(Agraria.pe) Por Alan Fairlie, parlamentario andino. Ante la llegada del coronavirus al país, un gran número de hombres y mujeres viene batallado frente a esta pandemia desde diversos flancos. Uno de estos es nuestro agro, olvidado y dejado en un segundo plano por muchos gobiernos, pero hoy recurrimos a él para evitar el desabastecimiento, la especulación en los precios y garantizar la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos ante la emergencia sanitaria.
Nuestra agricultura se caracteriza por ser diversificada y heterogénea, por lo cual cumple un rol trascendental para el desarrollo del país. De acuerdo con la FAO, la pequeña agricultura familiar representa el 97% de las unidades productivas y cerca de dos tercios de la capacidad productiva agropecuaria.
Por otro lado, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), señala que la agricultura familiar en el país provee el 80% de los alimentos de la canasta básica nacional y que los productores familiares suman 2.2 millones de personas. Además, emplea a 3 millones de personas, es decir al 79% de la PEA agropecuaria. Es preciso señalar que más de dos millones de familias pertenecientes a este sector son responsables del 11% del PBI Nacional.
Pese al gran aporte que este sector hace al país, hasta hace unos meses el Estado no lograba atender las peticiones de los hombres y mujeres del campo, que los llevaron a la huelga del 13 de mayo del 2019, en donde las principales demandas eran: la implementación de la Ley de la Agricultura Familiar, así como la implementación de medidas inmediatas de protección a la producción nacional, para lo cual se plantearon cambios institucionales y normativos, además de solicitar la creación de fondos y programas que doten de recursos y la infraestructura necesaria para las actividades que desarrollan.
Se estableció entonces una mesa de trabajo, en donde los agricultores, junto con los representantes del Estado, acordaron dar conformidad al Plan Nacional de Agricultura familia (PLANAF) 2019-2021, y que este se implemente bajo un enfoque territorial, además de contar con un presupuesto de más de 15 mil millones de soles.
Asimismo, se acordó establecer un observatorio para el seguimiento de dicho presupuesto y se señaló la necesidad de gestionar mayores fondos y promover la mayor participación de las mujeres en programas establecidos por el Minagri.
En esa misma línea, se estableció igualmente la necesidad de impulsar la asistencia técnica y promoción de la asociatividad. Sin embargo, y a casi un año de estos acuerdos, los avances han sido muy pocos, y de acuerdo con Conveagro no se ha logrado cumplir ni el 20% de dichos acuerdos.
A pesar de ello, nuestros agricultores y ganaderos han manifestado y reafirmado su compromiso con el país ante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, y se comprometieron a garantizar la línea de producción, incluso a un ritmo mayor al de años anteriores.
Por otro lado, la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú (JNUSHRP) y la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), están proponiendo una serie de medidas que permitan fortalecer el sector agroalimentario del país y asegurar de esta forma el abastecimiento de productos a los mercados de las ciudades.
Estas demandas hacen un llamado a tomar acción por parte del Estado, entre las que están: asegurar el transporte de la mercancía a los mercados locales, entrega de un bono productivo para el campo, exoneración del IGV a insumos e implementos, reprogramación de las deudas agrarias, compras públicas de sus productos, emergencia sanitaria en las zonas rurales, etc. Demandas que deben ser atendidas a la brevedad posible.
Hoy más que nunca, la agricultura familiar tiene un papel importante para ayudar al país a superar esta crisis y garantizar la seguridad alimentaria. Que este contexto en el que vivimos nos sirva para reconocer la importancia del campo, aquel campo que no para.
Es fundamental que, superada la emergencia, el Estado cumpla con su compromiso y atienda las necesidades de este sector y se garantice una estrategia de promoción de la agricultura familiar articulada con una estrategia de desarrollo rural, a fin de mejorar las condiciones de vida y de producción de los pequeños agricultores, ya que son ellos quienes abastecen la mayor parte del consumo interno y garantizan la seguridad alimentaria en el país.
