crecer el doble que a nivel mundial (agroexportaciones peruanas crecieron alrededor del 16% en promedio anual, cuando en el mundo solo fue de 8%), lo que demuestra el potencial de inversión que tiene el empresario peruano, sumado -en menor porcentaje- a la inversión extranjera.
Indicó que esta agricultura moderna solo ocupa el 5% de las potenciales áreas con las que cuenta nuestro país (es decir son entre 200 mil y 250 mil hectáreas), por lo cual existe una gran oportunidad por seguir creciendo y desarrollando más y nuevos productos en este 95% de tierras aun sin aprovechar.
En ese sentido, dijo que la nueva ley agraria tiene que considerar mecanismos e incentivos que motiven que esta alianza se forje a través de la presencia del empresario (que conoce el mercado, conoce el paquete tecnológico, conoce de proceso y de dotación de valor agregado), que se acerque a las huestes productivas debidamente organizadas lideradas por sus alcaldes y gobernadores que se involucran de forma organizada para apoyar con los recursos que manejan y la convocatoria que tienen, aproximarse a las agencias de los ministerios que están alrededor de las zonas productivas para trabajar de forma integrada y colaborativa.
Agregó que la presencia de los empresarios, a través de los incentivos, va a permitir que gestione la gobernanza productiva, en donde se acerca a los gobiernos sub nacionales para poner sobre la mesa (de forma transparente) sus requerimientos productivos; y juntos inician a construir este camino de colaboración, de alianza estratégica y de valor compartido. “En esta alianza ganar-ganar podemos crecer, generar bienestar, compartir conocimientos y conquistar juntos los mercados”.
Indicó que la experiencia mostrada en Sierra y Selva Exportadora (hoy Agromercado) nos enseña ya el camino de aquellos productos que tiene mayor demanda internacional y potencial productivo en los territorios.
Ley de Promoción Agraria N° 27360 generó mayor tributación y empleo formal
Respecto a la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la aprobación de la propuesta de ley, debido al impacto fiscal que se tendría por los beneficios tributarios que busca otorgar (costo sería de S/1.888 millones anuales), lo que según dice, debilitaría la recaudación de ingresos públicos, Velásquez Tuesta, dijo que fue justamente la ley de Promoción Agraria N° 27360 la que permitió que se produzcan más actividades en el sector, generando que se tribute más.
Al respecto, detalló que la recaudación por el impuesto a la renta en el sector creció 477.2% en los últimos 20 años (pasó de US$ 162 millones en 2004 a US$ 935 millones en 2023), justamente por la Ley de Promoción Agraria N° 27360 y ahora el crecimiento será mayor debido a que actualmente nuestro país exporta productos con mayor valor, que tiene gran preferencia y demanda mundial.
Explicó que el crecimiento de los primeros 20 años ha sido con productos de menor valor, como espárragos y alcachofas, pero en los últimos años tenemos cultivos de mucho mayor valor como arándanos y uvas, donde los precios son mayores y consecuentemente la recaudación de esos volúmenes son más significativos. “Mayor precio por los productos significa mayor monto a exportar FOB y consecuentemente mayor tributación”.
Además, dijo que el dinero que no se ha recaudado se ha invertido generando desarrollo. “Así como ocurre con la energía, el dinero que no se recauda no se pierde ni se destruye, simplemente se transforma", ya que se reinvierte y circula en el mercado generando más progreso, creando empleo y aumentando la competitividad, lo que finalmente puede traducirse en mayores recursos fiscales a largo plazo a través de un crecimiento económico sostenido”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó que los incentivos por la Ley N° 27360 funcionaron para incrementar el número de trabajadores asalariados formales generados por la actividad agraria y agroindustria. Al respecto, detalló que en 2004 se contabilizó 299 mil empleos formales indirectos y 131 empleos formales directos; mientras que en el 2022 fueron 787 mil empleos formales indirectos y 344 mil empleos formales directos.
Como se aprecia, claramente hubo un incremento sostenido del empleo formal (tanto directo como indirecto), eso nos debe llamar la atención de manera positiva; sin embargo, el sector formal en agricultura no representa ni el 10%. Todavía hay un gran número de puestos de trabajo por formalizar en la agricultura.
“No incentivar hoy la inversión en un sector tan importante, de tanto efecto multiplicador en la economía, es algo que no debemos permitir, ya que es querer frenar el desarrollo nacional, menos ahora que queremos incorporar a la agricultura familiar”, finalizó Alfonso Velásquez.
Dato
. Alfonso Velásquez señala que otra propuesta para apoyar a los pequeños productores es las siembras por contratos, donde en función del potencial productivo de un territorio y teniendo un mercado demandante que necesita ser abastecido, el empresario se acerca -a través de los alcaldes/gobernadores o dirigentes de organizaciones- a los productores, fijando los objetivos de esta alianza.
Detalló que en la alianza se acuerdan los aportes de las partes, donde el empresario podría dotar de insumos (plántulas, semillas, fertilizantes, abonos), paquetes tecnológicos, asistencia técnica, para acompañar la siembra. Esta entrega sería a cuenta de la cosecha, donde el agricultor recibe un precio mínimo de garantía, se compromete a entregar toda su producción a la empresa, así como a cuidar y preservar las indicaciones que brinda la asistencia técnica para lograr la mayor productividad posible, lo que le permitirá al agricultor tener más ingresos.
Cuando la entrega de la producción se hace efectiva, la empresa descontará el valor de los insumos aportados en esta alianza productiva. Hay que destacar que en esta alianza la empresa se compromete a la compra total de la producción y también a la fijación de un precio mínimo garantizado que, además de cubrir el costo, le represente una atractiva utilidad al productor.
