El título de este artículo se refiere a un problema complejo; sobre el cual no se puede hacer un análisis superficial, sino que dicho análisis debe sustentarse en el rigor necesario que tome muy en cuenta la realidad peruana. Las comparaciones entre países y las cifras agregadas son de alguna utilidad, pero lamentablemente no siempre pueden recoger las particularidades década pais. Por otro lado, la prensa descuidada, por decir lo menos, induce a pronunciamientos políticos que no se refieren a la seriedad con la que el problema debe abordarse.
En primer lugar, reconozcamos que la agricultura es el primer eslabón en una cadena agroalimentaria, en la que los productos del agro pasan por un largo proceso de intermediación, en el que destacan dos indicadores: En muchos países y no solo en el Perú, los productores reciben en promedio alrededor del 20 por ciento de lo que pagan los consumidores, con importantes variaciones entre productos. Y desde luego desde el campo, especialmente en la sierra y entre los productores más pequeños y aislados, hasta los mercados, hay un largo camino que toma tiempo y en el que los intermediarios hacen su agosto, causando que el porcentaje citado sea aún menor.
A lo anterior debe sumarse que, de lo que pagan los consumidores en un supermercado, menos del 30 por ciento del valor es el del alimento como tal, variando entre el 40 por ciento en los productos frescos y 10 por ciento en algunos productos procesados (conservas). El resto son envases, empaques, publicidad, personal, luz eléctrica, etc.
Surge entonces la primera pregunta: ¿Merecen los productores un mayor apoyo para estar más cerca de los consumidores y mejorar sus ingresos netos? Desde luego que sí, pero al más alto nivel político, eso no se entiende.
Sumado a lo anterior, en las cadenas agroalimentarias se da un elevado nivel de desperdicio, porque los productos se dañan en el campo por mal manejo, en el trasporte y la manipulación en los mercados de abastos. Basta ir al Mercado de Santa Anita (antes La Parada, otro nombre y los mismos vicios) para verlo. ¿Es este un tema de quienes manejan la política para el agro o de las autoridades municipales? Claramente es una responsabilidad compartida, para que los productos salgan del campo preseleccionados y en empaques adecuados y los centros de distribución funcionen como debe ser. Ese es otro problema que el más alto nivel político tampoco entiende.
Y, a nivel de los consumidores, los que se dice que quedan con hambre, será que no adquieren ni consumen los alimentos necesarios, solo porque no tienen capacidad adquisitiva; o también porque en algunos casos, la influencia de la publicidad, hace que una parte de sus ingresos se destine a productos chatarra, poco nutritivos, especialmente destinados a los niños. La publicidad alimentaria va irresponsablemente por la libre. Es además un problema de educación nutricional y de estructuras de poder en la familia, donde los infantes son los más perjudicados, porque los adultos comen mejor y dedican parte de su ingreso a la compra de licor y/o drogas. ¿Son en este caso necesarias, más educación familiar, mejor información, y sanción a la publicidad irresponsable y sin ética social?
La salud, además de la cantidad de alimentos para calmar el hambre es de creciente importancia. En tal sentido, la educación del consumidor de alimentos tiene en el Perú un avance con el etiquetado de productos en los que se incluye los octógonos que permiten señalar los altos contenidos de azúcar, sal, grasas saturadas y grasas trans. Desde el 2019 las empresas en la industria alimentaria deben incluir estos octógonos y la información complementaria. Tres preguntas al respecto: ¿Se está cumpliendo la normativa? ¿Tenemos información sobre si la poblacion mas pobre, lee y/o prefiere un producto por el menor precio, aunque tuviese muchos octógonos?; y ¿quién en el Estado está vigilando estos aspectos? Las respuestas nos ayudarán a comprender en parte, otra dimensión del problema.
Estamos entonces ante un problema complejo, que requiere atención al más alto nivel del Estado para estimular la cooperación entre las instituciones con responsabilidades en el sistema agroalimentario. En algunos países se está avanzando en crear instancias de consulta y concertación para abordar los problemas en las cadenas agroalimentarias. Ello incluye un Foro Permanente de Investigación y Debate Agroalimentario y una Comisión Agroalimentaria en el Congreso. Los ministerios de Educación, Salud, PRODUCE, MIDAGRI y MIDIS, tendrán mucho que aportar a un esfuerzo integral.
