Este régimen laboral sería responsable de la generación de 80 mil puestos de trabajo, los cuales estarían en riesgo de caer en la informalidad si se elimina la norma. Sectores de confecciones y metalmecánica son los que más usan este método.
(Agraria.pe) El régimen laboral para la exportación no tradicional (Decreto Ley Nº 22342) genera un promedio de 80.000 puestos de trabajo y permite a las empresas que exportan productos con valor agregado planificar su producción de manera adecuada y real, por lo que es un verdadero promotor del comercio exterior y la generación de empleo formal, sostuvo Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX).
El dirigente detalló que esta modalidad responde a la necesidad de las empresas del sector de planificar la producción en función de los pedidos del exterior, los cuales son fluctuantes en su frecuencia y su monto a lo largo del año. “Esta inestabilidad en las ventas hace imposible que el exportador peruano pueda mantener un número constante de trabajadores”, explicó.
Según ADEX, desde la crisis económica financiera del 2008, los clientes incrementaron la frecuencia de sus pedidos, pero disminuyeron los montos de los mismos con el objetivo de mantener un stock cero y reducir sus costos financieros.
“La importancia de los contratos de exportación no tradicional radica en que el exportador puede contratar trabajadores en función de los pedidos que recibe del extranjero. De este modo, emplea trabajadores por el tiempo necesario para cumplir determinado pedido”, indicó Varilias.
Peligro de informalizar
La Gerencia de Estudios Económicos de ADEX detalló que los sectores confecciones y metalmecánica son los principales usuarios de este régimen y generan 90.000 puestos de trabajo formales, de los cuales el 88% se da a través de contratos de exportación no tradicional. De estas cifras, la entidad concluye que los contratos laborales para exportación no tradicional constituyen el principal factor de formalización.
Para el gremio, si se eliminan este tipo de contratos laborales, se corre el serio riesgo de informalizar el empleo a niveles mucho más altos que los actuales y se atentaría contra la estabilidad y desarrollo del sector exportador peruano.
Consideró además que si se deroga la norma, los exportadores reducirán significativamente sus envíos, varios de ellos dejarían de exportar y se dedicarían al mercado interno o se instalarían fuera del país. “Es muy difícil que una empresa pueda asumir el riesgo de contratar trabajadores para atender un pedido y después quedarse con una carga laboral alta que podría obligarla a cerrar”, concluyó Varilias.
