(Agraria.pe) La controversia sobre los residuos de plaguicidas en frutas y verduras ha encendido el debate nacional, especialmente ante la posibilidad de cancelar el registro de estos productos como única medida. En medio de posiciones opuestas entre organizaciones ambientalistas y asociaciones de consumidores, el especialista en producción agrícola Ulises Osorio Ángeles alerta sobre el riesgo que una decisión de este tipo representa para cerca de cinco millones de agricultores peruanos y para la seguridad alimentaria de las familias.
“La agricultura representa aproximadamente el 6% del PBI nacional y da empleo a más del 24% de la población económicamente activa en zonas rurales. Eliminar los plaguicidas afectaría la capacidad productiva del país, reduciría la oferta de alimentos e incrementaría los precios en los mercados”, enfatiza Osorio Ángeles.
Aunque las agroindustrias han avanzado en tecnificación, más del 80% de los productores nacionales son pequeños y medianos agricultores que enfrentan serias limitaciones técnicas para el manejo seguro de plaguicidas. La falta de control en los mercados de abastos agrava la situación, facilitando la venta de alimentos con residuos. “La consecuencia sería un menor consumo, una caída de la demanda y una reducción en los ingresos del agricultor”, advierte.
Osorio Ángeles recalca que hoy no existe un modelo agrícola que permita abandonar los plaguicidas sin afectar la productividad. Cita experiencias internacionales, como la de Europa con el glifosato, donde la falta de sustitutos eficaces obligó a revertir o flexibilizar restricciones por el alza de costos y problemas de abastecimiento. Actualmente, el glifosato sigue autorizado en la Unión Europea.
En lugar de prohibiciones, el especialista propone fortalecer la capacitación del campo y la implementación de buenas prácticas agrícolas: aplicación en horarios adecuados (de 5:00 a. m. a 8:00 a. m.), uso correcto de equipos de protección, dosificación precisa, certificación y control en mercados. “Con capacitación y supervisión adecuada, es posible minimizar riesgos y garantizar alimentos seguros para la población”, sostiene.
En relación a la demanda constitucional para prohibir plaguicidas como el glifosato, el imidacloprid y el clothianidin, Osorio Ángeles exhorta al Tribunal Constitucional a basar su decisión en criterios técnicos y evidencia científica, evitando medidas apresuradas que puedan tener consecuencias irreversibles para el país. Subraya que la regulación debe estar a cargo de entidades especializadas como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el SENASA, con el apoyo técnico de DIGESA y DGAAA.
Finalmente, el especialista llama a la ciudadanía a informarse y evitar alarmismos. Recuerda que consumir alimentos frescos es seguro si se aplican prácticas básicas como el correcto lavado de frutas y verduras. “La discusión sobre los plaguicidas no solo es técnica, sino estratégica. Está en juego la sostenibilidad de la agricultura, el empleo rural y el acceso a alimentos para millones de peruanos”, concluye.
