Uso de transgénicos, titulación, desarrollo de agricultura ecológica, acceso a créditos y nivelación entre salarios de hombres y mujeres, figuran entre los principales temas.
(Agraria.pe) Fueron seis voces de dirigentes que interpretaron el agro desde su propia experiencia. Gremios que ante la inminente elección de un nuevo gobierno quieren hacer llegar su punto de vista y propuestas para encaminar el sector hacia un desarrollo verdaderamente inclusivo. Las intervenciones se dieron en el marco del foro “Diálogo electoral: Políticas Públicas en torno al agro peruano, la agricultura familiar y las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable”, que llevaron a cabo diversas organizaciones agrarias. Presentamos un resumen de las principales ideas que cada uno dejó en esta ocasión.
Asociación Nacional de Productores Ecológicos (Anpe)
Una primera intervención fue la Filemón Mechato Ipanaqué, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (Anpe), quien apuntó al tema de los transgénicos, asegurando que en el distrito de La Matanza, provincia de Morropón (Piura) se está trabajando con semillas de ese tipo sin control alguno. Pidió por ello que se haga respetar la Ley de Moratoria de Transgénicos y definir territorios donde se protejan las semillas ancestrales para producir alimentos sanos e inocuos.
Confederación Campesina del Perú (CCP)
Luego, Roberto López Cruz, representante de la Confederación Campesina del Perú, demandó la creación de una zonificación económico-ecológica que incluya agricultura, ganadería y minería. Previó que si no se avanza en este tema es probable que vuelvan a suceder problemas de conflictividad social como en Conga y Tía María. Pidió también créditos con mejores condiciones para las comunidades campesinas y que se les aseguren mercados con precios rentables para los productores. “En la agricultura los pequeños productores trabajan con incertidumbre pues muchas veces van a pérdida por falta de planificación del Estado”, comentó.
Federación Nacional de Mujeres Campesinas (Fenmucarinap)
A su turno, Lourdes Huanca, vocera de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), destacó cinco elementos a tener en cuenta para la problemática agraria: tierra, semilla, luz y organización. En esa línea pidió que el proceso de titulación se haga con un enfoque comunal y no individual para “defenderse ante grandes empresas agroexportadoras y mineras”. Pidió también por la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres y que el siguiente gobierno establezca políticas de desarrollo para que los jóvenes quieran regresar a sus regiones a mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas.
Consorcio Agroecológico
Por su parte, Fernando Alvarado de Consorcio Agroecológico, hizo énfasis en que exportamos un promedio de US$ 400 millones en productos agroecológicos, lo que representa un 10% de las exportaciones totales de alimentos del país. Estimó por ello que la próxima administración gubernamental debe aspirar a incrementar este tipo de producción que es apreciada en el exterior, pero que también debe llegar al mercado local. Pidió mejorar el trabajo con las municipalidades limeñas que organizan las ferias agroecológicas pues, consideró, muchas cobran a los productores un precio excesivo por participar en ellas.
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales (Remurpe)
Después, Carlos López Jiménez, representante de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales (Remurpe), denunció que hay pocos alcaldes que realmente abren las puertas para la participación organizada y de calidad de los productores en el gobierno. “En Perú hay más de 70% de municipalidades rurales, las regiones están atomizadas y se siguen creando municipios”, advirtió, al tiempo que señaló que cambiar esta realidad exige un cambio en los sistemas del Estado. Apuntó especialmente al Ministerio de Economía, el cual no otorgaría los fondos para las normas que intentan solucionar los problemas del sector como la Ley de Agricultura Familiar.
Confederación Nacional Agraria (CNA)
Finalmente, Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria, incidió en la necesidad de trabajar en el desarrollo de seguridad jurídica pues en el interior del país existe una gran cantidad de conflictos intrarregionales a todo nivel por la jurisdicción de los terrenos, a tal punto que los mismos registradores muchas veces no saben a dónde pertenecen las tierras. Señaló en ese sentido que se deben usar de la mejor manera los US$ 80 millones que invertirá el Estado para solucionar este problema (US$ 30 millones del Gobierno y US$ 50 millones de un préstamo del BID).
