(Agraria.pe) Con la reanudación de las actividades económicas, la pérdida de puestos de trabajo formal en el sector privado se ha ido desacelerando. Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) en noviembre pasado se perdieron 240 mil puestos de trabajo, una contracción del 6.1%, casi la mitad del peor resultado en mayo último (-12,1%).
Sin embargo, dentro de todos los sectores, el único que creció en pandemia es el agropecuario, con un 14.2% en noviembre y un acumulado de enero a noviembre del 2020 de 7.1%. Aún no hay cifras de diciembre, pero ese fue precisamente el mes en el que se “diseñó” la nueva ley del agro. ¿Qué impacto tendrá la nueva normativa en el empleo de dicho sector?
Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), refirió que estas cifras son interesantes porque muestran cómo la anterior ley de promoción agraria impulsaba, año a año, el empleo y el incremento de los salarios en el sector.
Criticó que la ley actual ha interferido en el mercado salarial libre, que tenía un piso que era la remuneración mínima vital (RMV) y se ha distorsionado este modelo. Recordó que ya lo dijo el presidente del BCR, Julio Velarde: es una barbaridad que por ley se fijen los jornales.
Añadió que al crear esa distorsión en un sector donde entre el 40% y 60% del costo total son los salarios, se hace inviable una serie de operaciones. ¿Quiénes van a sufrir más? “Aquellos productores con menos márgenes por el cultivo que tienen, esos van a salir del mercado, y si son chiquitos probablemente vayan a la informalidad, o si son grandes posiblemente quiebren”, previó Amaro.
Por otro lado, precisó que otra afectación en materia laboral ocurre porque al hacerse más caro el empleo, las empresas van a buscar mecanismos para mantenerse sostenibles. Y uno de ellos es mecanizar operaciones. Por ejemplo, hay empresas donde la poda se hacía a mano, y ahora se busca la poda automatizada. Y van a buscar mecanismos para la cosecha, la línea de frío y el packing. Entonces, hay miles de empleos que se van a dejar de contratar, dijo.
Con respecto a las empresas que sobrevivan y que puedan seguir siendo sostenibles, dependiendo de los cultivos y mercados que manejen, achicarán las franjas salariales, estimó el titular de AGAP. Porque cuando una ley entra a fijar un monto salarial por encima de la RMV, lo que hace es distorsionar los modelos de libre mercado.
“Lo que habría que ver es cómo mejorar esta ley que nos ha quitado competitividad y encima está quitando incentivos tributarios en el tiempo, en un sector que trabaja en zonas rurales, que es precisamente donde el país necesita desarrollo y empleo”, apuntó Amaro.
Informalidad a la vista
Sobre la ley, Juan Manuel Benites, ex ministro de Agricultura, agregó que desde su punto de vista, no ha logrado lo que el trabajador esperaba y mucho menos contribuye con el desarrollo de la agroindustria de exportación, especialmente de los sectores medianos y pequeños.
Refirió que, si ya habíamos visto signos de cierta informalidad, aún con una ley con incentivos para la formalización, “imaginemos lo que va a ocurrir ahora con una ley que hace más grande la carga sobre los costos de las empresas”. Añadió que quienes no puedan soportar estas cargas adicionales van a tener que informalizarse (precarizando las condiciones de trabajo), o van a tener que prescindir de trabajadores cerrando sus negocios.
El exministro puntualizó que el empleo creció en la pandemia en este sector porque la demanda de alimentos nunca se detuvo y hasta aumentó, por el tipo de productos que exportamos. Sin embargo, si la ley afecta condiciones de competitividad en el corto plazo, podríamos perder esa velocidad de crecimiento, lo que afectará al empleo también.
Fuente: Perú 21
