Por Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú)
(Agraria.pe) El empleo agropecuario cayó un 7.5% a nivel nacional. El sector reporta la mayor tasa de informalidad del país, con un 93.5%. Y, entre 2022 y 2023, 328,347 trabajadores informales perdieron su empleo, según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional.
Si hablamos de salarios, en 2023, el ingreso promedio de un trabajador informal agropecuario fue apenas un tercio de lo que percibió un trabajador formal. Mientras que el primero ganó, en promedio, S/ 683, el segundo ganó S/ 2,153.
Esta situación ya la había adelantado el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien, a fines del año pasado, indicó que el sector enfrentaría su peor escenario de los últimos 26 años. Algo que finalmente repercutiría en los bolsillos de los trabajadores del sector y en el bienestar de sus familias.
La derogación de la Ley de Promoción Agraria, las condiciones climáticas adversas, los grandes proyectos de irrigación entrampados y un escenario de incertidumbre política de nunca acabar serían las causas principales que vienen golpeando al trabajador agropecuario.
Revertir esta situación depende mucho de las políticas que se ejecuten hoy. El Ejecutivo está trabajando en modificaciones a la Nueva Ley Agraria, pero priorizaría los ajustes tributarios —como la modificación del pago de impuesto a la renta del 20% al 15%— en lugar de reducir sobrecostos laborales, como el que genera la Bonificación Especial por Trabajador Agrario (Beta).
Dicha bonificación, implementada desde fines de mayo del año pasado, equivale a un 30% de la remuneración mínima vital, y se paga mensualmente o en proporciones diarias en función del número de días trabajados, lo cual hace que el costo laboral no salarial del régimen agrario sea del 87.19%, mayor al 62.20% del régimen general, según cifras del propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Un verdadero disparate, si pensaron que con ello se promovería el sector.
Sobrecostos de tal magnitud son un obstáculo para la formalización. El sector agropecuario es el más informal de nuestra economía. En departamentos como Cajamarca, Puno, Huancavelica y Amazonas la informalidad es del 100%.
Existe una clara diferencia entre la realidad de las empresas agropecuarias que generan empleos informales, la mayoría concentradas en unidades productivas de menor tamaño, con aquellas que son formales. El 88.7% del empleo formal a nivel nacional en la actividad agropecuaria se generó en empresas con más de 100 trabajadores en diciembre del año pasado, de acuerdo con información del MTPE.
Debido a los elevados sobrecostos laborales, a pesar de existir un régimen laboral especial, alrededor de un 20% de los asalariados formales del sector laboran en empresas que se acogen al régimen general. Así, la normativa actual entorpece el desarrollo de un sector que concentra alrededor de un 25% del empleo en nuestro país.
Para colmo de males, el 63.7% de la superficie agrícola no tiene acceso a riego, es decir, depende exclusivamente de las lluvias, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022. Urge poner en marcha obras de irrigación como Chavimochic III, Majes Siguas II, Chinecas y Alto Piura, que generarían más de 400,000 empleos.
Los principales actores del sector lo han señalado en más de una oportunidad: las ganancias en competitividad no se dan por un menor pago de impuestos, sino por una reducción de los sobrecostos laborales y una mayor flexibilidad para contratar.
El Ejecutivo debe plantear la eliminación del bono Beta en el próximo pedido de facultades legislativas, así como introducir los cambios necesarios en las normas para destrabar y acelerar las inversiones. De lo contrario, los cientos de miles de familias que trabajan en el campo serán los perjudicados con cada vez menores oportunidades.
