(Agraria.pe) La Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP) analizó el impacto que tendrá la última versión del Proyecto de Ley trabajado por la Comisión Multisectorial del Congreso para la creación de una nueva norma del sector agrario, la cual será debatida hoy en el Pleno del Parlamento.
Al respecto, concluyó que de promulgarse dicho proyecto tal como está planteado ocasionaría la perdida de más de 200 mil puestos de trabajo formales, entre empleos directos e indirectos del agro, debido al alza exagerada de los costos laborales y de producción. “Este incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) es mayor a cualquier incremento de la RMV que se haya dado en los últimos 30 años”.
“Las empresas agroexportadoras se verán obligadas a replantear sus inversiones, contrataciones y nivel de producción, de esta forma muchas de ellas incurrirán en pérdidas y otras varias desaparecerán. La incapacidad de sostenerse que generaría este sobrecosto de 61%, con los nuevos planteamientos que hace el Congreso, afectaría directamente a la reducción del PBI, de las agroexportaciones, de las inversiones y del empleo, haciendo que 1 de cada 3 agricultores se vean afectados y pierdan su trabajo en los próximos 3 meses”, indicó el presidente de AGAP, Alejandro Fuentes.
Agregó que su efecto en el empleo, en el caso de los cultivos de espárragos, sería la pérdida de alrededor de 3.8 millones de jornales anuales, lo que representa S/ 145 millones que dejarán de percibir los trabajadores y familias cada año. Los productores de uva de mesa perderán 6 millones de jornales, lo que representa S/226 millones de ingresos; en palta la pérdida sería de 1 millón de jornales al año, lo que significa S/39 millones de ingresos para los trabajadores; y en arándanos 8 millones de jornales que representa S/ 320 millones de ingresos para los trabajadores y sus familias. Otro cultivo que se vería afectado es la granada.
Por otro lado, dijo que los cultivos también se verían afectados debido a la incapacidad de pagar más mano de obra por el abrupto incremento en el sobrecoste, generando una reducción en las hectáreas productivas de aproximadamente 70.000 hectáreas.
“Si con la Ley N° 27360 se lograba un margen antes de gastos financieros tales como: espárragos (17.4%), de palta (29%), de arándanos (19.9%), de uva (17.4%) y de mango (12.8%), con la propuesta de la Comisión del Congreso los márgenes se reducirían significativamente alcanzando los siguientes niveles: espárragos a un 9.6% (caída 7.8%), palta a un 18.7% (caída de 8.3%), arándanos a un 5.4% (caída de 14.5%), uva de mesa a un 8.5% (caída de 8.9%) y mango a un 6.1% (caída de 6.7%)”, señaló Fuentes.
Algunas de las nuevas medidas que ha contemplado la Comisión del Congreso en la nueva ley implican el alza de los costes laborales en un 61%, ya que genera un incremento del 50% en la remuneración mínima vital, lo cual conlleva al incremento también de gratificaciones y CTS, fuera de incorporar nuevas asignaciones de alimentación y transporte. Si anteriormente la Ley 27360 contemplaba un jornal de S/ 57.5 que contenía todos los beneficios laborales, ahora el nuevo Proyecto de Ley que está en discusión plantea un jornal de S/ 92.5, lo que conllevaría al cierre de cientos de empresas del sector.
“El sector agrícola ha sido una pieza clave para el desarrollo del Perú en los últimos años. Actualmente, la agricultura representa el 40% de las exportaciones no tradicionales y el 12% de las exportaciones totales, abarcando el 5.6% del total del PBI. Previamente a la derogatoria de la Ley Agraria, este sector generaba el 16% del empleo formal en el Perú, siendo 1 de cada 4 empleos los generados por el sector agrícola no tradicional”, señaló Fuentes.
Afectación en espárragos, uva, palta y arándanos
Según detalla el presidente del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH), Juan José Gallino, por efecto de la nueva Ley Agraria, en lo que se refiere a espárragos, los pequeños, medianos y grandes productores que tenían previsto la producción de más de 173 mil toneladas en más de 21.000 hectáreas de cultivo para la campaña 2019/2020 estarían perdiendo el 30% del volumen total del campo, esto significa que habrá una pérdida por exportaciones de más de 74 mil toneladas, lo que se traduce en pérdidas para el país de más de US$ 230 millones en divisas por año. Además, el 100% de los pequeños agricultores no soportarán los sobrecostos que la Ley impone y desaparecerán.
En lo que respecta a la producción de uvas de mesa, el presidente de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (ProVid), Manuel Yzaga, indicó que los más de 723 productores (entre pequeños, medianos y grandes) estarían perdiendo más de 7.400 hectáreas de cultivo, esto significa que habrá una pérdida de exportaciones para el país de más de 139 mil toneladas, lo que se traduce en más de US$ 348 millones.
En el caso de los cultivos de Palta Hass, el presidente de Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (ProHass), Juan Carlos Paredes, señala que los campos de esta fruta se verán afectados por la pérdida de 3.250 hectáreas, y un freno para las plantaciones nuevas de aproximadamente 3.500 hectáreas por año, lo que representaría una pérdida para el país de US$126 millones en divisas por año.
A su turno, el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (ProArándanos), Daniel Bustamante, alertó que 5.000 hectáreas de cultivo de arándanos, principalmente biloxi, corren el riesgo de desaparecer, lo que significaría una pérdida de US$ 290 millones en divisas por año.
