(Agraria.pe) Liderado por su candidata presidencial Verónika Mendoza, Juntos por el Perú (JP) es uno de los proyectos políticos expectantes en la carrera hacia las elecciones generales del 11 de abril. Una de las ideas que más resuena a propósito de su propuesta económica es la de una “Segunda Reforma Agraria”. Eduardo Zegarra, miembro del equipo económico del partido, desarrolla los puntos que esta iniciativa comprende y explica luego por qué escogieron esa denominación y en qué se diferencia de la primera.
“Hay un diagnóstico claro de la situación crítica que está afrontando la agricultura peruana, sobre todo la orientada al mercado interno, que está duramente golpeada por la pandemia y la crisis económica. Tenemos estimaciones de que el ingreso promedio del agricultor peruano ha caído al menos en 50%, en algunos casos más, y eso requiere un tipo de atención más oportuna e integral del Estado a los agricultores”, señala como panorama general.
Ante ello, una primera medida, dice, es diseñar un bono productivo agrario que se traduciría en una transferencia directa a por lo menos un millón de pequeños agricultores para financiar parte de los costos de la próxima campaña que empieza en julio o agosto. Esto va acompañado de un nuevo esquema de compras públicas de alimentos de la agricultura familiar, algo que el actual gobierno está realizando “tímidamente” con el programa “Hambre Cero”. “Ahí nuestra propuesta tiene diferencias […] nosotros planteamos generar el sistema de compras públicas a partir del funcionamiento de los mercados mayoristas y mercados de productores en las provincias del país. Nos parece que la idea de los mercados itinerantes no funciona ni tiene impacto en los agricultores”, complementa.
“Agrobanco no ha funcionado”
Otro de los puntales de la propuesta de JP es una banca de fomento rural agraria para colocar créditos de manera más directa, ya no a través de subastas de Cofide, sino con la participación de los gremios de productores y gobiernos regionales y locales para llegar a un mínimo de 350 mil productores más articulados al mercado.
Zegarra apunta que en este ámbito el modelo de Agrobanco no ha funcionado, por lo que se plantea un esquema más potente que combinaría las funciones del Banco de la Nación con la banca de fomento, lo que permitirá tener capacidad de colocación directa en la mayor parte de provincias agrarias del país.
“Nosotros sí creemos en la necesidad de la intervención del Estado en el financiamiento agrario. Creemos que, como muchos países, Perú debe tener un sistema claro y fuerte de intervención colocando recursos a tasas de interés adecuadas y accesibles como el que ha usado el fondo Reactiva Perú e incluso FAE MYPE”, sostiene. Desde su perspectiva, una tasa de 2 a 3% anual es factible en esta etapa de recesión, un indicador que se irá adecuando cuando haya mayor crecimiento económico, pero en ningún caso comparable a las tasas actuales de Agrobanco que llegan al 25%. Esto no significaría, aclara, que Agrobanco dejará de existir, sino que formará parte de este sistema más amplio que se asemejaría a lo que hace el Banco del Estado de Chile y otros países de la región que cuentan con banca de fomento rural agrario.
Proteger la producción nacional
El especialista de JP acusa que el país ha desmantelado innecesariamente la producción nacional agrícola desde 2006, desapareciendo los aranceles y distorsionando la franja de precios, lo que permite el ingreso de importaciones subsidiadas desde países desarrollados. Un caso paradigmático es el de papa precocida y congelada que proviene principalmente de Europa y que estaría impactando en productores locales de papa blanca. En este punto, considera que Perú debe seguir el ejemplo de Colombia y aplicar medidas antidumping a la papa europea, a la vez que se impulse una industria nacional procesadora del tubérculo que ayudaría al productor a tener mayor participación en el mercado interno.
Otra línea de productos que debe evaluarse es la de los lácteos, donde estima que hay un monopolio por parte de Gloria en la compra a los productores, y un abuso de las importaciones de productos baratos y subsidiados o insumos lácteos para recombinación. “Hay que imponer restricciones a la recombinación de leche, establecer que no puede ser generada de forma hiperindustrializada, de forma contraria al interés de los consumidores. Se debe comprar la leche nacional de manera más competitiva, cubriendo adecuadamente costos y necesidades de los pequeños ganaderos”, agrega.
