(Agraria.pe) En un reporte sobre las débiles experiencias del Estado como intermediario financiero, el Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló al Banco Agropecuario (Agrobanco) como otro caso “de banca estatal ineficiente”.
El ente analítico recuerda que ya en 1992 el Agrobanco había sido liquidado por sus enormes pérdidas y ser una de las fuentes mayores de emisión monetaria que provocaron la hiperinflación de fines de los años ochenta.
Luego, fue restablecido en 2001 para financiar a los productores agrícolas y pecuarios que no cumplían requisitos exigidos por el sistema financiero tradicional, a pesar de que había otras opciones.
“Por ejemplo, si el problema de acceso a los agricultores hubiese sido la falta de garantías, el sector público podría haberlas otorgado a las entidades financieras privadas, como el programa Reactiva; en caso las tasas de interés hayan sido muy elevadas, pudieron ser subsidiadas acorde a las necesidades de los productores”, explica el IPE.
Así, tras 19 años de operaciones, refiere, este modelo de negocio exhibe deficiencias de gestión: entre 2017 y 2019 el porcentaje de créditos atrasados de Agrobanco se incrementó poco más de 50 puntos porcentuales y, a diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, este ya alcanzaba el 84.6% del total de colocaciones.
Como si fuera poco, a mayo de 2021, la morosidad presenta un nivel de 85.2%, lo que es más de 12 veces por encima del promedio de las microempresas en el sistema financiero (6.6%). Incluso, a pesar de que las pérdidas netas se han reducido durante los últimos años, estas ascienden al 38,2% del patrimonio de Agrobanco.
Deficiente gestión de recursos
Para la agricultura, el presidente Pedro Castillo propuso adicionar S/ 3000 millones a través del programa FAE Agro, creado en 2020 para garantizar créditos baratos a pequeños productores agropecuarios. Si embargo, observa el IPE, a la fecha solo se han colocado cerca de S/ 230 millones de los S/ 2000 millones que ya tenía asignado, lo que siginfica apenas un 11% del total.
“Resulta evidente que el programa no requiere de mayores fondos, sino de una mejora en el diseño y gestión que tome en cuenta las condiciones de acceso al sistema financiero”, opina.
Por ello, el IPE pide que el sector público se concentre en la consolidación de mecanismos financieros de “segundo piso”, que canalicen préstamos con entidades financieras privadas, lo que sería ventajoso ya que éstas cuentan con más incentivos para proveer créditos que después puedan ser repagados.
Un buen ejemplo de este caso sería el esquema de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que, al ser una entidad de “segundo piso” exclusivamente, puede tener niveles de morosidad similares a los del promedio de la banca múltiple.
Con una mayor profundización del sistema financiero privado, estos esquemas representarían mejores alternativas para la asignación de recursos en vez de regresar a los experimentos fallidos de banca estatal del pasado, refiere el IPE. “Por el contrario, la ruta del gobierno entrante debería pasar por adoptar medidas que incrementen la competencia en el sistema financiero y que tendrían un mayor éxito para el objetivo de cerrar las brechas de acceso al crédito en la población más vulnerable”, agrega.
Por todo ello, concluye, si bien el presidente Castillo señaló la necesidad de que el Estado asuma el financimiento directo de créditos a los segmentos menos atendidos, la experiencia previa revela que esta experiencia ha sido, en el mejor de los casos, desfavorable, básicamente por no desarrollar una lógica de rentabilidad financiera positiva, no tener políticas de cobranzas adecuadas, reprogramar recurrentemente deudas (lo que implica que los préstamos no se devuelven) y no evaluar apropiadamente los riesgos de los acreedores.
“De esta manera, en caso el gobierno impulse los préstamos estatales, los escasos recursos del Estado podrían no ser asignados eficientemente hacia fines productivos”, dictamina.
