Son múltiples las capas de trámites que deben pasar los agroexportadores para desarrollar efectivamente su trabajo, por lo que es necesario un trabajo conjunto entre el sector público y el privado que simplifique las condiciones.
(Agraria.pe) El exceso de burocracia, o tramitología, puede ser un lastre insalvable para el desarrollo de una industria. Es el caso de la agroexportación, que para su desarrollo debe enfrentarse a múltiples vallas antes de alcanzar su objetivo: Senasa, Mincetur, OEFA, Senace, ANA, MTPE, Sunafil, EsSalud, Gobiernos Regionales, MTC, Congreso de la República, Proinversión, Aduanas y Sunat.
Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú – AGAP, señaló que una situación como esta compromete la posición que ha logrado el país a nivel internacional como proveedor seguro de alimentos: Perú ha saltado del puesto 36 como principal exportador de frutas y hortalizas en el año 2000 al puesto 13 en que se encuentra hoy.
Sin embargo, la maraña de trámites que las empresas del sector deben enfrentar dificultan que se desarrolle un mayor sentido competitivo. Así, apuntó que según el último Índice de Competitividad Global que mide el desempeño de 140 países, Perú, en el pilar “Institucionalidad” se encuentra en el puesto 112, muy por detrás de otros importantes exportadores de frutas y hortalizas de calibre global como Estados Unidos, España y China.
“El pilar (Institucionalidad) tiene 20 indicadores. Escogí seis que afectan a las empresas, que son eficiencia del marco legal regulatorio, carga de la regulación gubernamental sobre la economía, índice de participación electrónica, incidencia de la corrupción en el país, derechos de propiedad intelectual y la calidad de la administración de la tierra (que es la seguridad jurídica para la propiedad de inmuebles y tierras). Mientras los otros tres países están en su mayoría casi todos en azul, aprobados y en buenas posiciones –salvo España en dos indicadores y China en uno- Perú está jalado en todos. Y eso jala (negativamente) todos los demás indicadores”, relató.
Cambiar esta realidad, remarcó, es menester tanto del sector público como el privado, y ya hay entidades que se han dado cuenta, como el Mincetur y el Senasa, que, impulsando a las agroexportadoras generan beneficios para miles de peruanos con el pago de impuestos y creando nuevos puestos de trabajo. Por ello, consideró que una simplificación de toda la tramitología ayudará no solo a las empresas grandes, sino a muchos emprendimientos medianos y pequeños al interior del país.
Casos y ejemplos
Como ejemplo de las situaciones que han tenido que enfrentar, recordó que en la primera década del siglo se dio una norma que regulaba con estándares internacionales el agua que las empresas del rubro podían usar. Este marco fue cambiado en el 2015 y dificultó a tal extremo la gestión de la provisión de agua “que prácticamente había que regar con agua mineral”. Fue el sector privado entonces el que tuvo que hacer un análisis y convencer al sector público para que derogara aquella traba burocrática.
Otro caso que citó fue el acontecido en 2017 a raíz del impacto del Fenómeno del Niño en la agricultura, por el cual el Gobierno, con buena intención, otorgó seis meses de plazo extendido a las empresas del sector para presentar sus declaraciones juradas. “Pero se olvidaron que no todos estaban afectados y que había empresas que sí podían presentar su declaración porque necesitaban otros trámites como la devolución de IGV, tampoco podían presentarlos, tenían que presentarlos seis meses después…les cortaban su flujo de caja, y esa fue una solución no con mala intención, sino que no fue vista en su integridad. Hablamos con el sector público y se resolvió”.
Incidió por ello en que las trabas burocráticas y la tramitología mal hechas afectan a todas las empresas que son socias estratégicas para el desarrollo el país. En esa vía, destacó iniciativas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que ya tiene casi una década funcionando y donde las empresas agroexportadoras tienen más de 273 mil trámites, lo que las convierte en las mayores usuarias de la plataforma.
Finalmente, Gabriel Amaro recordó que parte del panorama general de estabilidad que la agroexportación necesita en el país es la renovación de la Ley de Promoción Agraria cuya vigencia culmina en dos años. Consideró que si no es así, el sector se volverá muy burocrático y los efectos positivos de largo plazo, como la reducción de la informalidad en el agro en 9% durante los últimos 15 años, se perderán. “Queremos que esto siga generando cosas positivas o no vamos poder seguir formalizando con esta tramitología”.
Dato
El vocero de AGAP dejó siete propuestas finales para mejorar la inversión en el sector:
.Implementar un sistema de calidad regulatoria.
.Simplificar toda la regulación vigente (como la Normativa de Gestión Ambiental).
.Desarrollo e implementación del VUCE 2.0.
.Creación de la Ventanilla Única Electrónica del Estado para el ciudadano y las empresas.
.Contratar más ingenieros para el sector público.
.Trazabilidad y transparencia en los trámites.
.Indicadores de eficiencia para cada institución pública relacionados a la eficiencia en la tramitología y al crecimiento económico en su sector.
