(Agraria.pe) Organizaciones agrarias y de la sociedad civil rechazaron la solicitud de Facultades Legislativas Delegadas por parte del Gobierno de Keiko Fujimori ante el Congreso de la República.
Señalan que el proyecto de ley pretende otorgar facultades legislativas para legislar sobre 17 materias relacionadas al sector agrario y de riego, que tendría un impacto directo en más de 60 normas del marco jurídico agrario.
Destacan que el proyecto aborda asuntos críticos como el saneamiento físico - legal, la formalización de predios rurales y tierras eriazas. Además, propone cambios en la Ley de Recursos Hídricos y en leyes clave como la 30230 (norma que busca la simplificación de trámites, medidas tributarias y la aceleración de proyectos de inversión), el Decreto Legislativo 1192 (norma que aprueba la ley marco para agilizar la adquisición, expropiación y transferencia de inmuebles).
Asimismo, señalan las organizaciones, pretenden intervenir Ley 31145, que establece el marco legal para el saneamiento físico-legal y la formalización de predios rústicos y tierras eriazas con aptitud agropecuaria, con el objetivo de priorizar proyectos de infraestructura hidráulica y de riego, lo que podría replicar situaciones como las de Agroaurora y Agrícola del Chira, que, según indican, hacen uso del recurso hídrico de manera preferente, mientras las comunidades campesinas ven limitado su acceso al uso se los recursos hídricos de manera equitativa.
Sobre la modificación de la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, la cual surge tras años de “resultados deficientes” y que, recientemente, incluye a representantes de la sociedad civil, indican los gremios que dicho esfuerzo busca crear un espacio técnico - político para consensuar medidas de solución; sin embargo, “la propuesta gubernamental parece ignorar estos avances, presentando soluciones sin consenso ni sesiones técnicas”.
En cuanto a la inclusión de administradores especializados regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en la administración del Fondo Agroperú, las organizaciones agrarias manifiestan que representa un riesgo para la inclusión financiera de los pequeños productores.
“Solo el 27.7% de pequeños productores posee título de propiedad, requisito esencial para acceder a créditos tradicionales. La transferencia de fondos a entidades reguladas por la SBS restringirá aún más el acceso a créditos a pequeños productores familiares”, sostienen.
Añaden que Agrobanco ha demostrado su eficacia al incrementar en 40% las colocaciones del Fondo Agroperú en 2025, donde el 97% de los créditos vigentes se ha otorgado únicamente con garantía mobiliaria. “La propuesta de habilitar la participación de entidades financieras privadas en la gestión de estos recursos representa una renuncia al rol subsidiario del Estado. Esta medida evidencia la intención de privatizar la gestión del Fondo, paralizar las acciones estratégicas diseñadas por el Midagri y Agrobanco para potenciar el uso del fondo y afectar la sostenibilidad del Agrobanco, con el objetivo político de promover su liquidación”.
En ese sentido denunciaron el interés desmedido del actual gobierno de promover que la banca múltiple y las cajas municipales gestionen los recursos del Fondo Agroperú. “Bajo la regulación de la SBS y las políticas crediticias vigentes, esto resultará en exclusión de los productores usuarios actuales y potenciales del fondo favoreciendo la incorporación de nuevos usuarios vinculados al sector agroexportador y agroindustrial”.
Finalmente, las organizaciones agrarias y de la sociedad civil exigieron al Gobierno presentar proyectos de ley específicos sobre temas trascendentes que están sustentados en la exposición de motivos, pero que requieren evaluación y consenso. “Exigimos debate transparente, técnico y participativo para cualquier reforma”.
Dato
. Entre las organizaciones agrarias y de la sociedad civil que rechazan el proyecto de delegación de facultades legislativas promovido por el Gobierno, destacan: La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y sus gremios asociados, Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (Anpe Perú), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc Perú), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), la Red Nacional de Mujeres de la Agricultura Familiar (Renaf), el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), el Grupo Propuesta Ciudadana, el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), entre otros.
