Por: Efraín Gómez Pereira, periodista agrario
(Agraria.pe) Hay honda preocupación por la etapa “post Covid-19”, en diferentes instancias ligadas al sector agropecuario. A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha recomendado que la agricultura, soporte de la producción de alimentos, se declare como una actividad estratégica de interés público nacional.
Advierte, para el caso de América Latina y El Caribe, que los efectos de la pandemia incrementarán el hambre y la pobreza en la región.
En el mismo tono de advertencia, Mark Lowcock, secretario general adjunto de ONU para Asuntos Humanitarios, afirma que la economía global se reduciría este año al menos en 3%, lo que le daría un golpe directo a las exportaciones de productos básicos (agropecuarios), las remesas y el turismo, sectores de los que muchos países pobres dependen.
El porcentaje de la población mundial en pobreza extrema, se incrementará por primera vez en 30 años. De los cálculos de principios del año, estimados que 130 millones de personas estarían en riesgo de inanición, después de la pandemia serán 265 millones, lo que podría propiciar hambrunas masivas.
En Perú, las expectativas oficiales para el sector van en la misma ruta. “Las proyecciones del PBI agropecuario tienen un escenario alarmante”, dice el gobierno basado en estudios del instituto Apoyo, que estima que el crecimiento económico del valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria sería de -2. 1% para el año 2020 (la actividad agrícola -2. 3% y la actividad pecuaria -1. 9%).
El propio Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), calcula que “las pérdidas en el sector serían, a fin de año, de S/ 1.611 millones, que impactarán, sobre todo, en el pequeño productor”, por lo que se hace necesario implementar medidas de recuperación de la actividad productiva, para evitar se entre en una crisis económica en el sector agropecuario.
Ante esta realidad, los gremios de Conveagro han planteado entre otras demandas, un bono productivo para la emergencia, sin respuesta; un fondo de salvataje por S/ 5 mil millones, sin respuesta.
El presidente de la Junta Nacional de Usuarios, Carlos Ravines, expresa su preocupación con esta frase: “No esperemos que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria”, al advertir que la desatención puede generar más riesgos de los esperados.
El gobierno ha dispuesto medidas económicas, orientadas a atender las preocupaciones del sector productivo en su conjunto las que, sin embargo, colisionan contra las reales necesidades del campo. Estas no atienden las demandas planteadas por los gremios y organizaciones agrarias, y más bien se abusa del viejo mecanismo burocrático, de sumar todo lo existente para decir “aquí hay algo nuevo”.
El fondo AgroPerú, destina para pequeños agricultores, un primer programa de financiamiento, por S/ 250 millones, para las próximas tres campañas agrícolas. Es decir, S/ 83 millones por campaña y que atenderá a 40 mil productores, lo que es nada en el escenario nacional. La agricultura que produce para las mesas peruanas está conformada por 2.2 millones de unidades productivas. Esa es la realidad.
Se ha destinado S/ 150 millones para rehabilitar canales de riego, en el concepto de promover la reactivación económica del sector. Agrobanco ha refinanciado deudas de sus escasos clientes. Los mercados itinerantes del Minagri, siguen promoviendo la interacción de intermediarios en nombre de los productores.
Lo más novedoso y “altamente rentable” del apoyo estatal al agro fue el frívolo y marketero “matrimonio de la papa con el pollo a la brasa”, en lugar de disponer medidas de política agraria sostenible no solo para el tubérculo, que lo necesita, sino para todo el sector.
Desde la otra orilla, los agroexportadores sonríen porque a pesar de ser época de vacas flacas, siguen teniendo lomo y bife a la carta. Bien por ellos.
Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), al primer trimestre, con pandemia de por medio, las agroexportaciones crecieron en 8%, por el envío de uva, mango, palta, espárrago, cítricos y ajo fresco. Y estos no son precisamente productos de la canasta alimentaria nacional, mucho menos de la agricultura familiar.
La gran empresa, donde están los agroexportadores, se viene beneficiando, de manera directa y ventajosa, con los créditos subsidiados que el Estado ha destinado a través del programa Reactiva Perú, con S/ 30 mil millones.
Según el portal Ojo Público, “entre las beneficiadas están las compañías con ingresos anuales superiores a los S/60 millones que recibieron el 36% de los créditos. Medianas y Pequeñas empresas (Pymes) alcanzaron el 51% de los préstamos, las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) solo 11%, y los negocios que pidieron S/30 mil para sobrevivir apenas recibieron el 0,8%”. ¿Reactiva Perú, o Rifa con número marcado?
Para evitar lo previsible, el gobierno debe escuchar, no solo a los burócratas y estudiosos que hacen las normas y programas, muchos de ellos irreales; sino también a quienes conocen el campo, a quienes viven de su conexión con la tierra, con la producción y el mercado, y son los responsables de llevar el 70% de los productos alimenticios que los peruanos consumimos día a día. Ahí están las plataformas de Conveagro y sus gremios, de la Junta de Usuarios y de otros.
Pensar y proyectar, además, que esta crisis alimentaria que se vislumbra para el mundo después de la emergencia, se convierta en un gran filón de oportunidad para la producción planificada de alimentos en el Perú. Tenemos una enorme ventaja con nuestra biodiversidad. La decisión está en el gobierno.
