(Agraria.pe) Aunque diversos gremios de productores piden en el marco de la denominada Segunda Reforma Agraria la instauración de una franja de precios para desincentivar la importación de alimentos que se producen en el Perú, en este caso el remedio podría ser peor que la enfermedad.
Así se desprende del informe “Sector Agro: Preocupaciones y Propuestas”, elaborado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de dicha institución, refirió que ver a las importaciones como enemigas de nuestro mercado local es un error, ya que son más bien complementarias.
Recordó que el sistema de franja de precios se instauró en el año 2000 no para proteger a una industria, sino para suavizar las fluctuaciones de los precios internacionales de la época que estuvo marcada por crisis como la rusa, mexicana, argentina, entre otras, con lo que los precios no tenían una base sólida complicando a los distribuidores e importadores. “La franja de precios no se implementó para asegurarle un mercado a los productores locales, ni como dicen los amigos de Conveagro para elevar la competitivdad del sector. Esa franja no le da competitividad a nadie”, declaró.
Agregó que en segmentos como arroz, azúcar, maíz y leche no se han presentado mejoras a nivel productivo ni en competitividad a nivel local, por lo que la implementación de aranceles no va a cambiar la tendencia que corresponde a problemas estructurales históricos.
Zancnich considera que a esto se suma que aplicar una medida así en un contexo como el actual en que los precios internacionales están elevados generaría un incremento de precios afectando a las familias peruanas. “Se ve en la leche en polvo, azúcar, maíz. El precio está por las nubes, qué sentido tiene poner franjas superiores para que el precio siga creciendo. Elevaremos los precios de importación, y con ello los precios a nivel local del pollo, con inflación e inestabilidad”.
Esto, sin considerar que la franja podría ocasionar controversias comerciales al país a nivel internacional, donde el Perú ya ha perdido antes en instancias como la Organización Internacional de Comercio al considerar que los derechos adicionales constituyen gravámenes y por tanto medidas desleales.
¿Qué hacer?
Para dar una solición realista a los problemas de los pequeños agricultores del país, ComexPerú planteó seis propuestas. En primer lugar, el incremento del uso de semillas certificadas, con el objetivo de lograr un mayor rendimiento de cosecha por hectárea, mejorar la adaptabilidad a climas y obtener una mayor resistencia a plagas y enfermedades.
En segundo lugar, impulsar la titulación de terrenos y la seguridad jurídica; seguido de un mayor acceso al riego. Como cuarta propuesta, se plantea mejorar la articulación del Estado para potenciar la capacitación y brindar información productiva alineada con la demanda de los mercados.
En quinto lugar, se propone fortalecer el sector agroexportador a través de la mejora de la capacidad de acceso a permisos necesarios de exportación, la reducción de las barreras sanitarias y fitosanitarias, y la concreción de los TLC en negociación, con mercados como la India, que sería clave para la exportación de granos andinos y menestras, y Turquía.
Finalmente, el reporte propone adecuar el régimen laboral agrario mediante el reconocimiento de la necesidad de una mayor flexibilidad laboral (temporalidad de cosechas y exportaciones).
Mercado laboral
En esa línea, el estudio indica que la derogación de la Ley de Promoción Agraria generó una salida considerable de trabajadores formales beneficiados por dicho régimen. En noviembre 2020 se registraron 506,335 trabajadores formales, los cuales disminuyeron a menos de la mitad el siguiente mes, cuando se derogó la ley.
“Previo a las modificaciones, el régimen laboral agrario explicaba la mayoría de los contratos formales en el sector agrícola. No obstante, ahora la gran mayoría de ellos se concentra en el régimen general, el cual es más oneroso para los empleadores. Se perdió competitividad en la capacidad de contratación y limitó la capacidad de formalización del sector”, refiere el reporte.
En diciembre del 2020, el régimen laboral agrario solo explicaba el 19% de los contratos formales del sector agrícola, muy por debajo del 86.5% que reportó en diciembre del 2019.
Dato
Durante la presentación del informe, Rafael Zacnich estimó que las agroexportaciones peruanas podrían llegar este año a los US$ 9.000 millones, con lo que se concretaría un crecimiento de 20% con respecto al año pasado.
