(Agraria.pe) En una carta firmada por Alonso Segura Vasi, presidente del Consejo Fiscal, institución autónoma y técnica del sector público, la institución se dirige al ministro de Economía, José Antonio Salardi, para expresar su preocupación sobre recientes anuncios o medidas anunciadas que van contra el fortalecimiento de los ingresos fiscales permanentes.
Un aspecto crítico para el Consejo es revertir la tendencia del déficit fiscal y establecer lineamientos claros para el control del gasto público y el fortalecimiento de los ingresos fiscales en el corto y mediano plazo, buscando la sostenibilidad.
En esa línea, apuntó que la estimación de 4% de crecimiento de la economía peruana para este año es considerablemente superior al consenso del mercado, que la estima ligeramente por debajo del 3%, “particularmente en un contexto de incertidumbre global y de elecciones generales en 2026”.
Además, el Consejo cree necesario evitar medidas que erosionen la recaudación fiscal, pues perjudican el cumplimiento de las metas fiscales tanto de corto, como especialmente, de mediano plazo. Así, pide al Ministerio de Economía y Finanzas que sostenga sus observaciones a la propuesta de un nuevo marco legal para las Zonas Económicas Especiales (ZEE), actualmente en discusión en el Congreso, por no contar con una delimitación geográfica adecuada para gozar de beneficios, plantear la creación de múltiples ZEEs e incluir beneficios tributarios múltiples contrarios a los esfuerzos por combatir la erosión de los ingresos tributarios.
En cuanto al sector agrario en particular, el Consejo solicita al titular del MEF detener la ampliación de beneficios: “Sugerimos que el Poder Ejecutivo persista en la eliminación progresiva de beneficios tributarios para el sector agrario, no cediendo a presiones de parte por revertirlos e incluso ampliarlos, y recomendamos reconsidere su reciente decisión de no reducir la tasa de restitución de derechos arancelarios (drawback)”.
Según estima la entidad, si estas dos medidas no se contienen, pueden acarrear gastos tributarios que superen los 2,500 millones de soles anuales, además de convertirse en incentivos perversos para que aparezcan nuevas solicitudes similares desde otros sectores, sin un debido análisis técnico de su costo fiscal.
Los puntos finales del documento se refieren a las preocupaciones sobre el aumento de la planilla estatal incluida en la Ley de Presupuesto del Sector Público de 2025 sin tener un respaldo en mayores ingresos en el mediano plazo; así como la inviabilidad de avanzar en el cierre de brechas de infraestructura mediante la ejecución simultánea de múltiples megaproyectos mediante la modalidad de contratos de Estado a Estado, o, incluso, como Asociaciones Público-Privadas que implican un alto porcentaje de cofinanciamiento público. “En ese sentido llaman la atención los anuncios de representantes del Poder Ejecutivo para imulpsar grandes obras de infraestructura de manera apresurada, cuyo monto de inversión estimado superaría los 19 puntos porcentuales del PBI, pudiendo este costo ser considerablemente mayor al basarse, en la mayoría de los casos, en estudios de preinversión a nivel de perfil o similares, lo cual excedería el espacio fiscal disponible en los horizontes de inversión (y operación y mantenimiento posteriores)”, anota.
