Por: Manuel López Ortiz, director de la Maestría en Dirección de Agronegocios del PAD. Universidad de Piura
(Agraria.pe) La sentencia del presidente del BCR Julio Velarde es categórica, “este es el peor año para la agricultura en los últimos 25 años”. Ante esto, se hace necesario identificar las principales causas de esta crisis y tomar las medidas correctivas cuanto antes para reducir su impacto en la economía de los agricultores y retomar el camino del crecimiento.
Considero que las tres principales causas que han llevado a esta situación son las condiciones climáticas adversas, el cambio de la ley de promoción agraria y la inestabilidad política del país. Me referiré, principalmente, a las dos primeras.
Debido al clima, la agricultura venía siendo golpeada desde el 2002. El segundo semestre de ese año la escasez de lluvias nos llevó a la peor sequía de los últimos 50 años, lo que obligó a declarar en emergencia 17 regiones del país; se sumó el encarecimiento de los fertilizantes, que generó que se dejen de sembrar 56,000 hectáreas. Los cultivos de quinua, papa, maíz choclo, arroz y maíz amiláceo fueron los que tuvieron las reducciones más importantes.
Este año, el clima tampoco fue favorable. La presencia del ciclón Yaku y El Niño Costero en el primer semestre generaron una pérdida de más de 16,000 ha de cultivo y se dejaron de sembrar 36,800 ha. En este segundo semestre, ante la caída de las agroexportaciones a causa del invierno cálido, se han afectado considerablemente las campañas de arándano, uva y mango.
Esta situación nos recuerda por qué el agro es una actividad económica que se desarrolla bajo condiciones de riesgo climático que otros sectores no tienen; y por qué la actividad agrícola requiere de una legislación especial para su promoción. Sobre el clima, no podemos tomar más medidas que prevenir y mitigar sus impactos, pues claramente son condiciones que no controlamos.
Entramos, entonces, a la segunda causa de esta crisis. A finales del 2020, aún en plena pandemia, se generaron una serie de protestas violentas que sin un mayor sustento técnico reclamaban la derogatoria de la Ley de promoción agraria, argumentando que esta generaba malas condiciones de trabajo. Finalmente, el Gobierno cedió y propuso una revisión y cambio de la norma que establece, entre otras modificaciones, un incremento en el aporte del empleador a EsSalud de 7% a 8% desde este año; y un incremento en la tasa del impuesto a la renta de 15% a 20% para empresas con ingresos netos mayores a 1,700 UIT desde el 2023. Además, con incrementos adicionales en el 2025 y el 2031.
Estos cambios, en principio, distan de lo que se podría denominar ‘promoción’ de un sector económico, pues claramente incrementa los costos laborales y reduce los beneficios a las empresas. Ahora bien, existen voces que reclaman permanentemente por qué se dan incentivos para un sector. Entonces, es importante preguntarse, ¿por qué el sector agrario requiere de una legislación de promoción?, por ahora solo citaré cuatro razones: la primera ya ha sido expuesta, el riesgo de la actividad agrícola depende –en gran medida– de una variable sobre la que no tenemos control (el clima); más aún, ante el cambio climático que incrementa la incertidumbre en escenarios futuros. Segunda, la actividad agrícola es propiamente rural y, por lo tanto, una empresa que se desarrolla en ese entorno debe hacer inversiones que no necesita hacer la que se desarrolla en la ciudad como tendidos eléctricos, en algunos casos de varios kilómetros, colección y traslado de agua, saneamiento, sobrecostos por traslado de materiales de construcción a zonas alejadas, etcétera. Considerando, además, que muchas veces estas inversiones favorecen a las poblaciones cercanas de las zonas de producción.
Tercera razón, la agricultura es un gran generador de empleo, de 31.2%, según la Enaho 2020. Desincentivar la agricultura es hacerlo sobre el empleo e incrementar los costos laborales, aunque parezca muy poco, tiene un gran impacto sobre la economía de las empresas y el empleo formal. Como cuarto motivo, las zonas rurales del país siguen teniendo los más altos índices de pobreza y desnutrición infantil, en lugares donde el Estado está aún muy ausente, están las agroempresas, generando empleo e ingresos de manera directa e indirecta, desarrollando actividades por el bienestar de la población como campañas de salud y educación.
Ya solo estas cuatro razones son motivo suficiente para considerar una revisión de la legislación de promoción agraria para contar con una, no igual a la anterior, sino mejor que todas. Es una medida que sí está bajo control; urge resolver la situación sin esperar un día más.
Fuente: El Peruano
