Las prioridades para las medidas de adaptación y mitigación deben coincidir con las prioridades en los compromisos climáticos internacionales del Perú.
(Agraria.pe) No se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático. En su última sesión del Pleno del Congreso, y cuando todo apuntaba que la aprobación de la norma era inminente, y luego de un cuarto intermedio para afinar el texto de la Ley, el presidente del Congreso, Luis Fernando Galarreta, dio por concluida la sesión del Pleno del jueves 9 de enero.
El entrampamiento fue cuando el congresista Carlos Tubino propuso eliminar la participación de la sociedad civil (actores no estatales) en instancias de trabajo sobre Cambio Climático. Tubino y otros congresistas exigieron la eliminación del artículo 11 referido a la participación de estos actores no estatales, y al no llegar a un acuerdo no se sometió a votación el dictamen de la Ley, por lo que su aprobación se postergó para la próxima legislatura que empieza en marzo.
Al respecto, Beatriz Salazar, representante del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) en el Grupo Perú Ambiente y Clima (GPAC), manifestó: “Es decepcionante comprobar que algunos congresistas no entiendan que el cambio climático exige grandes retos no solo del gobierno sino de la sociedad en su conjunto y que son sus diversas organizaciones las que se tienen que involucrar en proponer soluciones y alternativas”
Agregó que la participación de los actores no estatales está relacionada a las organizaciones indígenas que reúnen a 55 pueblos indígenas organizados en más de diez mil comunidades campesinas y nativas poseedoras de diversos conocimientos, prácticas y sabiduría ancestral para enfrentar al cambio climático.
Por otro lado, muchas organizaciones de la sociedad civil vienen realizando, sistematizando e implementando diversas iniciativas exitosas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. El Perú no debe desaprovechar esta experiencia acumulada excluyendo a la sociedad civil de la gestión del cambio climático.
También hay que considerar que los derechos a la participación están amparados por el artículo 12 del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, mediante el cual los países firmantes se comprometen a cooperar en la adopción de las medidas que contribuyan a mejorar la participación pública.
Asimismo, el derecho a la participación amparado por la Constitución Política en el artículo 31: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas (...) la ley establece los mecanismos para el de garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana”. Es decir, aquí se reconoce la calidad de ciudadano y ciudadana a la participación plena y efectiva con capacidad de exigir sus derechos, remarco la representante del GPAC.
Para Beatriz Salazar, aprobar la Ley Marco de Cambio Climático, sería un paso importante para alcanzar un marco normativo que establezca los principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las políticas públicas en adaptación y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenas u originarios, entre otras poblaciones vulnerables al cambio climático.
El Grupo Perú Ambiente y Clima, reúne a más de 30 redes, organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, y viene colaborando con propuestas para enfrentar el Cambio Climático. Siendo el Perú el tercer país más vulnerable al cambio climático, nace la urgencia de contar con dicha Ley, que permitirá cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
La sociedad civil recuerda a los congresistas que todas las agrupaciones políticas presentes en el actual Congreso reconocieron en sus planes de gobierno que enfrentar el cambio climático es prioritario para el país.
