(Agraria.pe) El Grupo Ocho Sur, empresa dedicada a la producción sostenible de palma en la región de Ucayali, denuncia que viene siendo objeto de una persecución por desarrollar actividades que se encuentran dentro del marco de la Ley, la cual provendría de ciertos funcionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Así lo hizo saber a la prensa su asesor legal, Guillermo Freund, quien precisó que empleados de ambos organismos se habrían tomado atribuciones que están fuera del alcance de sus competencias, al querer desconocer y cuestionar de manera ilegal una Resolución legítima del Gobierno Regional, la cual autorizó el procedimiento de cambio de uso de la tierra para proyectos agropecuarios.
El abogado de la empresa sindicó directamente al funcionario Christian Tucto Leandro, especialista legal de la DGAAA, y a la fiscal adjunta Geraldy Peña Chumbes de la Fiscalía Supraprovincial, como responsables de actuar de manera parcializada y fuera del marco de la ley para amedrentar al GORE Ucayali y sus funcionarios, en contra de Ocho Sur.
En este contexto, dijo que es por todos conocido que el procedimiento de cambios de uso del suelo se encuentra regulado por la Ley 29763, cuya autoridad recae en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y las Gerencias o Direcciones Regionales de Gestión Forestal y Fauna Silvestre.
“Por ello, es extraño que estos funcionarios conociendo que no tienen competencia en el caso, actúen usurpando funciones y abusando de su autoridad, para intimidar a empleados del GORE Ucayali, sin mayor motivo que el de hacer daño a la empresa y a la población de nuestra región ucayalina”, aseveró Freund.
Asimismo, recordó que Ocho Sur es una de las empresas más importantes de la Región y de la Amazonía peruana, haciendo agricultura de manera formal, responsable y sostenible.
“El grupo ha invertido más de US$ 140 millones, siendo el mayor empleador formal de la región con 1.700 puestos de trabajo directos y un motor de la economía regional con compras locales superiores a los US$ 10 millones al año”, precisó Guillermo Freund.
Finalmente, adelantó que se busca sostener una reunión urgente con el titular del Midagri y la Fiscal de la Nación, para alertarlos del accionar de estos funcionarios y se tomen cartas en el asunto, para evitar los conflictos que nunca deben existir entre el Estado y una inversión formal, seria y sostenible que aporta desarrollo al país y a una región como Ucayali, que lo necesita.
