(Agraria.pe) La ley aprobada de exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a un conjunto de alimentos ha desatado polémica por la inclusión de diversos productos exóticos como el faisán y haber dejado afuera en cambio a otros que son fundamentales en la canasta básica como el pan y el aceite.
Para el investigador de Grade Eduardo Zegarra, es claro que los congresistas, en vez de hacer caso a la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más acotada y con definiciones técnicas, escogieron partidas sin criterio técnico en las que hay varios productos, sostuvo en una entrevista con RPP.
Sin embargo, lo más grave no es este hecho, sino que aprobaron la exoneración hasta el 31 de diciembre de este año, cuando el MEF solicitaba que fuera solo por tres meses, lo que daba espacio para evaluar sus consecuencias ya que implica un recorte en la recaudación tributaria. A esto se suma el haber incluido un mecanismo de devolución de IGV y crédito tributario que es muy peligroso porque podría conllevar a fraudes, una decisión que debería haber contado con asesoramiento de la Sunat.
De hecho, Zegarra resalta que el MEF planteaba que con la medida vigente durante tres meses se iba a dejar de recaudar 400 millones de soles; ahora, con la extensión hasta fin de año, el forado en el presupuesto nacional saltará a más de 3,200 millones de soles. Y sin la garantía de que por lo menos los beneficios lleguen realmente a quienes más lo necesitan.
Este punto es crucial porque la norma, tal como está planteada, tiene un efecto indiscriminado que beneficia al que compra más alimentos y no al que tiene menos poder adquisitivo. Aun así, reconoce que es una medida necesaria porque es “prácticamente lo único que se puede hacer”, pero que debería tener un marco de tiempo muy acotado.
Efecto a medias
De otro lado, apunta de que no hay nada que obligue a los vendedores o empresarios a reducir los precios en la magnitud del IGV, especialmente en los casos de alta concentración o dominio de mercado. Un ejemplo es lo sucedido con el GLP que entró al fondo de estabilización y solo la mitad del subsidio llega al consumidor final, ya que la otra mitad se queda en el intermediario y el productor.
Lo que el Congreso debe hacer, declara Zegarra, es escuchar la propuesta técnica del MEF y definir los productos consumidos realmente por los más pobres, establecer la medida y vigilar que las empresas trasladen el descuento a los consumidores, eliminando además la idea de la devolución tributaria.
Este impulso se debería acompañar de medidas de apoyo económico directo a los más pobres, así como un bono alimentario para familias por debajo de la línea de pobreza, además de fortalecer las ollas comunes y esfuerzos similares.
Ley antimonopolios
En relación con la ley antimonopolios propuesta por el Gobierno, el investigador de Grade señala que es un tema de cuidado porque hay situaciones de monopolio donde no hay alternativas, como sucede con el servicio de agua potable. “Lo que hay que hacer es regular bien, no prohibir a rajatabla como si alguien va a decidir cómo se estructura un mercado, eso no funciona”, dijo.
Desde su perspectiva, el mayor problema está en el Indecopi, que no tiene las capacidades, y de hecho no ha regulado ninguna posición de dominio en los últimos 30 años. “No ha generado ningún beneficio a los consumidores que enfrentan abusos de posición de dominio. El Gobierno tiene buena intención, pero está mal encaminado. Muchos especialistas dicen que hay que reformar totalmente el Indecopi y sus capacidades”, concluyó.
