Por: Milton von Hesse, director de Videnza Consultores
(Agraria.pe) En las próximas semanas se aprobaría el texto del reglamento que busca combatir a la “deforestación importada”. Dicho reglamento establece que aquellas empresas que deseen comercializar productos en el mercado de la Unión Europea deberán demostrar que aquellos no han contribuido con la deforestación al haber sido producidos en tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre del 2020. Esta norma, cuyo objetivo es promover la conservación de bosques y sus ecosistemas en el planeta, puede, sin embargo, si el Perú no toma las previsiones necesarias, afectar negativamente la exportación de productos como café, cacao, palma aceitera, kion, cítrico, entre otros. La razón de dicho riesgo radica, principalmente, en un marco normativo nacional que propicia la informalidad, especialmente en materia forestal y ambiental y no abre opciones para la formalidad de, sobre todo, pequeños agricultores que realizan hace décadas sus labores en tierras deforestadas.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Crecer, sobre la base de estadísticas de la SUNAT, el impacto por menores importaciones de la UE de productos peruanos sería de 600 millones de dólares a partir del 2024, tomando en cuenta que el 90 % de los suelos de la Amazonía son forestales y que poco más del 50 % de las exportaciones de la selva se dirigen a Europa.
En particular, las normas peruanas restringen la actividad agrícola sobre suelos que antes fueron forestales o terrenos con pocas capacidades productivas que se encuentran en pendientes o altos niveles de acidez, podrían ocasionar que se configure una situación de ilegalidad y, por lo tanto, no se cumpla con las condiciones para exportar sus productos a la Unión Europea. La mayor incidencia negativa de estas normas nacionales se daría en la Amazonía del país, en terrenos que son propiedad de pequeños agricultores que tienen títulos de propiedad o constancias de posesión otorgados por el Estado, así como apoyos en créditos, asistencia técnica y otros servicios públicos que han consolidado desde hace muchos años la agricultura en esa región del Perú.
Recordemos que la Amazonía peruana hoy se ha convertido en el área agropecuaria más importante del país, en extensión y variedad de productos. Aproximadamente 70 productos que son la base alimentaria de cerca de 6 millones de peruanos y exportaciones que alcanzan los US$ 1,200 millones por año. Todo este esfuerzo que ha sido promovido por el Estado de manera continua e ininterrumpida desde la década de los 70, pasando por estrategias de colonización de la Amazonía, fronteras vivas, reconocimiento de desplazados por la violencia terrorista y, más recientemente, por las estrategias de reconversión productiva en la lucha contra el cultivo ilegal de coca.
En tal sentido, resulta fundamental que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pongan como prioridad generar un mecanismo de adecuación y formalización del agro nacional para que pueda competir en igualdad de condiciones con otros países de la región y del mundo. Es clave que se reconozca el uso actual de los suelos y se evite incurrir en procedimientos ex post que son costosos como la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor (CTCUM) y el permiso de cambio de uso (retiro de cobertura boscosa), cuando la agricultura ya está produciendo en terrenos deforestados desde hace décadas.
En el Congreso de la República se encuentra un Proyecto de Modificación de la Ley Forestal que incluye una disposición complementaria final única que busca darle una salida legal a estos productores agrícolas que deberá discutirse y perfeccionarse en las próximas semanas.
