(Agraria.pe) La nueva ley agraria surge luego del paro agrario y las protestas de finales del 2020, en el norte y sur del Perú. El reclamo central fue la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria N° 27360, una ley que había sido muy beneficiosa para la agroindustria peruana, que había propiciado la inversión, la contratación formal y que había hecho que despeguen y se consoliden productos emblemáticos del país.
Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), es tajante al afirmar que “La nueva Ley Agraria Nº 31110, aprobada a fines del 2020 luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria Nº 27360, restó competitividad al sector”.
La nueva Ley, continúa Amaro, le generó una serie de sobrecostos y riesgos innecesarios a un sector agrario que venía de varios años de crecimiento en las exportaciones, en la generación de empleo formal en las zonas rurales, en la atracción de inversiones.
“Los impactos positivos eran muchos para el país, tanto en el aspecto social como en el económico. Esta situación –la nueva Ley– ha derivado en la disminución de nuevas inversiones en el sector agrario, con la consecuente disminución de la generación de empleo formal, y ha ocasionado que la curva exponencial de crecimiento del rubro se ralentice”, agrega.
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), ya se había pronunciado al respecto, en un informe que publicó en septiembre del año pasado:
“Tras la implementación de la Nueva Ley Agraria, a comienzos de 2021, se empezaron a exigir mayores costos de contratación, que se asemejan al Régimen General, además de contemplarse una bonificación especial por trabajo agrario (BETA), equivalente al 30% de un salario mínimo”.
A más de dos años de la implementación, el especialista en agronegocios Ángel Manero –quien ha sido gerente de Sunshine Export, director del Banco Agropecuario, Director Nacional de Agricultura y es actual consultor en agronegocios y desarrollo agrario– dice que los sobrecostos laborales son evidentes.
“Entre otras cosas, implementó un sobrecosto laboral (bonificación BETA); también elimina gradualmente los beneficios de pagar menos renta y EsSalud. Es decir, con la Ley de Promoción Agraria el sector agrícola pagaba 6% por EsSalud, cuando los demás sectores pagaban 9%; a partir del 2025, el agro pagará 9%, igual que todos; además, aumentó gradualmente el reparto de utilidades a los trabajadores. Todo esto fue un balde de agua fría para nuestros empresarios agroexportadores; estas modificaciones significan, en el papel, reducir, en promedio, la utilidad neta a la mitad de lo que recibían antes”.
Crisis internas y externas
Pero, ¿se han paralizado proyectos de nuevas plantaciones en empresas como consecuencia de esta nueva ley o simplemente las empresas no plantan más precisamente para ordenar el mercado?
Para Gabriel Amaro, existen varios factores que han afectado, en general, el devenir de las inversiones agrícolas en el Perú.
“No sólo se trata de la nueva ley agraria, aunque hay que decir que tiene su buen porcentaje de culpa; también tiene que ver con las crisis que el mundo está viviendo desde el 2020, a la par de las propias crisis que el Perú sufre, crisis políticas que vienen generando inestabilidad en los últimos seis años, así como condiciones más complejas para el sector,” explica.
En épocas de la Ley de Promoción Agraria se tenía previsto, en los siguientes cinco o seis años, invertir en, aproximadamente, 30,000 nuevas hectáreas de cultivo, “sin contar las nuevas áreas habilitadas de miles de hectáreas por los grandes proyectos de irrigación como Majes Siguas y Chavimochic, entre otros. Sin embargo, esto no sucedió completamente por los factores mencionados anteriormente”, dice Amaro.
Por su parte, Ángel Manero advierte que, en efecto, se han paralizado muchos proyectos de nuevas plantaciones de paltos, uvas y arándanos.
“Pero no por la nueva ley agraria, sino porque los mercados están saturados de fruta en nuestra ventana de exportación. Ya no se trata de desplazar a otros países, sino de que toda oferta adicional nos baja los precios a nosotros. De haber habido más demanda insatisfecha, aún con la nueva ley, estos proyectos se hubieran implementado. Las veinte principales empresas agroexportadoras en el Perú tienen un stock de más de 100 mil hectáreas disponibles para sembrarse inmediatamente. Lo más probable es que las nuevas plantaciones se retomen a partir del año 2027, aunque a baja intensidad”, aclara y pronostica.
Pero no todo es negativo para el presidente de AGAP, Gabriel Amaro; menciona el tremendo potencial agrario que permitiría al país “conquistar todos los mercados. Recién estamos empezando y siempre miramos el futuro con optimismo a pesar de las dificultades. Las operaciones agrarias están mejorando sus procesos internos, automatizándose, buscando mejores variedades y diversificando cultivos y mercados para buscar darle sostenibilidad al sector y poder enfrentar los retos actuales”.
La importancia del Senasa
En relación a las recientes versiones que indican que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) estaría decidiendo traspasar las funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) a los gobiernos regionales, Gabriel Amaro se muestra contrario a esta posibilidad. “El Senasa debe mantenerse como una institución nacional debido a que se perdería eficacia con los distintos criterios que tendrían los Gobiernos Regionales. Lo que se debe hacer es fortalecerla en términos de presupuesto y recursos humanos. Su labor es fundamental para garantizar la sanidad agropecuaria y proteger la reputación de nuestros productos en el mercado”.
Fuente: Portal Frutícola
