Por: Mónica Velásquez, directora de Comunicaciones CropLife Latin America
(Agraria.pe) Las imágenes de tractores y protestas en algunas de las más importantes ciudades y vías europeas evidenciaron a nivel global el malestar de los agricultores del viejo continente por las medidas del Pacto Verde y su política de la Granja a la Mesa.
Desde un escritorio en Bruselas, suena fácil proponer una disminución del 50% del uso de plaguicidas y fertilizantes al 2030. Sin embargo, los agricultores, que diariamente se enfrentan con el clima, las plagas, el suelo, la exigencia de los compradores, las vicisitudes del comercio y los precios saben que la transición hacia una agricultura sostenible no se hace por decreto, ni de un día para otro.
Los agricultores europeos protestaron por la falta de insumos que les permiten proteger sus cultivos de plagas, malezas y enfermedades, o nutrirlos con fertilizantes, o por la obligación de mantener tierras en barbecho, y por la competencia en desigualdad de condiciones de alimentos de otros continentes. Visibilizaron al mundo sus demandas y la Unión Europea debió retirar algunas de las propuestas, entre ellas la reducción del 50% del uso de plaguicidas químicos.
Desde América Latina la noticia puede percibirse lejana, pero en épocas de globalización nada es tan lejano y basta con dar una mirada a las exigencias que los mercados europeos hacen a los agroexportadores latinoamericanos para confirmar que muchas de las medidas del Pacto Verde europeo se están imponiendo a los países exportadores de alimentos.
Los agricultores latinoamericanos que exportan hacia los países de la Unión Europea comenzaron a sentir las exigencias de políticas europeas sobre el uso de insumos agrícolas desde hace más de una década. Pareciera que las buenas intenciones de avanzar hacia una mayor sostenibilidad de la agricultura conducen a la lógica de pensar que la agricultura de América Latina es igual a la del continente europeo y que por lo tanto son aplicables las mismas prácticas e insumos, desconociendo no sólo el clima intertropical, sino las condiciones socioeconómicas de la región.
Muchas de las condiciones de producción que hoy exigen los países importadores de alimentos, o no son viables o incrementan significativamente los costos de producción en América Latina, sin embargo, los compradores en la Unión Europea no están dispuestos a reconocer un precio justo que refleje estas nuevas cargas económicas.
Ante esta situación, los agroexportadores, como el clúster del banano en Ecuador, junto a asociaciones de otros países productores como Paraguay, Colombia y Costa Rica, han liderado la defensa y promoción de su sector. Han tenido que ir al parlamento europeo y mantener comunicación con las delegaciones comerciales de los ministerios de Comercio Exterior para explicar que la agricultura en la región es cada día más sostenible, pero que es imposible producir bajo los mismos criterios de Europa en el corto plazo.
Cabe mencionar además que los agricultores en América Latina, sin subsidios, muchas veces sin carreteras óptimas que faciliten transportar sus cosechas, para no mencionar otras dificultades, logran posicionar a la región como la mayor exportadora de alimentos al mundo. Y esto se ha logrado, por prácticas como la siembra directa, la asociatividad, las alianzas público privadas, la adopción de tecnologías y la tenacidad de los agricultores de todas las escalas de producción.
Es posible implementar mejores prácticas agrícolas o mejores condiciones laborales, pero querer avanzar por decreto no es viable, y hacer estas exigencias que obstaculizan al libre comercio internacional tampoco resulta equitativo y coherente con un mundo globalizado. Tampoco se trata de que la agricultura no tenga controles y regulaciones ambientales, se trata de que éstas sean basadas en criterios científicos y viables, y sean acordadas o consensuadas con los agricultores y los países.
De las protestas de los agricultores en Europa nos debe quedar la reflexión sobre la importancia del diálogo con los agricultores, y no sólo con los europeos, sino con todos los afectados por una política que traspasa fronteras y las soberanías de la región.
