(Agraria.pe) La sanidad agraria constituye uno de los activos estratégicos más determinantes para el desarrollo económico del Perú, sustentando el crecimiento agroexportador, la seguridad alimentaria y los ingresos de más de dos millones de productores, en su mayoría pertenecientes a la agricultura familiar. Sin embargo, este patrimonio se encuentra bajo una severa amenaza. El exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Gustavo Eduardo Mostajo Ocola, advirtió un preocupante debilitamiento presupuestal y una pérdida de capacidad operativa para el control de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.), lo que pone en riesgo décadas de trabajo técnico e inversiones millonarias impulsadas por el Estado.
El enfoque técnico y el éxito histórico
Durante las últimas tres décadas, el Perú ejecutó uno de los proyectos fitosanitarios más ambiciosos de la región a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y con el cofinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La estrategia se dividió en tres grandes periodos de expansión (1998-2005, 2005-2012 y 2019-2023), que permitieron implementar una Red Oficial de Trampeo basada en el índice MTD (moscas capturadas por trampa por día) y el muestreo de infestación de frutos.
Bajo este rigor científico, el marco legal peruano define tres estatus fitosanitarios clave para proteger los cultivos de alto valor
El verdadero costo de perder el estatus sanitario
La proliferación de la mosca de la fruta genera un impacto económico directo mediante la caída prematura del fruto y el aumento en los costos de plaguicidas. No obstante, los efectos indirectos son aún más profundos. Mercados internacionales altamente exigentes —como Estados Unidos, Japón, Chile, Nueva Zelanda y la Unión Europea— endurecen sus fronteras ante la presencia de la plaga, obligando a los exportadores peruanos a aplicar costosos tratamientos cuarentenarios adicionales (como el tratamiento hidrotérmico para el mango o el tratamiento en frío para uvas y cítricos).
Estos protocolos obligatorios incrementan de forma severa los costos logísticos, reducen la vida útil comercial de la fruta fresca en los puntos de destino y restringen la competitividad frente a competidores internacionales que resguardan eficientemente sus fronteras agrícolas.
La alerta actual y una propuesta de rescate
Mostajo señala que las plagas son dinámicas y los registros actuales ya evidencian un incremento sostenido del MTD mensual y de los porcentajes de infestación en valles históricamente consolidados. Al perderse la condición fitosanitaria en el territorio, el control cuarentenario en puestos fronterizos y carreteras pierde su sustento legal para restringir o decomisar el tránsito de frutas hospedantes.
Para contrarrestar esta inestabilidad, la normativa nacional establece obligaciones tripartitas: el Estado debe garantizar el control oficial y biológico; los productores deben ejecutar obligatoriamente el manejo integrado en campo; y los transportistas y ciudadanos deben respetar las restricciones de movilización interna.
Finalmente, el exministro plantea una respuesta estructural inmediata basada en tres ejes: restituir y blindar el presupuesto del SENASA (donde cada sol invertido previene diez en pérdidas del PBI Agrario), consolidar programas de capacitación masiva para los agricultores, y restaurar el sistema de cuarentena financiando planes de contingencia urgentes para devolver el MTD a los niveles reglamentarios.
