Por: Jessica Luna, directora ejecutiva de ComexPerú
(Agraria.pe) En el Congreso existen tres proyectos de ley sobre ordenamiento territorial, uno de los cuales ha sido remitido por el propio Poder Ejecutivo.
¿Qué es el ordenamiento territorial? Es una herramienta técnica que promueve la planificación para un desarrollo ordenado y sostenible del territorio, incluyendo el determinar cómo se utiliza el suelo en las diferentes actividades económicas. La responsabilidad de ello recaería en los gobiernos regionales, locales y el nacional.
Suena bien, pero puede ser muy peligroso. Ya, en el Congreso, algunos con “malas intenciones” y otros con ingenuidad estarían apoyando el tema sin saber que, como están redactados, los proyectos serían un riesgo para el desarrollo de actividades económicas fundamentales en nuestro país. No consideran las precarias condiciones de la institucionalidad ni la falta de capacidades de los funcionarios a nivel descentralizado para asumir tremenda responsabilidad.
En 2022, por ejemplo, según la Contraloría General de la República, se perdieron S/24,419 millones por la corrupción. ¿Queremos darle ese poder de decisión a autoridades con denuncias de este tipo? Además, según el Registro Nacional de Municipalidades, el 60% de las municipalidades del Perú necesita capacitación en procedimientos administrativos y más del 46% en formulación y evaluación de proyectos públicos. ¿Esos funcionarios decidirán qué inversión debe darse en su territorio?
A pesar de sonar bien, el ordenamiento territorial se puede convertir en una herramienta política para restringir las inversiones en actividades como minería, agro y pesca. No es casualidad que diversos grupos de izquierda vengan especializándose desde hace años en ordenamiento territorial y hoy impulsen este concepto con intenciones nada santas.
Por supuesto que debemos ordenar y planificar el crecimiento del país, a fin de lograr un Estado eficiente que beneficie a la población. Lo que no podemos permitir es que, disfrazada de buenas intenciones, se legalice una herramienta que puede convertirse en un obstáculo para las actividades productivas y los proyectos de inversión que generan empleo y desarrollo.
Bajo una óptica de mejora regulatoria, haría bien el Ejecutivo en retirar su proyecto y convocar a una mesa de trabajo amplia para discutir un verdadero ordenamiento territorial enfocado en el ciudadano y no uno que solo les quiere meter cabe a las inversiones y al desarrollo del país. No seamos tontos útiles.
Fuente: Perú 21