“El proyecto de ley tal cual está planteado destruirá decenas de miles de trabajo temporales formales en el campo peruano, esto generará desempleo en las zonas rurales, donde este año -a pesar de la pandemia- no se ha presentado desempleo gracias al agro moderno que va a seguir generando más puestos de trabajo formales, que crean bienestar. El sector está comprometido en mejorar siempre las condiciones de los trabajadores, pero en 15 días no podemos pasar de promover una actividad a poner sobrecostos que lo lleven a la quiebra, especialmente a aquellas empresas medianas y pequeñas a quienes les serán imposible asumir estos sobrecostos”, señaló el presidente de AGAP.
Pagar solo el 25% de Impuesto a la Renta
En otro momento, Alejandro Fuentes, se refirió al aspecto tributario y el aporte a EsSalud. En el primer caso, dijo que su representada propone un incremento gradual del Impuesto a la Renta hasta llegar a un tope de 25% en el 2028 y no 29.5% como en el régimen general (la Ley de Promoción Agraria derogada establecía una taza por IR de 15%). “Esto debido a que otros países de la región (Ecuador, Colombia, Chile) subsidian su agricultura de diversas formas. Por ejemplo, en Ecuador dependiendo del proyecto que se busca desarrollar se puede acoger hasta tener 0% de Impuesto las Ventas por los primeros 10 años”.
En cuanto al aporte a EsSalud, dijo que la propuesta de AGAP fue la que acogió inicialmente la comisión del Congreso, es decir marcar un incremento de 1% bianual (hasta llegar al 9% como en el régimen general), sin embargo, señaló que esto fue modificado en el parlamento y se estableció pasar automáticamente al 9%. “El incremento debe ser gradual porque por ejemplo en el Proyecto de Irrigación Olmos se tienen actualmente plantadas 30 mil hectáreas de cultivos, la infraestructura de salud es exactamente la misma que la que se tenía antes que se construyera dicha megaobra de riego. Hoy en día esa zona tiene 20 mil personas mas que hace 5 años, sin embrago la infraestructura de salud sigue siendo la misma y es una posta médica. Se tiene un proyecto para construir un hospital que data del 2016, recién se espera que el próximo año se haga el expediente técnico para luego ser licitado”.
ADEX: propuesta de régimen agrario pone en riesgo todo lo avanzado
Por su parte, la Asociación de Exportadores (ADEX) señaló que la promulgación y puesta en vigencia de la propuesta del nuevo régimen agrario aprobado por la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, pondría en peligro el trabajo ya avanzado y tendría un impacto negativo en el sector y en consecuencia en la generación de empleo, descentralización económica y en la recaudación de impuestos.
El gremio exportador indicó que dicha propuesta pone en riesgo 1.236.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, creados en regiones como Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima y Arequipa, por citar algunas.
Agregó que, en el año 2000, solo el 10% de los trabajadores del sector eran formales, ese porcentaje se incrementó a 25% el año pasado, gracias a la apertura de mercados, trabajo de las empresas y la Ley de Promoción Agraria ya derogada.
En ese sentido, manifestó que el incremento de la remuneración mínima agraria es un riesgo para la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas que representan el más alto porcentaje dentro del total del sector.
“El perjuicio no es solo a las empresas agroindustriales, sino a todas las que integran la cadena como comerciantes de semillas, agroquímicos, envases y embalajes, certificadoras, empresas de logística y de transporte. Además, infligirá un daño irreparable a la economía de los pequeños productores quienes trabajan de la mano de los agroindustriales mediante una serie de modalidades como la siembra por contrato”, aseveró.
Agregó que preocupa que Perú ponga en riesgo su posición como proveedor confiable de alimentos al país y al extranjero, la diversificación de su oferta y mercados ganados al aprovechar los acuerdos comerciales vigentes y las inversiones de las empresas. “La Ley 27360 no era el problema, sino su mala aplicación por parte de empresas informales y la falta de fiscalización”.
Finalmente indicó que la actividad agraria sostenible y moderna genera beneficios sociales y económicos, por lo tanto, es importante que el nuevo dispositivo mantenga un equilibrio que permita mejorar las condiciones laborales a los trabajadores y atraer a las inversiones a fin de generar más puestos de trabajo.
Datos
. El presidente de AGAP, Alejandro Fuentes, señaló que el costo de mano de obra, dependiendo del cultivo, está entre el 40% y 60% del costo total de producción, lo que quiere decir que con el incremento que propone la comisión del Congreso, el nuevo costo de producción se incrementaría alrededor del 30%. “No existe ninguna industria que pueda, de la noche a la mañana, asimilar un incremento de sus costos totales de esa magnitud”.
. Agregó que otras condiciones establecidas en el Proyecto de Ley de la Comisión Multisectorial están muy por encima de lo que dice el régimen general, ya que esta última no contempla que a un trabajador se le debe pagar su alimentación, transporte, que la empresa instale una posta médica (no un tópico), tenga guardería. “Aparte de tener un alto sobrecosto, el riesgo reputacional de tener como responsabilidad el cuidado de niños es muy alto. Por ejemplo, según estimaciones de la empresa agroindustrial más grande del Perú, -en un momento dado del año, tendría que tener guarderías o cunas para aproximadamente 1.500 niños. Creemos que este proyecto de ley está delegando responsabilidades que son del Estado, tanto en el tema de salud como de educación, a la empresa privada”.