Relación con la agroindustria
A raíz de los luctuosos sucesos de fines del año pasado y principios de éste, se puso en entredicho el auge de la agroindustria en su rama laboral, por ello, Eduardo Zegarra apunta que es un sector que, si bien ha demostrado capacidad comercial para crecer internacionalmente, ha recibido incentivos inadecuados. “Nunca se debieron dar incentivos laborales para este tipo de actividad que desprotegieron a trabajadores agrícolas y los sometieron a una dinámica empobrecedora y desprotectora que terminó explotando el año pasado con las movilizaciones de trabajadores”, indica.
La alternativa de JP es una nueva ley del trabajador agrícola, totalmente desvinculada de aspectos tributarios o de promoción, que garantice mejores salarios, negociación colectiva y mejores condiciones de trabajo con niveles básicos de estabilidad. Un modelo de referencia, indica, es el de construcción civil, que también es estacional y donde los sueldos son el doble que en el sector agroexportador. Esto, aclara, no afectaría a la pequeña y mediana agroindustria que exporta, pues pueden acogerse a la ley de mypes de hasta 100 trabajadores. Los cambios están pensados en esas 300 empresas con capacidad financiera para ir hacia una reingeniería de su forma de operar en la economía peruana.
Sobre la nueva ley agraria, no percibe un cambio sustancial ya que no resuelve temas de fondo. Por ello reitera que se debe trabajar el tema laboral separado del de la promoción con incentivos vinculados al cumplimiento de estándares laborales, ambientales y de reinversión adecuada de excedentes.
¿Por qué Segunda Reforma Agraria?
Eduardo Zegarra hace diferencias claras entre lo que significaría este impulso de JP comparado con aquel que ejecutó Juan Velasco Alvarado en 1969. Se reconoce en aquel hecho histórico el ánimo de sacar de la pobreza al trabajador y productor agrícola, en un momento determinado que justificó intervenciones, pero que no desarrolló un adecuado rol del Estado y políticas de promoción.
“Por eso creemos que la Segunda Reforma Agraria está orientada básicamente hacia esa reforma del Estado y las políticas públicas. Nosotros no planteamos ningún tipo de intervención expropiatoria, sino, por el contrario, hay claridad en que tiene que funcionar la inversión privada, los mercados, hay que regularlos y ponerlos al servicio del desarrollo y sostenibilidad de la economía. A eso llamamos la Segunda Reforma Agraria, el conjunto de cambios que creemos importantes en esta segunda etapa. Perú debe transitar hacia una agricultura próspera, justa, con mercados adecuados que funcionen bien para el productor y con capacidad de exportación de productos de nicho y colocarnos a nivel internacional como un país con gran capacidad de producción orgánica, productos específicos y gastronomía ligada a esta diversidad”, concluye.
Datos
Otros planes de JP para el agro incluyen:
.Reestructuración de Agro Rural y sus agencias para convertirla en plataformas de servicios que ofrezcan información oportuna y de calidad sobre precios, mercados, asistencia técnica, titulación, sanidad y demás.
.Recentralización del proceso de titulación para que los sistemas cuenten con apoyo del Estado, priorizando comunidades nativas y campesinas. Impulso a formas mixtas de titulación que otorguen seguridad jurídica sin destruir la comunidad.
.Organización voluntaria con incentivos para participar en juntas de usuarios, asociaciones de productores o cooperativas, siguiendo el modelo de los pequeños agroexportadores de café, cacao y banano. Fomento de autogravámenes para financiarse con recursos propios como sucede en Colombia.
.Coordinación de infraestructuras de riego con ampliación en 300 mil hectáreas bajo riego, de las cuales 100 mil estarían en la sierra con riego tecnificado como parte del plan de agricultura familiar que se financiaría hasta con S/ 15.000 millones anuales. A esto se suman intervenciones en caminos y electrificación que incidan directamente en el sector rural.
.Investigación en biotecnología moderna, más allá de los transgénicos, que corresponden a un modelo que no consideran adecuado para el Perú (a diferencia de EE.UU., Australia, Argentina, con pocos cultivos que son extensivos) y que más bien pondrían en riesgo la biodiversidad del país y no otorgan competitividad.
.Impulso de un modelo de agricultura y agroforestería para la selva que impida perder 100 mil hectáreas de bosque primario cada año por deforestación, combinando prácticas sostenibles y procesos de comercialización rentables y un apoyo fuerte en términos de descentralización de servicios.
