21 octubre 2020 | 09:15 am Por: Redacción

De composición pluralista, con especialistas del sector público, privado, no gubernamental y gremios de productores

Un Comando para la Seguridad Alimentaria

Un Comando para la Seguridad Alimentaria
Fernando Eguren, presidente del Cepes, propone que este comando disponga de información permanentemente actualizada sobre la situación alimentaria de todo el país en toda su complejidad y, luego de ser analizada, y proponga al Ejecutivo las medidas pertinentes.

(Agraria.pe) Después de más de una década de mejora, la situación alimentaria del Perú y la del resto de la región latinoamericana comenzó a decaer. Según cifras oficiales, en el 2019, casi un millón de personas en nuestro país no cubría el costo de una canasta básica de alimentos; en las áreas rurales, la cuarta parte de los niños menores de 5 años estaban desnutridos; la incidencia de la anemia alcanzaba a la mitad de niños y niñas en las áreas rurales y más de la tercera parte en las áreas urbanas.

Por otro lado, 4 de cada 10 personas tenían sobrepeso y una de cada cinco eran obesos, lo cual se ha manifestado en la multiplicación de las enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión, riesgos cardiovasculares, diabetes. La pandemia ha agudizado el problema: los casos de obesidad en los niños de 7 a 12 años se han duplicado, debido al consumo de golosinas, comida chatarra y sedentarismo extremo. Antes de la pandemia la situación alimentaria ya era, pues, bastante crítica.

Situación en el contexto de la pandemia
El Programa Mundial de Alimentación (PMA), ha recibido este año el premio Nobel de la Paz. Su director ejecutivo, David Beasley, manifestó hace poco que la pandemia del Covid -19 “ha sido devastadora en Latinoamérica”. Y lo podemos sentir en nuestro país: entre abril y junio de este año, 6.7 millones de personas perdieron su empleo y, por tanto, su capacidad de adquirir alimentos. Sin ayudas extraordinarias, que no pueden continuar indefinidamente, no puede descartarse la ocurrencia de hambrunas.

Por el lado de la oferta, se ha constatado la poca capacidad del Estado para apoyar de manera eficaz a los 2 millones de familias agriculturas de las que depende el 70% de la producción de alimentos del país. Ya antes de la pandemia apenas uno de cada diez agricultores recibía crédito y asistencia técnica. No fue inesperado que el máximo esfuerzo realizado por el gobierno, a través del Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO), para garantizar los créditos de los agricultores familiares, tenga dificultades para implementarse, cuando ya han transcurrido más de 2 meses de iniciada la campaña agrícola actual. 

Parece ser que el gobierno no ha ponderado debidamente la posibilidad de una grave crisis alimentaria aún mucho más severa. Evitarla depende de la adopción de medidas que la prevengan, sin esperar que se produzca el hecho. Cuanto más dure la pandemia, esta crisis podrá ser más grave y profunda.

Es urgente que, en el plazo más corto posible, el gobierno forme un Comando para la Seguridad Alimentaria por el tiempo que dure la pandemia, de composición pluralista, con especialistas del sector público, privado, no gubernamental y gremios de productores.  El Comando deberá disponer de información permanentemente actualizada sobre la situación alimentaria de todo el país en toda su complejidad y, luego de ser analizada, propondría al Ejecutivo las medidas pertinentes.

 

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