(Agraria.pe) Diversos gremios y asociaciones empresariales se manifestaron en contra de la inmovilización para Lima y Callao ordenada por Pedro Castillo para el día de ayer, como medida para contener las violentas protestas que se desarrollan a lo largo del país.
En el caso de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó que la medida de Castillo no consideró a los sectores alimentación y agrario, los cuales nunca se detuvieron durante la inmovilización social de la pandemia.
“Es una norma que no ha sido pensada con el tiempo adecuado. Nuestro país está en un proceso de desarrollo y mejora económica, entrando todos los sectores a actividad económica después de estos años de para”, señaló Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.
“Por otro lado, está afectando a sectores económicos no incluidos en la norma. Durante la pandemia, el sector agrario no paró porque es estratégico. No paró en Perú ni en ningún país del mundo”, agregó.
Amaro señaló al actual gobierno como el principal responsable de la crisis que vive el país: “es la responsabilidad de quienes tienen hoy en día la obligación de conducir el país hacia un objetivo de desarrollo, competitividad y paz social. Hoy vemos que no se está cumpliendo ese rol a cabalidad”.
Cámara de Comercio de Lima
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) tambIén cuestionó la orden de inamovilidad social y paralización de actividades económicas.
Advirtió que, por cada día de inmovilización, solo en Lima Metropolitana y el Callao, el PBI del país pierde alrededor de S/1.000 millones. Solo en el caso del comercio mayorista y minorista se perderían S/140 millones diarios -afectando a 1.1 millones de personas que laboran en el sector. Mientras, en el rubro de alojamiento y restaurantes se perderían otros S/51 millones.
“En un solo día los supermercados pierden ventas por S/ 50 millones y en el caso de las tiendas por departamentos las pérdidas superan los S/ 21 millones. A esto se suma la pérdida de mercaderías perecibles como las carnes, pescados, frutas y verduras que ya habían sido severamente golpeadas por la paralización de los transportistas de carga”, detalló.
“Queda una vez en evidencia que el presidente Pedro Castillo y sus ministros carecen de una estrategia para resolver los graves conflictos que agobian al Perú, muchos de ellos provocados por su incapacidad para enfrentar los problemas y tomar decisiones. Ahora, como solución se opta por limitar los derechos al trabajo, la salud, la educación y al libre tránsito de los ciudadanos”, expresó el gremio empresarial.
Sociedad Nacional de Industrias
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) consideró que la inmovilización social ordenada por Castillo atenta contra los derechos fundamentales de los peruanos.
“La crisis que atraviesa el país no se resuelve con medidas precipitadas y de espaldas al pueblo, que dañan gravemente la economía de todos los peruanos, principalmente de los más vulnerables. Hoy que buscamos alcanzar la recuperación económica, lo que más se necesita es estabilidad y coherencia para generar más empleo y bienestar para los peruanos”, señaló en un comunicado.
El gremio industrial explicó que hay trabajadores en turnos de madrugada que no pudieron salir de sus fábricas, así como procesos industriales que no pueden paralizarse porque generan perjuicio a la cadena productiva y por ende, desabastecimiento en los puntos de venta al público.
ADEX
Asimismo, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, cuestionó la improvisada, inoportuna e inconstitucional decisión del Ejecutivo de disponer la inmovilización social en Lima Metropolitana y el Callao ayer martes 5 de abril, ya que afecta considerablemente la economía del país siendo los más perjudicados quienes menos tienen, en un contexto en el que se proyecta un crecimiento promedio de tan solo 3%.
"Es una medida sin sustento que no ha tomado en consideración su impacto negativo en la población y en especial a los millones de personas que obtienen sus ingresos en el día a día; consideramos que se pudo evitar llegar a esta lamentable situación a través de un liderazgo, propuestas técnicas y un diálogo mesurado entre las partes", comentó.
Perú no debe parar –puntualizó–, por el contrario, necesita activar todos los sectores de la economía a fin de lograr un incremento de 6% que le permitirá absorber la mano de obra de los jóvenes que año a año se suman a la actividad laboral.
Respecto al comercio exterior, señaló que inmovilizaciones de este tipo rompen la cadena logística y la perjudican seriamente. "Perú está construyendo una imagen de proveedor mundial de alimentos, sin embargo, este tipo de situaciones afecta lo avanzado", añadió.
Julio Pérez consideró que, si bien las demandas podrían ser justas, el país no debe paralizarse y confió que la medida dispuesta por el Gobierno se repita.
En el plano interno, los mercados mayoristas están cerrados en gran parte y los productos perecibles se quedaron en los camiones de los mayoristas y distribuidores, en lo que respecta a las exportaciones se han registrado problemas por la inamovilidad.
"Los asociados están preocupados, en particular quienes trabajan con animales vivos pues la incubación y alimentación son procesos que no pueden ser descuidados y la ubicación de las granjas hace más difícil llegar en la actual situación. Algo similar pasa con los productos frescos, la demora repercute en su calidad y el cliente internacional castigará el precio", concluyó.
Restaurantes
La Unión de Gremios de Restaurantes del Perú también emitió un pronunciamiento, donde rechazan la orden de inmovilización social del Gobierno.
“Medidas que restringen la libertad de tránsito y de empresa solo generaran una mayor crisis y división en nuestro país. Consideramos de que el gobierno debe respetar irrestrictamente la Constitución Política del Perú y los derechos ciudadanos”, indicó en un comunicado.
“Rechazamos decisiones que solo generan inestabilidad política y social, y que no permiten a la empresa privada desarrollarse de forma adecuada. Venimos subsistiendo a una pandemia que dejó a nuestro gremio en precarias condiciones. Exigimos que el Gobierno tome las medidas adecuadas para la real reactivación de nuestro país, pero cumpliendo con lo que señala la Carta Magna”, agregó.
Bodegueros
Desde la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), consideran que la medida de Castillo afecta gravemente su negocio, ya golpeado por el alza de precios y la crisis de la pandemia.
“Un día de pérdida es un día que no comes. Un día de venta involucra un 10% del negocio. Los precios han subido, Hay muchos socios que han manifestado que no van a seguir con el negocio y otros que ya lo dejaron”, apuntó Andrés Choy, presidente de la ABP.
El ejecutivo llamó la atención de la gestión del Ejecutivo, que no ofrece soluciones a las crisis que aquejan al país.
“Desde el punto de vista gremial, hemos tratado de reunirnos con la mayor cantidad de funcionarios, ministros, viceministros, todos nos transmiten sus buenas intenciones, pero no vemos nada de solución. Hay algunas bodegas que han estado cerca de la zona de vandalismo y han sido afectadas en sus locales”, agregó.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) explicó que la pérdida diaria por la inmovilización ascendería a S/12 millones.
“El Gobierno nos inmoviliza sin tener en cuenta el perjuicio económico que afecta a nuestro sector. Ni en el momento más crudo de la pandemia y las cuarentenas se cerraron las bodegas, que son la fuente principal de abastecimiento de la población más pobre”, puntualizó.
Fuente: El Comercio
