Por Gabriel Amaro, presidente de AGAP.
(Agraria.pe) Todos los peruanos vemos con impotencia dos hechos ineludibles y que afectan la prosperidad de todos los peruanos: la recesión y el nulo crecimiento económico que, según el BCR y el MEF, será menor al 1% y el decrecimiento de la agricultura que, en palabras del propio presidente del BCR, será de -2% cifra que demuestra que la agricultura está pasando “su peor crisis en 26 años”.
Lo que llama más la atención es que aún no se han implementado acciones concretas para revertir esta grave situación y reactivar el sector formal agrario, situación que afecta también a todos los peruanos, esto no se va a resolver por inercia. La única manera de salir de las crisis es impulsando la inversión privada, dar seguridad jurídica, implementar un plan para reactivar los sectores económicos y mejorar la competitividad, no hay otro camino, y esto le corresponde al gobierno y al Congreso de la República, pero deben actuar con sentido de urgencia y sin populismos.
Hace meses que desde el sector privado venimos alertando de esta situación, las cifras vienen respaldando estas señales de alerta. Desde AGAP, hemos presentado propuestas para la reactivación económica del sector agrario formal que mueve a más del 25% de la PEA y genera cientos de miles de empleos formales en las zonas rurales, especialmente para aquellas personas que más lo necesitan. Además, el sector agrario, es el segundo sector exportador del país después de la minería y mueve en conjunto más del 11% del PBI Nacional incluyendo la industria de bienes y servicios que atiende las cadenas productivas agrarias. Es importante mencionar que, un sector económico tan importante como lo es la agricultura requiere de un trabajo coordinado multisectorial que va más allá del sector agrario, porque involucra también a sectores como Comercio Exterior, Trabajo, Ambiente, Producción, Economía, ente otros, todos ellos deben estar comprometidos con la competitividad del sector y actuar coordinados y con urgencia.
El sector agrario formal enfrenta una fuerte pérdida de competitividad por varios factores, pero quizás el más estructural fue el daño que se hizo durante el gobierno del presidente Sagasti y la presidencia en el Congreso de Mirtha Vásquez con la derogatoria de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, el año 2020 y la posterior aprobación de la nueva Ley Agraria No 31110. Esta última, no es una ley agraria aprobada desde la necesidad del productor agrario, sino fue hecha desde una mirada ideológica y populista que poco a poco viene minando la competitividad y las condiciones para desarrollar la actividad formal, disminuyendo las inversiones, el empleo formal, la generación de divisas y riqueza para el país. Además, aleja a la agricultura de la formalidad y de un futuro próspero debido a que trajo consigo una serie de sobre costos y riesgos no basados en la productividad, ocasionando serios perjuicios para su desarrollo. Vale recordar también, el retroceso y daño que sufrió el país y la agricultura peruana durante el gobierno de Castillo por la corrupción, la destrucción institucional y su dañina segunda reforma agraria y que terminó en un golpe de estado.
Esta mala regulación actual agraria y la falta de un plan de reactivación va en contra de lo impulsado por la FAO y el Banco Mundial, que consideran fundamental el apoyo a las empresas del sector alimentario de todo tamaño y recomiendan profundizar el trabajo público privado.
Esta situación es aún más grave en un contexto como el actual afectado por una serie de factores externos, como la situación de la crisis económica global, el comportamiento atípico de los mercados internacionales y las guerras en diversas partes del globo. Por otro lado, la crisis económica y social interna, sumado a los fenómenos climatológicos incluyendo el Fenómeno de El Niño (FEN), están afectando fuertemente al sector. Dichos factores hallaron a un sector muy debilitado aumentando sus costos de producción y disminuyendo su competitividad que, sin las acciones concretas del Ejecutivo y el Congreso, agravaran aún más esta crisis.
Solo el caso específico del FEN ocasionó que, en el segundo trimestre del 2023, la actividad agrícola cayera 7.9% interanual; y que en las últimas semanas se registrara desabastecimiento de distintos productos. Dicho comportamiento convirtió al sector en uno de los más golpeados entre abril y junio, al punto que 17 departamentos registraron una caída en su producción agrícola.
Urge que el Gobierno y el Congreso de la República tomen consciencia de la gravedad de la situación, aprueben de una vez por todas un plan de reactivación económica para el sector agrario e impulsen un marco regulatorio promotor permanente que incremente la competitividad y productividad de la agricultura peruana desde el enfoque del productor y la empresa agraria. Sólo de esa manera podremos recuperar al sector; y revertir los efectos negativos que ya vienen afectando a productores, trabajadores, familias, consumidores y al país en su conjunto, y que podrá ser peor. Actuemos con sentido de urgencia y responsabilidad para impulsar el crecimiento económico del país, los peruanos no merecemos estar en esta situación.
Fuente: Gestión
