(Agraria.pe) El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) autorizó la transferencia de S/ 6 millones a gobiernos locales de 11 regiones del país para la ejecución de 60 proyectos productivos y de infraestructura que permitirán resarcir los daños colectivos sufridos durante el periodo de violencia de mayo de 1980 a noviembre del 2000.
La Resolución Ministerial 0047-2021-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, indica que esta medida se realiza en cumplimiento de la Ley 28592 del Plan Integral de Reparaciones (PIR).
Los proyectos se ejecutarán en las regiones de San Martin (17), Lima (8), Junín (7), Huánuco (6), Huancavelica (5), Puno (5), Apurímac (4), Ayacucho (4), Ucayali (2), Cusco (1) y Áncash (1).
Estas obras consisten en 21 locales comunales, 12 infraestructuras viales, dos comedores populares, dos infraestructuras educativas, un sistema de electrificación y nueve proyectos para la crianza de ganado vacuno.
Asimismo, cuatro proyectos de producción agrícola, dos piscigranjas, dos plantas procesadoras de queso, tres sistemas de riego agrícola, un espacio para la comercialización de productos, y un sistema comunitario de agua potable y saneamiento.
Considerando las medidas sanitarias y de seguridad para evitar el riesgo de contagio del covid-19, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (SE-CMAN) del Minjusdh y los gobiernos locales facilitaron espacios para la elección democrática de los proyectos a implementar, teniendo en cuenta las afectaciones sufridas, la situación actual de las comunidades así como sus expectativas, conocimientos y saberes locales; promoviendo la participación democrática de hombres y mujeres.
La articulación entre la SE-CMAN y los gobiernos locales, además, garantiza la sostenibilidad de estos proyectos pues a los 6 millones de soles transferidos se suman más de S/ 4 millones de contrapartida de las comunas, consolidando más de 10 millones para la ejecución de proyectos.
Gracias a esta inversión se facilitará el desarrollo y organización comunitaria, la producción agrícola, la mejora de infraestructura vial, educativa y de saneamiento; todo lo cual impactará positivamente en las comunidades ubicadas en su mayoría en el ámbito rural y en situación de pobreza extrema o pobreza.
Con ello se garantiza la oportuna atención para la reconstrucción y fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de las comunidades afectadas por el periodo de violencia 1980-2000.
A la fecha son 3.722 comunidades y organizaciones de desplazados inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), atendidas con esta medida de reparación.
Fuente: Andina
