(Agraria.pe) La Ley de la Promoción Agraria (Ley 27360) es una de las piezas claves –al lado de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú– para explicar el milagro económico y social que, durante dos décadas, se gestó con las agroexportaciones. Un milagro de crecimiento, productividad e inclusión social.
Como todos sabemos, las agroexportaciones en 20 años crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad. Seguirán creciendo hasta el 2023, pero desde el 2024 todo se estancará y declinará. El motivo: la absurda derogatoria de la Ley 27360 durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la también conducción provisional de la mesa directiva del Legislativo de Mirtha Vásquez. No hay nuevas inversiones y el crecimiento actual es producto de la inercia de las previas.
Bajo la mencionada ley se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y el trabajo formal se incrementó de 460 mil empleos entre directos e indirectos a más de un millón en la actualidad. Algunas empresas llegaban a contratar a cerca de 15,000 trabajadores por campaña, con todos los derechos sociales reconocidos. Por otro lado, la pobreza en las regiones agroexportadoras cayó por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, la pobreza se redujo a 10% de la población cuando los pobres del país sumaban en promedio el 20% antes de la pandemia (hoy está en 27.5%).
Una de las claves de este milagro social agroexportador fue el régimen de flexibilidad laboral que permitía que las empresas contrataran por campaña de acuerdo con los ciclos y estacionalidad de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. ¿Cómo así entonces se derogó una ley que incrementó las agroexportaciones en más de 1000% y aumentó el empleo formal en más de 150%? ¿Quién puede responder a esta barbarie económica? De allí que, en las regiones agroexportadoras, haya surgido un movimiento de trabajadores que comienzan a exigir el restablecimiento de la derogada ley.
La norma que reemplaza a la Ley de Promoción Agraria, la Ley 31110, en la práctica, termina cancelando todos los principios de la flexibilidad laboral, una de las claves para el aumento del empleo formal en el agro y una de las explicaciones del porque todas las naciones desarrolladas suelen alcanzar el pleno empleo.
La Ley 31110 establece que la empresa está obligada a contratar al trabajador por los antecedentes; es decir, si antes fue contratado por la misma entidad. Asimismo, crea un régimen de negociación colectiva al margen del régimen general laboral. ¿Cómo es posible que, luego de dos décadas de promocionar la inversión privada y el empleo formal, se pase a una especie de colectivización velada de las relaciones laborales?
Si hay dudas al respecto vale señalar que la Ley 31110 establece una bonificación extraordinaria del trabajador agrario (BETA) que agrega una bonificación del 30% sobre la remuneración mínima vital (RMV). Es decir, con cada incremento de la RMV el impacto en el empleo formal agrario no solo se reflejará en este incremento, sino que también se agregará un 30%. ¿Cómo se puede entender semejante giro estatista luego de promover la flexibilidad laboral y la formalización del empleo?
¿Acaso los enemigos de la Ley 27360 presentaron un solo argumento en contra de los beneficios que lograban los trabajadores? No se conoce ni uno. La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, entonces, fue una de las mayores operaciones ideológicas del colectivismo en contra de la inversión privada que genera empleo, reduce pobreza, crea clase media y formaliza el empleo. De alguna manera fue uno de los antecedentes de la llegada de Pedro Castillo al poder y todo su discurso anti-inversión.
De allí que sea imposible entender por qué hasta ahora el Congreso que detuvo la constituyente no se atreve a restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria.
Fuente: elmontonero.pe
