(Agraria.pe) La Asociación de Exportadores (ADEX) solicitó el restablecimiento del orden público en Ica, región en la que aún hay piquetes de violencia que impiden la normalización de las actividades. Son siete días perdidos para la economía, pese a la promulgación de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
Los asociados del gremio en Ica –sector agroindustrial– comentaron que ellos y otros integrantes de sus cadenas productivas recibieron la ‘visita’ de grupos de personas que los amedrentaron y conminaron a paralizar el trabajo.
El presidente del gremio, Erik Fischer Llanos, manifestó que existe incertidumbre en los empresarios pues consideran que no se dan las condiciones para invertir, justo en momentos que se necesitan esos flujos a fin de superar la crisis económica profundizada por la pandemia. “Los agroexportadores de Ica no ven señales claras del cese de la violencia”, lamentó.
En ese sentido, y a fin de superar esta situación, solicitó se planteen propuestas con sustento técnico y por lo tanto sostenibles en el tiempo.
Rechazo
Luego de rechazar la derogatoria de la Ley N° 27360, sin haberse aprobado o avanzado un nuevo marco legal, saludó el anuncio del ministro del Midagri, Federico Tenorio Calderón, sobre la creación de un grupo de trabajo con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sector empresarial y otros, con el propósito de conocer la situación de los trabajadores.
“Nos parece una buena iniciativa que ayudará a encontrar una solución. Ese grupo de trabajo permitirá escuchar a todas las partes, incluidas las empresas que son las generadoras de empleos. Esperamos la convocatoria con el propósito de aportar”, dijo Fischer.
Las necesidades en el país son múltiples por lo que se debe hallar un equilibrio que permita la fluidez de la inversión privada, garantice el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, luche contra la pobreza y formalice la economía.
“Existen miles de agricultores y empresarios informales que pagan sueldos por debajo del mínimo y no ofrecen beneficios sociales. Por eso insistimos en el fortalecimiento de Sunafil, para que también los fiscalice”, expresó.
Recordó que en los 20 años de vigencia de la Ley 27360, la tasa de pobreza de los trabajadores, se redujo de 81.3% en el 2004 al 30.3% el año pasado, y si se toma en cuenta solo la Costa, se estima que disminuyó de 67% al 21%.
Entre el 2004 y el 2019, el salario promedio mensual de los trabajadores formales pasó de S/ 726 a S/ 1,543 mensuales y a diferencia de los trabajadores informales, reciben los beneficios que ofrece el régimen general como CTS, vacaciones, gratificaciones, seguro de salud, utilidades y bonificaciones.
La agroindustria formal genera una cadena de valor que incluye más rubros como el agroguímico, maquinaria y equipos, software, envases y embalajes, transporte y otros servicios conexos. “El compromiso de los agroexportadores formales es seguir trabajando para crear más empleos, que se reconozcan los beneficios sociales, y a la par convertir al Perú en un importante proveedor de alimentos al mundo”, concluyó.
