Congresista Miguel Torres considera que es necesario retomar este modelo de organización entre pequeños productores. Apuntó que la experiencia fue negativa durante la Reforma Agraria pues fue impuesta.
(Agraria.pe) Que el mercado regule la oferta y la demanda no es suficiente, dice Miguel Torres, congresista por Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento.
Según el funcionario, el Estado debe ser más activo en la promoción de esquemas asociativos que potencien a los pequeños y medianos productores para incrementar sus capacidades de negociación. Un concepto clave para él es el rescate del cooperativismo.
“Estamos en una economía social de mercado y el Estado debe ingresar a resolver problemas. Dejar el modelo cooperativo fue un terrible error. Mientras los minifundistas se mantengan separados no van a conseguir nada, vendrá el vendedor de insumos y les seguirá vendiendo carísimo, o el acopiador que se aprovechará de la poca oferta y bajará los precios. Lamentablemente a las cooperativas se les asocia aquí con corrupción y muchas otras falencias”, explica.
El prejuicio contra este modelo, según Torres, viene de la experiencia de la Reforma Agraria, periodo durante el que se impuso a los productores este tipo de organización. “Las cooperativas no se pueden imponer, nacen por iniciativa propia; por eso las seudocooperativas de la reforma agraria no obtuvieron resultados”, subraya y agrega que es el sector cafetalero el que ha sacado la cara por este modelo en los últimos años.
Abogó en ese sentido por hacer entender al público que apostar por el modelo cooperativo es necesario para el desarrollo de la pequeña agricultura, un camino en el que un primer objetivo debe ser fortalecer el marco legal que ofrezca reglas claras.
“¿En qué situación estamos? Estamos muy mal porque tenemos una Ley General de Cooperativas con más de 30 años de antigüedad, y podríamos tener una ley de 50 años sin problemas si hubiéramos estado activos para hacer los ajustes correspondientes a la norma, tal como sucede con la Constitución de 1993. Así tenemos una ley de hace 30 años sin modificar que daba al Ejecutivo 90 días para ser reglamentada y hasta ahora nada”, finalizó.
