25 junio 2018 | 09:52 am Por: Edwin Ramos | prensa@agraria.pe

Una reflexión a propósito del Día del Campesino

Eduardo Zegarra: La agroindustria no debe asignarse una reducción de la pobreza más allá del modelo general

Eduardo Zegarra: La agroindustria no debe asignarse una reducción de la pobreza más allá del modelo general

El investigador principal de Grade apunta que es necesario hacer ajustes en el lado laboral de la Ley de Promoción Agraria para que los trabajadores del sector alcancen salarios que realmente los ayuden a superar la línea de la pobreza. También pide que el Estado medie para que no se repitan situaciones como la sobreoferta de papa de pequeños agricultores de meses atrás. 

(Agraria.pe) “Nuestro homenaje a los hombres y mujeres del campo por su sacrificado e invalorable trabajo y contribución al desarrollo del país. Trabajamos por un agro próspero, competitivo, insertado al mercado con productos de calidad. Juntos estamos sembrando Perú. ¡Feliz día del campesino!”.

Con estas palabras escritas en su cuenta de Twitter, el presidente de la República  Martín Vizcarra quiso rendir homenaje ayer al trabajador agrario en su fecha, el 24 de junio. Sin embargo, ¿cuánto hay por celebrar y cómo se valora realmente el trabajo del campesino peruano?

Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, sostiene que el Día del Campesino es una fecha que ha ido perdiendo notoriedad en el país por la baja presencia y representatividad que han tenido los agricultores en la política general y pública. 

“Efectivamente, Perú todavía tiene una importante cantidad de pequeños campesinos y agricultores que manejan la tierra. Según el último censo son 2 millones 200 mil, que tienen menos de 5 hectáreas; muchos menos de 1 hectárea, y vienen trabajando en condiciones riesgosas, con altos costos de transporte y barreras tecnológicas, climáticas, que hacen complicado la actividad agropecuaria”, apunta. 

Desde su perspectiva, esta situación es consecuencia de una falta de política consistente para la pequeña agricultura, con contrastes marcados. La costa, por ejemplo, con determinadas ventajas frente a la sierra y selva por su acceso a riego y mejor conexión a mercados gracias a infraestructura. Una fractura que meses atrás quedó expuesta cuando productores de la costa empezaron a producir papa que luego empezaron a vender en Lima, despojando de mercado e ingresos a los productores del tubérculo de la sierra central.

“Eventos así están ocurriendo sistemáticamente”, advierte Zegarra, quien refiere en esa línea el caso de la quinua, que se empezó a producir en la costa y también perjudicó a los agricultores de la sierra pues se utilizaron para su cuidado agroquímicos que conllevaron al cierre de mercados para exportación. 

¿Esto significa que el Estado debe necesariamente dirigir la producción? El especialista dice que no, que el libre mercado es positivo pero que tiene que ser orientado con espacios de concertación, por ejemplo, entre los productores de papa de la costa y de la sierra para evitar la sobreoferta que afecte luego a miles de familias. El impacto social de este problema, ya lo vimos, luego lo asume el Estado que ha tenido que intervenir con S/ 50 millones para comprar el excedente de producción. 
“El Estado y los gobiernos regionales deben jugar un rol orientador de planificación orientadora. No estoy a favor de la planificación centralizada donde el Estado le dice al agricultor qué debe sembrar o cosechar, sino una planificación orientada que genere espacios de concertación y los productores no cometan errores tan graves…Ese es el tipo de intervenciones que proponemos para el Estado”, desarrolla. 

¿Falso brillo de la Ley de Promoción Agraria?
Otro punto sobre el que Eduardo Zegarra tiene una atingencia es la afirmación que hacen los gremios agroexportadores en el sentido de que la Ley de Promoción Agraria ha permitido reducir notablemente la pobreza en los entornos rurales del país. Según el investigador de Grade, basado en cifras de la Enaho (Encuesta Nacional de Hogares), no se encuentra sustento para plantear que la agroexportación haya reducido la pobreza en las zonas donde tiene presencia ni entre los trabajadores agrícolas. 

De hecho, quienes laboran en este campo, que son casi 300 mil, según la propia agroindustria, tenderían a mantenerse con un salario cercano al mínimo, con bonificaciones recortadas en el jornal diario y que, dado que no cuentan con contratos permanentes y solo trabajan parte del año, registran al final un ingreso total que muchas veces no supera la línea de pobreza. 

“Tampoco hemos visto que en esas provincias donde hay agroexportación la pobreza haya caído más que en otras provincias donde no hay agroexportación, incluso en la propia costa…al parecer la reducción de pobreza en el Perú ha estado ligada al crecimiento general de la economía. En otras palabras, todas las provincias han tenido reducciones similares en el tiempo y la agroindustria no debería estar asignándose una reducción de pobreza más allá del modelo general”, explica.

Aun así, Eduardo Zegarra dice no ser partidario de la derogación de la Ley de Promoción Agraria sino de corregirla en un nuevo esquema donde el régimen laboral pase a ser lo más parecido a un régimen general, es decir, que los trabajadores agrícolas tengan garantizados todos los derechos que les corresponden por ser una actividad de alta productividad en la que los empresarios están en capacidad de asumirlos. 

Integración
De manera adjunta a esta problemática, considera fundamental orientar la exoneración tributaria para que esté ligada a iniciativas de articulación de la pequeña agricultura en el gran ‘boom’ agroexportador. 

“Hasta ahora lo que ha habido es que las empresas se han integrado verticalmente; son empresas que están haciendo producción, procesamiento, todo, y creo que puede lograrse una articulación mejor entre pequeña agricultura, y eso ayudaría también a que el ‘boom’ agroexportador incorpore a la pequeña y mediana agricultura, lo que hasta ahora no ha ocurrido en nuestro país”, refiere.

Agrega que un buen ejemplo a seguir es Colombia, donde se incentivan las alianzas productivas para que las empresas trabajen con pequeña agricultura a cambio de subsidios y exoneraciones, entre otras facilidades, para la producción, por ejemplo, de palma aceitera y sus derivados. Esto permitiría que el pequeño agricultor realmente sienta que forma parte del desarrollo agroexportador. 

“Actualmente el impacto se centra en algunas pocas empresas muy grandes que están acaparando el grueso de los beneficios del ‘boom’, pero no hay un proceso mínimo de distribución de esos beneficios a otros actores. Entonces, ir por la línea de respetar derechos laborales de los trabajadores que tienen suficiente productividad para que se les pague un salario digno y al mismo tiempo subsidios y exoneraciones que permitan a los empresarios que quieren invertir en este sector, que tiene más riesgos que otros, lo hagan y puedan articular a pequeños productores que están en perfecta capacidad de integrarse a las cadenas de agroexportación”, concluye. 

*Una segunda parte de esta entrevista se publicará el viernes 29 de junio.